Parte 3

“En un tránsito histórico”

Con más sangre derramada en choques políticos callejeros y una inflación desbocada que superaría 600% en 1973, la pregunta que muchos se hacían era si Chile se encaminaba a una guerra civil.

Pero lo inminente era el golpe de Estado.

El 22 de agosto, la Cámara de Diputados declaró que el gobierno de Allende había causado un “grave quebrantamiento del orden constitucional” y señaló que las Fuerzas Armadas y la policía “son y deben ser, por su propia naturaleza, garantía para todos los chilenos y no sólo para un sector”.

La resolución —aprobada por 81 votos a favor, incluidos los de diputados democristianos, y 47 en contra— sería usada como justificación para el derrocamiento de Allende, quien respondió que el texto facilitaba “la intención sediciosa de determinados sectores”.

Al día siguiente ocurrió lo que la inteligencia de EE.UU. definiría en un informe secreto como la remoción del “principal factor atenuante contra un golpe de Estado”: la renuncia al ministerio de Defensa y a la jefatura del Ejército de Prats, el general leal a la Constitución.

Esa dimisión se produjo después de que Prats pidiera sin éxito una declaración de apoyo de sus generales, tras una protesta frente a su casa en la que participaron esposas de altos oficiales militares.

Prats recomendó entonces que Augusto Pinochet lo sucediera como jefe del Ejército, sin imaginar que poco después ese mismo general conduciría el golpe de Estado y el largo régimen militar que lo asesinaría a él mismo junto a su esposa en un atentado en Argentina en 1974.

El 9 de septiembre, Pinochet y el nuevo jefe de la Fuerza Aérea, Gustavo Leigh, recibieron una carta escrita a mano por el almirante José Toribio Merino avisándoles que el 11 sería “el día D”, y ambos aceptaron.

“Ese domingo 9 de septiembre se decide: creo que Pinochet piensa que debe embarcarse en el golpe porque está consciente que Merino va a dar el golpe”, señala el historiador Pérez. “Lo que no les podía pasar es que se dividieran, (porque) habría estallado una guerra cívico-militar”.

El mismo día ocurrieron otros dos hechos relevantes.

El entonces secretario general del Partido Socialista, Carlos Altamirano, dijo en un polémico discurso junto al líder del MIR en el Estadio Chile que se había reunido con suboficiales de la Armada contrarios al golpe y advirtió que el país se transformaría en “un nuevo Vietnam heroico” si la sedición pretendía dominarlo.

El mensaje marcó una vez más las diferencias que arrastraba la izquierda entre los radicales que agitaban la crisis y los moderados que buscaban conciliar.

En las horas previas al golpe, Allende reiteró a sus allegados la idea de convocar a un plebiscito y preparó un mensaje público que nunca llegaría a pronunciar.

Otro fue el discurso inolvidable que Allende pronunció por radio aquel 11 de septiembre, antes que los aviones Hawker Hunter de la Fuerza Aérea atacaran La Moneda.

“Yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo”, dijo y finalizó instantes después: “Estas son mis últimas palabras y tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que por lo menos habrá una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición”.

El médico de cabecera del presidente, Patricio Guijón, relató a la BBC días más tarde cómo encontró a Allende muerto sobre un sofá rojo en La Moneda: “Ya no había nada que hacer porque literalmente se había volado la cabeza. No tenía pulso. Su muerte fue instantánea”.

Tras el golpe, Guijón y otros colaboradores cercanos de Allende fueron detenidos y enviados temporalmente a la isla Dawson, en el sur del país. El Estadio Chile se volvió centro de detención y tortura. Y los militares seguirían en el poder hasta 1990, en un régimen que simbolizó las dictaduras que atravesaba la región en esa época.

Medio siglo después, aquel trágico quiebre institucional enseña que “no pueden hacerse cambios fuera de la democracia, (y) nada justifica la violación de los derechos humanos”, concluye Serrano. “La principal lección: la importancia radical de la política”.

Parte 1

Cuando el presidente Salvador Allende pronunció sus últimas palabras desde el palacio de La Moneda y los militares bombardearon el edificio hace 50 años, Chile y su rumbo histórico se terminaron de partir.

Esa mañana del martes 11 de septiembre de 1973 comenzó en el país una dictadura militar que duraría 17 años y dejaría cerca de 40.000 víctimas, incluidos más de 3.000 asesinados o desaparecidos.

Al mismo tiempo, con el golpe de Estado acabó un experimento inédito en el mundo: Allende fue el primer marxista elegido presidente de forma democrática, alguien que buscó “la vía chilena al socialismo” dentro del marco jurídico vigente.

