Críticas al nuevo decreto de Milei que restringe el acceso a la información pública
El reciente decreto firmado por el presidente Javier Milei ha generado una ola de críticas por parte de organizaciones de la sociedad civil, políticos de la oposición y expertos en transparencia. El decreto, que modifica aspectos clave de la Ley de Acceso a la Información Pública, impone restricciones significativas al acceso a datos gubernamentales.
Una de las principales objeciones es que el decreto otorga al Poder Ejecutivo la facultad de clasificar como “reservada” o “confidencial” información que antes era de libre acceso. Esto incluye datos sobre contrataciones públicas, declaraciones juradas de funcionarios y detalles de programas sociales. Críticos señalan que esta discrecionalidad puede ser utilizada para encubrir actos de corrupción o mala gestión.
“Estamos retrocediendo décadas en materia de transparencia”, afirma Jimena Luna, directora de Transparency Now, una ONG que vigila el acceso a la información. “El gobierno parece querer operar a puertas cerradas, sin ningún tipo de control ciudadano. Eso es sumamente peligroso para la democracia”.
Además, el decreto extiende los plazos para responder a los pedidos de acceso a la información de 15 a 30 días, con posibilidad de prórroga, lo que dificulta el trabajo de periodistas y watchdogs. “Es desesperanzador”, dice Pablo Mendoza, periodista de investigación. “Con estas demoras, cualquier información que obtengamos puede quedar desactualizada rápidamente. Se pierde la oportunidad de fiscalizar en tiempo real”.
Otro punto controversial es que se elimina la obligación de publicar proactivamente ciertos datos, como las escalas salariales de los funcionarios. “Esto no es solo un retroceso, es un insulto a la inteligencia de los ciudadanos”, manifiesta Estela Ruiz, diputada de la oposición. “Pareciera que quieren gobernar en las sombras, ocultándonos información que nos pertenece por derecho”.
Defensores del decreto argumentan que busca proteger datos sensibles y evitar la sobrecarga de pedidos de acceso. Sin embargo, esta justificación no convence a los críticos. “Hay maneras de proteger la información sin poner en riesgo la transparencia”, explica Luna. “Este decreto no es la solución, es parte del problema. Lo que hace es levantar un muro entre el ciudadano y el Estado”.
Varios expertos coinciden en que el decreto es inconstitucional y contradice tratados internacionales de derechos humanos suscritos por Argentina. Se espera que sea impugnado judicialmente en los próximos días.
Mientras tanto, las principales organizaciones de medios y de la sociedad civil se han pronunciado enérgicamente en contra y preparan campañas de difusión y movilizaciones para derogarlo. “No vamos a permitir que nos priven de un derecho fundamental”, advierte Ruiz. “Vamos a pelear con todos los recursos que tengamos para que este decreto se revierta. La transparencia no se negocia”.
En un contexto de creciente desconfianza hacia la política, restringir el acceso a la información parece un contrasentido que solo agudizará la percepción de opacidad y arbitrariedad. Como dice Mendoza: “El mejor desinfectante es la luz del sol. Cuanto más abiertos sean los gobiernos, menos oportunidades habrá para la corrupción y el abuso de poder”.
El futuro del decreto es incierto. Lo que sí es seguro es que ha despertado a una sociedad civil que no está dispuesta a ceder en su derecho a saber. En los próximos meses se librará una batalla clave por la transparencia y el control ciudadano del poder. Un pulso que marcará el rumbo de la joven gestión de Milei.
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