El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se puso este lunes manos a la obra con el primero de los asuntos pendientes para los seis meses que le quedan en la Casa Blanca. Lo hizo con la publicación de un artículo de opinión en The Washington Post en el que puso negro sobre blanco su intención de impulsar cambios legislativos en el Tribunal Supremo, y, por la tarde, insistió en esas ideas en un acto en la Biblioteca y Museo Presidencial Lyndon B. Johnson en Austin, Texas. Era su primera aparición pública desde que anunció su decisión de poner fin a la campaña de su reelección hace un par de domingos.

Son dos las ambiciosas propuestas de Biden para el Supremo: la limitación a un máximo de 18 años del mandato de sus nueve magistrados, que ahora disfrutan de un contrato vitalicio, y la creación de un código ético que rija su desempeño. En el texto, y en Austin, el político demócrata también abogó por la aprobación de una enmienda constitucional titulada “Nadie está por encima de la ley” que ponga coto a la inmunidad de los expresidentes.

Teniendo en cuenta que para todo ello necesita el consenso de un Congreso fieramente dividido, extremo altamente improbable en un año electoral, el gesto tiene mucho de brindis al sol, especialmente en lo que se refiere a la enmienda, porque los requerimientos del sistema estadounidense para sacar adelanto algo así son enormes. Hace 32 años de la la aprobación de la vigésimo séptima enmienda, y 53 desde que la anterior vio la luz.

El recuerdo del asalto al Capitolio

El texto del Post comienza así: “Esta nación se fundó sobre un principio simple pero profundo: nadie está por encima de la ley. Ni el presidente de Estados Unidos. Tampoco un juez del Supremo. Nadie”. Biden critica después la reciente decisión del alto tribunal de conceder inmunidad parcial al inquilino de la Casa Blanca sobre sus actos en el desempeño del cargo, un fallo dictado en respuesta a la petición de los abogados de Donald Trump en el caso que se sigue contra el magnate en Washington por los intentos de revertir el resultado electoral de 2020.

Los jueces del Supremo: de pie, desde la derecha, Amy Coney Barrett, Neil M. Gorsuch, Brett M. Kavanaugh y Ketanji Brown Jackson. Sentados, Sonia Sotomayor, Clarence Thomas, John G. Roberts, Jr., Samuel A. Alito, Jr. y Elena Kagan.EVELYN HOCKSTEIN (REUTERS)

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“Si un futuro presidente incita a una turba violenta a asaltar el Capitolio y detener la transferencia pacífica del poder, como vimos el 6 de enero de 2021, es posible que no haya consecuencias legales. Y eso es solo el comienzo”, escribe Biden, que propone en su artículo la citada enmienda constitucional con el siguiente argumento: “Somos una nación de leyes, no de reyes o dictadores”.

“Tengo un gran respeto por nuestras instituciones y por la separación de poderes que establece nuestra Constitución”, añadió Biden en Austin, en un acto programado para conmemorar el 60º aniversario de la Ley de Derechos Civiles, uno de los grandes logros de la presidencia de Johnson, que, como Biden, decidió no presentarse a la reelección siete meses antes de las elecciones de 1968, que perdieron los demócratas. “Lo que está sucediendo ahora no es coherente con esa doctrina de separación de poderes. El extremismo está socavando la confianza del público en las decisiones del [alto] tribunal”.

Para justificar la urgencia de reformar el Supremo ―compuesto por tres juezas liberales y seis conservadores (tres de los cuales nombró Trump)― Biden, que define las decisiones de esos nueve magistrados como “peligrosas y extremas”, cita la “crisis ética” en el que el tribunal “está sumido”.

El presidente se refiere a los escándalos por los regalos sin declarar recibidos por el juez Clarence Thomas de personas con intereses en casos examinados por el tribunal, así como los conflictos relacionados con el aparente apoyo de la esposa de Samuel Alito a los insurrectos del 6 de enero. Según desvelaron los medios estadounidenses en primavera, el matrimonio hizo ondear una bandera americana del revés en sus dos residencias en torno a la fecha del asalto al Capitolio, un tiempo en el que ese símbolo cundió entre quienes defendían que las elecciones de 2020 fueron robadas por el Partido Demócrata.

“Lo que está sucediendo ahora no es normal y socava la confianza del público en las decisiones del tribunal, incluidas las que afectan las libertades personales”, abunda Biden en su artículo. El Supremo, al que se considera en teoría ajeno a la riña partidista, registra los peores índices de confianza de los estadounidenses de su historia. Eso hace al presidente concluir: “Las tres reformas cuentan con el apoyo de la mayoría de los estadounidenses, así como de los académicos constitucionales conservadores y liberales”.

La vicepresidenta Kamala Harris, más que probable candidata a las elecciones de noviembre, hizo público al final de la mañana su apoyo a la iniciativa del presidente. Trump, por su parte, denunció el artículo del Post como “un ataque ilegal e inconstitucional a nuestro SAGRADO Tribunal Supremo”, escribió en un post en su red social, Truth.

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By Diario

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