El quiebre de aquel día fue tan hondo que aún divide a Chile entre quienes lo consideran un zarpazo traicionero que abrió paso a todo tipo de abusos, y quienes lo ven como un acto de rescate de un país en el despeñadero.

“El golpe tuvo un efecto peor que el terremoto más grande que hemos tenido” y “cambió también a la sociedad chilena: la hizo desconfiada, neoliberal, mucho más conservadora de lo que era”, dice Cristián Pérez, historiador de la Escuela de Periodismo de la universidad chilena Diego Portales, a BBC Mundo.

Pero, ¿cómo llegó el país sudamericano a ese punto bisagra medio siglo atrás?

“Una vía alternativa”
Es difícil precisar el momento exacto en que el gobierno de Allende, un médico carismático con vasta experiencia como senador, entró a un callejón sin salida.

De hecho, algunas dificultades que enfrentó, como la polarización política o una inflación creciente, habían aparecido en Chile antes que Allende fuera electo en septiembre de 1970 con 36% de los votos, en su cuarto intento, al frente de la coalición de izquierda Unidad Popular (UP), que incluía a socialistas como él y comunistas.

Pero esos y otros problemas se agravaron una vez que Allende asumió el poder el 3 de noviembre de ese año sin mayorías legislativas y comenzó a implementar un programa destinado a rehacer la estructura económica chilena.

El presidente tomó medidas para expropiar empresas, estatizar los bancos, redistribuir ingresos y profundizar la reforma agraria lanzada por su antecesor, el democristiano Eduardo Frei Montalva, aparte de nacionalizar el cobre con el respaldo unánime del Congreso.

Todo eso asustó a los conservadores chilenos, que se organizaron para frenar las reformas.

Mientras sectores empresariales y gremiales realizaron huelgas y protestas, en la ultraderecha surgió el frente Patria y Libertad, una organización que inició acciones de sabotaje contra el gobierno.

En el otro extremo ideológico, fuera de la UP actuaba el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), un grupo guerrillero que ocupaba tierras privadas y fábricas inspirado en la revolución cubana, la cual también despertaba admiración dentro del Partido Socialista.

Estados Unidos, a instancias del entonces presidente Richard Nixon y su consejero de Seguridad Nacional, Henry Kissinger, boicoteó a Allende desde su elección para impedir que su gobierno socialista proyectase una imagen exitosa y generase fenómenos similares en otros países en plena Guerra Fría, según documentos desclasificados por Washington.

Con acciones encubiertas, EE.UU. primero buscó evitar que el Congreso chileno ratificara la victoria electoral de Allende en 1970, apoyando un plan fallido de la ultraderecha para secuestrar al comandante en jefe del Ejército y defensor del orden constitucional, René Schneider, quien resultaría asesinado.

Después financió a la oposición y bloqueó créditos a Santiago para hacer “chillar” la economía chilena, a pedido textual de Nixon.

En ese escenario, en Chile se agudizaba la polarización, la violencia política y problemas económicos como desabastecimiento de comercios y un incipiente mercado negro.

Allende procuró ayuda financiera de la Unión Soviética, que había aportado dinero a su campaña electoral y luego dio maquinaria agrícola o becas estudiantiles a Chile, pero Moscú consideró inviable dar sustento monetario a un país tan lejano y enredado.

Así, el 4 marzo de 1973, Chile celebró unas elecciones parlamentarias que podían inclinar la balanza del poder.

La UP de Allende obtuvo en esos comicios 43% de los votos, siete puntos más que en 1970 pero debajo del apoyo que precisaba para lograr mayorías en el Congreso.

Y aunque la derecha agrupada en la Confederación para la Democracia (Code) sumó 56% de los votos, no alcanzó el objetivo que se planteaba de tener dos tercios del Senado para poder destituir a Allende.

Entonces a la derecha chilena se le plantea una disyuntiva, dice Pérez: “O espera hasta 1976 que haya nuevas elecciones, o busca una vía alternativa para sacarlo (a Allende) que sea inconstitucional, es decir, un golpe de Estado”.

Faltaban 191 días para el 11 de septiembre.

Y era evidente que Chile ya giraba en una espiral peligrosa para la democracia que había consolidado desde 1932.

Me pregunto si Allende hubiera sabido que E.E.U.U. era capas de organizar su caida y un monton de cosas más con tal de transformar a Chile en un experimento neoliberal, habria dejado su cargo pacíficamente o hubiera cortado relaciones con ellos.

Quizas que cosas abria dicho de Nixon y los agentes secretos de USA.

¿O en vola sabia algo?