La fiscalía incluyó a Jorge Barata, exdirectivo de la empresa Odebrecht, en la investigación por el Caso Gaseoducto Sur Peruano y pidió 36 meses de prisión preventiva en su contra. Al empresario se le imputa el presunto delito de colusión agravada, en calidad de cómplice.
En este caso también están implicados el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, así como exfuncionarios de su gestión y empresarios. El Poder Judicial evaluará el pedido del Ministerio Público el jueves 25 de julio, según confirmó El Comercio.
Este Diario buscó sin éxito conocer los comentarios de César Nakazaki, abogado de Barata, frente al pedido de la fiscalía.
La solicitud de prisión preventiva y la disposición de incluirlo en la investigación fueron formuladas por el Segundo Despacho del Equipo Especial Lava Jato, a cargo de la fiscal provincial Geovana Mori Gómez.
La decisión fiscal ocurre luego de que la semana pasada el Poder Judicial revocara a Barata los beneficios del colaboración eficaz que firmó por los casos en los que sí reconoció delitos.
En la sentencia de colaboración eficaz del 2019, el PJ declaró culpable a Barata como cómplice de colusión agravada por la obra de la Vía Evitamiento Cusco y como cómplice del delito de colusión en los casos Interoceánica Sur y Metro de Lima.
Así, el Ministerio Público investigará a Jorge Barata por el presunto delito de colusión sustentado en 138 elementos de convicción, según el documento al que tuvo acceso El Comercio.
Este documento subraya, además, que el 27 de setiembre del 2019 se archivó la investigación preliminar contra Jorge Barata “hasta que sea homologado el acuerdo de colaboración eficaz”.
Indica también que- en su última declaración por el Caso Gaseoducto Sur, del 14 de junio del 2023- el exejecutivo de Odebrecht, no reconoció los delitos en materia de investigación, con lo que se apartó de la figura de la homologación de un posible acuerdo de colaboración eficaz.
Entre los elementos de convicción que sustentan la disposición de la fiscalía están las agendas de la ex primera dama Nadine Heredia y las declaraciones de diversos testigos y colaboradores eficaces, que implican a Barata en coordinaciones con el gobierno del exmandatario Ollanta Humala para acceder al proyecto del gasoducto. Ello como consecuencia del supuesto apoyo que la empresa Odebrecht le brindó en su campaña presidencial del 2011.
También se citan documentos de Odebrecht, movimientos migratorios de altos funcionarios de la constructora brasileña y el plan de gobierno del otrora partido Gana Perú, con el que Humala llegó a la presidencia en el 2011.
Asimismo, registros de visitas a Palacio de Gobierno, que dan cuenta de reuniones entre el expresidente y ejecutivos de la compañía brasileña. Además, actas y resoluciones supremas que tienen que ver con la ejecución del Gaseoducto Sur Peruano.
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De acuerdo con la fiscalía, la empresa Odebrecht “trazó márgenes esperados para la conquista y ejecución del proyecto Gaseoducto Sur Peruano, en base a los cuales, desde sus más altos directivos, entre ellos Jorge Barata, impulsó el proyecto”. Estos aspectos, según señala, fueron “materia de acuerdos ilícitos” conforme a la información recabada.
Mientras que en su requerimiento de prisión preventiva indica que pide 36 meses para “asegurar que [Barata] no impedirá el desarrollo eficiente” de las pesquisas. Igualmente porque se trata de una investigación de “tipo compleja”, en la cual se investigan dos obras de gran envergadura y que hay una cantidad considerable de funcionarios y otros personajes implicados.
Además, alega que se busca asegurar la presencia del imputado durante el curso de la investigación y otras etapas del proceso, hasta, de ser el caso, “asegurar la ejecución de una sentencia”.
La solicitud cita 30 elementos de convicción adicionales, entre ellos la revocatoria del acuerdo de colaboración eficaz.
Finalmente, el Ministerio Público solicita al juez de investigación preparatoria que declare fundado su requerimiento en todos los extremos y que señale fecha y hora para la audiencia.
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Como se recuerda, el Poder Judicial revocó el acuerdo de colaboración eficaz firmado por Barata y el Ministerio Público debido a que el exejecutivo de Odebrecht incumplió su obligación de declarar como testigo en el juicio contra Ollanta Humala por los presuntos aportes de Odebrecht a su campaña del 2011.
Así, según adelantó este Diario, la fiscalía deberá acusar a Jorge Barata en los tres casos de corrupción donde admitió su culpabilidad, pero no se le impuso penas como beneficio por su colaboración eficaz. Se trata de los procesos por los casos Interoceánica Sur, Metro de Lima y Vía Evitamiento Cusco.
Las normas procesales peruanas establecen que para que la fiscalía proceda, la revocatoria del beneficio debe estar firme. Es decir, haber sido confirmado en segunda instancia.
La decisión en primera instancia fue apelada el último martes por la defensa legal del exfuncionario de Odebrecht. Si esto es desestimado, el Ministerio Público podrá proceder a solicitar una condena contra el exejecutivo de Odebrecht.
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Opinión
El abogado penalista Carlos Caro puntualizó que la Constitución de Brasil prohíbe que extradite a sus nacionales. “Podría decretarse una prisión preventiva, sería una orden de captura nacional, pero la internacional no tendría efecto en Brasil”, remarcó.
“Recordemos que la Constitución de Brasil prohíbe que el Estado extradite a sus nacionales, con lo cual el señor Barata mientras permanezca en Brasil no puede ser extraditado, con lo cual el brazo de la justicia peruano es corto”, insisitió Caro.
Señaló que la inclusión de Barata en la investigación tiene “justificación” porque, “la narrativa de la fiscalía apunta a responsabilidad de Odebrecht”. Sin embargo, no ve posible que se haga efectiva una prisión preventiva.
Resaltó que se debe esperar que la revocatoria del acuerdo de colaboración eficaz sea ratificado en segunda instancia. Y que si, por ejemplo, el Poder Judicial dispone que mantega su condición de colaborador, quedaría sin efecto cualquier incorporación a cualquier proceso y orden de detención.
El ex viceministro de Justicia Gilmar Andía consideró que, en caso se dicte la prisión preventiva, es poco probable que se materialice. “Se puede apelar a la política de reciprocidad en temas de extradición”, añadió.
En diálogo con El Comercio, señaló que el Ministerio Público indica en su documento que tenía archivado el caso “porque era parte de un proceso de homologación del acuerdo, pero al no haber reconocido delito Barata, correspondía investigarlo”.
“Lo que está haciendo la fiscalía en este caso es un recuento de todos los otros elementos probatorios que pueda tener en esta investigación preparatoria […] Barata no había aceptado responsabilidad en este caso”, subrayó.
Remarcó que se debe tener en cuenta que “en esta investigación no se puede usar su propia declaración porque esta es una de las consecuencias de la revocatoria de una acuerdo de colaboración eficaz.
Opinó que también corresponde que se inicie de inmediato una investigación por los casos, cuyo acuerdo de colaboración eficaz fue revocado, así como los otras pesquisas en las que puede estar incluido. “Ya tienen que activarse los mecanismos […] Barata ya no está protegido por ningún acuerdo”, agregó.
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