La propuesta del Gobierno Nacional (que tiene 3 de 5 sillas en la junta directiva del Fomag, la entidad que toma las principales decisiones del magisterio), fue dejar la responsabilidad de contratar las clínicas y los hospitales en la Fiduprevisora.
Foto: Óscar Pérez
Los hospitales públicos de Antioquia, agrupados en la Asociación de Empresas Sociales del Estado (AESA), han establecido una fecha límite para el sistema de salud del magisterio. Si en los próximos días no se cumplen las condiciones prometidas hace tres meses, cuando se implementó el nuevo sistema de salud para los profesores, dejarán de prestar servicios no urgentes a los maestros del departamento a partir del 1º de agosto. Así lo han comunicado en una carta dirigida a María Mercedes Petro, gerente nacional de salud del Fomag. Esta situación, que ha estallado en Antioquia, se replica a nivel nacional: la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos se prepara para hacer un anuncio similar.
“Seguir así es insostenible”, justifica Luis Hernán Sánchez Montoya, director ejecutivo de AESA. Para entender su posición, hay que recordar un par de cosas antes. La implementación del nuevo sistema de salud del magisterio comenzó el 1º de mayo pasado con un objetivo principal: eliminar la figura de los operadores (una clase de “uniones temporales”) que funcionaban como intermediarios: contrataban con la Fiduprevisora, recibían los recursos del sistema de salud del magisterio, y con esa plata, contrataban después a una serie de hospitales y clínicas, que es en donde finalmente los profesores son atendidos.
La propuesta del Gobierno Nacional (que tiene 3 de 5 sillas en la junta directiva del Fomag, la entidad que toma las principales decisiones del magisterio), fue dejar la responsabilidad de contratar las clínicas y los hospitales en la Fiduprevisora, una fiducia de mayoría pública. Sin embargo, como hemos contado en estas páginas, dicha entidad no tuvo la capacidad para asumir esas funciones rápidamente (pasaba de hacer contratos con entre 9 y 13 operadores, a tener que hacerlos con más de 10.000 instituciones de salud).
Fue en ese contexto en el que comenzaron a conocerse decenas de denuncias del mal funcionamiento del nuevo sistema, que llevaron a que el Congreso de la República realizara varios debates de control político y que provocaron la renuncia del gerente de la Fiduprevisora, Mauricio Marín.
Para aplacar al caos y garantizar que las clínicas y hospitales prestaran el servicio a los maestros, el Fomag expidió el 13 de mayo la circular 002. En este documento, se autorizó a las instituciones de salud a prestar los servicios al magisterio sin previa autorización y sin un contrato de por medio, facturando los servicios bajo una modalidad que en el mundo de la salud se conoce como “pago por evento” (significa que se paga servicio por servicio, lo que suele resultar siendo más costoso que otras modalidades de pago).
Esa decisión se tomó, en principio, hasta el 30 de junio, pero fue prorrogada hasta el 31 de julio. La idea era darle tiempo a la Fiduprevisora de hacer los contratos con las clínicas y los hospitales, que son los documentos que estipulan cosas tan claves como las tarifas y el número de personas que atenderán las instituciones de salud. (Vea: ¿Podemos habituarnos a la deshonestidad? Esto dicen las neurociencias)
“Desde el cambio de modelo, los hospitales públicos de Antioquia nos comprometimos con la causa. En un gesto de buena voluntad, aceptamos atender a los maestros y sus beneficiarios sin contrato durante mayo, junio y lo que va de julio, autorizados por el Fomag. El problema es que ya pasaron tres meses y nada de contratos. En este momento, ningún hospital público de Antioquia ha recibido el contrato por parte del Fomag para tener una relación contractual y jurídica establecida”, dice Sánchez. Esa ausencia de contratos, tres meses después de iniciada la atención del nuevo modelo, se repite a nivel nacional.
“La situación no está fácil”, dice Olga Lucia Zuluaga, directora de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (ACESI). “Lo más grave es que no se ha avanzado nada. Se supone que ya están las condiciones, pero hasta la fecha no han enviado los contratos. Antioquia se adelantó y reventó, pero el tema es nacional. La gente está muy molesta y muy inconforme. O esta semana organizan, o para ellos no va a haber más prestación de servicios, porque así es muy complicado”. La molestia no se origina solo en la ausencia de una mera formalidad, sino en las consecuencias que eso ha traído.
