La economía de Bolivia se ha convertido en uno de los principales talones de aquiles del país que, además, se encuentra inmerso en una disputa política al interior del gobernante Movimiento al Socialismo, entre el ex presidente Evo Morales y el actual, Luis Arce.
Con la agudización de la crisis, en los últimos años el Gobierno se vio obligado a vender sus reservas de divisas y de oro -la mayoría de este metal se agotó en 2023-, drenando las arcas del país, aunque sin conseguir resolver los problemas que generaban descontento social. Según datos de abril, las reservas de divisas se ubicaron en USD 1.800 millones, muy por debajo de los USD 15.500 millones de 2014.
En tanto, el Banco Central tiene solo USD 139 millones en efectivo, lo que representa en un mínimo histórico, y llevó a que los analistas de Moody’s Ratings rebajaran aquel mes la calificación del país, citando “niveles críticos” de presiones externas de liquidez y mayores riesgos de crédito soberano.
Estos números se vieron rápidamente plasmados en las calles, donde los bolivianos comenzaron a enfrentarse a grandes déficits de dólares, cruciales para el desarrollo de las actividades comerciales. Ante la urgencia, muchos optaron por recurrir a un mercado paralelo, aunque la brecha del 50% con el tipo de cambio oficial dejó a muchos comerciantes en jaque, no pudiendo continuar con sus tareas.
A su vez, esta falta de divisas combinada con la caída de la producción petrolera, generó también problemas en la importación del combustible -subsidiado-, sumando así un nuevo descontento en la gente. La faltante del hidrocarburo llevó a que el sector de transportes realice varias manifestaciones en los últimos meses, en señal de reclamo por esta situación que les impide realizar su trabajo, mientras que las amenazas por una huelga nacional siguen vigentes.
A estos factores, latentes en el día a día de las personas, todavía hay que sumarle la inestabilidad política con las tensiones al interior del partido gobernante, donde evistas y arcistas se cruzan por el liderazgo del movimiento de cara a las elecciones. Inclusive, según Nathalie Marshik, analista de deuda soberana de mercados emergentes de HSBC Securities, las diferencias son tales que es poco probable que el Congreso apruebe préstamos de instituciones multilaterales, como el Banco Mundial, para intentar revertir estos problemas.
Como consecuencia de esto, la deuda del país está camino a convertirse en una de las más riesgosas de América Latina, con sus bonos a la baja.
El rendimiento extra que exigen los inversionistas para mantener sus bonos frente a otros similares otorgados, por ejemplo, por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos aumentó cuatro puntos porcentuales desde marzo, ubicándose ya en 21, según datos de JPMorgan. A su vez, su diferencial supera en unos 553 puntos básicos a los de Ecuador y Argentina, quedando únicamente Venezuela en un escenario peor en la región.
La semana pasada, el Ejecutivo anunció el mayor descubrimiento de gas natural en casi dos décadas en el país, que se esperaba que tuviera un efecto positivo; sin embargo, la noticia no logró revertir la caída de los bonos, que se cotizan en torno a los 56 centavos de dólar.
“El descubrimiento de gas no soluciona el motivo por el que los bonos se negocian a estos niveles de riesgo crediticio”, explicó el analista de Oppenheimer & Co, Thomas Jackson, y apuntó, en su lugar, a la “liquidez a corto plazo, dadas las reservas internacionales inexistentes y la incertidumbre en torno a las fuentes de financiamiento externo disponibles”.
“Es difícil encontrar un faro de luz, es difícil decir que aquí hay un gran potencial alcista en relación con el potencial bajista”, sumó por su parte, Jim Craige, responsable de mercados emergentes de Stone Harbor Investment Partners.
Fitch Ratings apuntó que el déficit fiscal alcanzará el 5,7% del PIB este año y “el Gobierno no ha dado ninguna indicación de que esté planeando hacer algo para reducirlo”, agregó Sebastián Vargas, analista de Barclays.
Sin embargo, desde el entorno de Luis Arce confían en que lograrán revertir la situación y calmar el nerviosismo del mercado. “La economía boliviana continúa mostrando signos alentadores como la constante expansión del producto y la estabilidad de precios. El Gobierno nacional ha honrado de manera puntual todas sus deudas y lo seguirá haciendo”, dijo el Ministro de Economía y Finanzas en un intento por llevar calma y destacar el crecimiento del 3,1% de 2023.
Ésto último, casualmente, puede ser el único y más importante factor que el país tenga en su favor. Bolivia no tiene obligaciones de pago de deuda hasta 2026, lo que le da una ventana de tiempo para elaborar una estrategia antes de entrar en un terreno de riesgo.
Los pagos de intereses de este año son de USD 54 millones y serán de aproximadamente USD 109 millones en 2025, mientras que los pagos totales aumentarán a USD 434 millones en 2026.
Es evidente, entonces, que “en algún momento, Bolivia pasará por una reestructuración de su deuda” aunque lo que cabe preguntarse ahora es “cuándo ocurrirá”, concluyó Craige.
(Con información de Bloomberg)
[
,
,