Advierten que Nación dejó de comprar los insumos para cumplir con la ley de aborto.

Advierten que Nación dejó de comprar los insumos para cumplir con la ley de aborto

La Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) es un derecho que fue conquistado por las mujeres argentinas en diciembre de 2020, tras una larga lucha y la sanción de la Ley 27.610. Sin embargo, a casi dos años de su promulgación, organizaciones feministas y profesionales de la salud advierten que el Estado nacional dejó de comprar los insumos necesarios para garantizar su cumplimiento.

La falta de provisión de misoprostol y mifepristona, los fármacos esenciales para la realización de abortos seguros y legales, pone en riesgo la efectiva implementación de la ley y la salud de las mujeres que deciden interrumpir su embarazo. Esta situación se agrava en las provincias más alejadas de los centros urbanos y en los sectores más vulnerables de la población.

La Ley de IVE establece que el Estado debe garantizar la provisión de los medicamentos necesarios para llevar a cabo la práctica en todos los establecimientos de salud del país. Sin embargo, desde principios de 2022, se observa una disminución en la compra y distribución de estos fármacos por parte del Ministerio de Salud de la Nación.

Según datos oficiales, en los primeros seis meses de este año, sólo se adquirieron 58.000 tratamientos de misoprostol y 18.000 de mifepristona, lo que representa una reducción del 50% en comparación con el mismo período de 2021. Esta situación ha generado preocupación entre las organizaciones que acompañan a las mujeres en el ejercicio de su derecho a decidir.

“La falta de insumos pone en jaque la implementación de la ley y deja a las mujeres en una situación de vulnerabilidad”, afirma María Elena Zubieta, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. “El Estado tiene la obligación de garantizar el acceso a la IVE en condiciones seguras y eso incluye la provisión de los medicamentos necesarios”, agrega.

Por su parte, los profesionales de la salud también se ven afectados por esta problemática. En muchos establecimientos, la escasez de fármacos obliga a postergar o reprogramar las prácticas, lo que genera angustia y estrés en las mujeres que han decidido abortar.

“Es frustrante no poder brindar la atención adecuada por falta de insumos”, comenta Cecilia López, ginecóloga del hospital público de una localidad del interior del país. “Tenemos la capacitación y la disposición para hacerlo, pero sin los medicamentos, nos encontramos con las manos atadas”, añade.

Ante esta situación, las organizaciones feministas exigen al Ministerio de Salud de la Nación que regularice la compra y distribución de misoprostol y mifepristona, tal como lo establece la ley. También reclaman la implementación de políticas públicas que garanticen la efectiva aplicación de la IVE en todo el territorio nacional.

La Ley de IVE fue el resultado de la lucha de miles de mujeres que, durante años, reclamaron por su derecho a decidir sobre sus propios cuerpos. Su sanción fue un hito histórico para los derechos humanos y reproductivos en Argentina. Sin embargo, su plena implementación aún enfrenta obstáculos y resistencias por parte de algunos sectores.

La falta de provisión de insumos es una de las barreras que impiden el acceso igualitario a la IVE y que profundiza las desigualdades sociales y territoriales. En este contexto, es fundamental el control y la exigencia de la sociedad civil para que el Estado cumpla con sus obligaciones y garantice los derechos de las mujeres.

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