“Hemos prestado los servicios de mayo, junio y julio, pero no hemos recibido un solo peso de pago”, dice Sánchez, desde Antioquia. Los hospitales públicos están pasando las facturas de los servicios al Fomag (especialmente las de mayo y junio, pues julio no ha terminado), que contrató, a su vez, a la empresa auditora D&G para hacer el proceso de revisión de cuentas, algo que es usual en los sistemas de salud. Esa auditoria implica revisar que el servicio se prestó y que las instituciones de salud lo están cobrando según los precios acordados, entre otras variables. La contratación de D&G estuvo rodeada de dudas.
Christian Rey Camacho y Georgina Arroyo, representantes de Fecode en el Fomag, publicaron una carta el pasado 24 de abril señalando que “han existido muchas quejas respecto de la auditoría realizada” por D&G. Ambos agregaban entonces que no se conocía qué otros proveedores se habían presentado a la convocatoria que publicó la Fiduprevisora para elegir una empresa auditora, y por qué se terminó eligiendo a D&G. El contrato para revisar las cuentas del sistema del magisterio fue adjudicado por más de $72.000 millones. (Puede ver: “Salud sigue jugando un papel fundamental” en el futuro de Compensar)
“Lo que está pasando es que, después de que los hospitales pasan las facturas, D&G las devuelve diciendo que no se pueden pagar porque no hay contratos”, explica Sánchez. “El Fomag nos dice que atendamos sin contrato, y luego la empresa auditora nos dice que no nos va a pagar porque no hay contrato. No hay coherencia entre lo que dice el Fomag y la empresa auditoria, y eso tiene muy molesto a los gerentes de los hospitales públicos”. Lo que están pidiendo, entonces, es que durante esta semana no solo se produzcan los tan anhelados contratos, sino que se paguen las facturas que se deben de mayo y junio. El Espectador buscó al Fomag, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvimos respuesta.
¿Y si no llegan los contratos?
La ley en Colombia es clara en señalar que ninguna institución de salud se puede negar a atender una urgencia, no importa si hay o no deudas o contratos entre los actores del sistema. Eso es clave para entender el ultimátum de los hospitales públicos: en caso de que sus exigencias no se cumplan durante esta semana, no seguirán prestando servicios no urgentes. Es decir, por ejemplo, citas médicas generales, entrega de medicamentos, realización de laboratorios, odontología, y, en general, todos los servicios de promoción y prevención que no sean urgentes, se suspenderían hasta que haya contrato y pagos.
Ahora, la pregunta de a cuántos maestros afectaría esta suspensión es relativa y depende de varias cosas. El Fomag contabilizaba a corte de marzo pasado más de 800.000 afiliados. Según las cifras de la Fiduprevisora y del Ministerio de Salud, la mayoría de esos afiliados (alrededor del 40%) se concentra en grandes centros poblacionales, especialmente en capitales como Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena o Barranquilla. Eso es clave porque en estas grandes ciudades suele haber una oferta más amplia de servicios de salud. Es decir, además de la red pública, hay una red privada. En caso de que los primeros suspendan los servicios no urgentes, es posible que los maestros puedan ir a una IPS privada.
“Pero hay sitios en donde ni siquiera tenemos la posibilidad de llegar con salud porque no se cuenta con oferta de servicios, especialmente en sitios retirados del país”, recordaba el ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, hace cuatro meses, cuando aseguraba que el nuevo modelo mejoraría la atención del magisterio. Para poner un ejemplo, basta decir que en el país hay al menos 250 municipios que cuentan, cada uno, con menos de 50 afiliados del magisterio. Eso se explica por una razón muy sencilla: los maestros son una población de atención compleja, pues están dispersos y hacen presencia en todo lugar donde haya una escuela o un colegio, por lejano que sea.
En muchos de esos escenarios, la infraestructura sanitaria es insuficiente y los recursos son limitados, lo que convierte al hospital público en el único centro de salud. Es en esos lugares donde la suspensión de servicios de los hospitales públicos sería más complejo.“Nosotros, finaliza Zuluaga, somos los únicos prestadores en muchos municipios, lo que significa que somos los únicos que pueden atender a los maestros”.
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