EL PAÍS ofrece en abierto la sección América Futura por su aporte informativo diario y global sobre desarrollo sostenible. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete aquí. Este texto surge de la Investigación de Univision Noticias ‘Campo Tóxico: el daño de la exposición a pesticidas en los trabajadores agrícolas’. Pueden ver el especial completo aquí.
Carlos Candelario nació el 17 de diciembre de 2004 sin brazos ni piernas. Pasó años tratando de comprender por qué le tocó a él. Leyó sobre su historia y la de otros, y tras ver el impacto que su caso había causado en Estados Unidos, encontró la respuesta: los pesticidas. Su madre, Francisca Herrera, había estado expuesta a cócteles de químicos mientras trabajaba en campos de tomate de la empresa Ag-Mart en Florida y Carolina del Norte. Sin saberlo, para ese tiempo ella estaba en el primer trimestre de su embarazo, cuando debían formarse el cerebro, la médula espinal, el corazón y las extremidades de Carlos. Con ayuda de un abogado, la familia demandó a la empresa.
El pediatra John Reigart fue consultado como experto en este caso. En sus encuentros con Francisca Herrera, ella le contó que en las granjas de Ag-Mart los trabajadores eran rociados casi todos los días con químicos y que quienes se sentían mal no eran llevados al médico, sino que sus jefes les pedían sentarse por un rato, tomar agua y volver a la faena. “Estuvieron gravemente expuestos a pesticidas y no recibieron atención médica en el terreno”, explicó Reigart.
Según el abogado de Candelario, Andy Yaffa, se determinó que la empresa había usado 18 pesticidas en sus cultivos: seis de ellos eran toxinas conocidas por causar defectos de nacimiento. Explicó que las reglas y regulaciones para su uso no se cumplieron. “Hubo una larga lista de actos negligentes cometidos por Ag-Mart en lo que respecta a Carlitos”, dijo.
Donald Long, el presidente de la empresa, aseguró en una declaración jurada en 2006 que ellos desconocían el daño que podían causar estos pesticidas, que no eran científicos: “Estamos trabajando según lo que estipulan las etiquetas y seguimos sus recomendaciones. La etiqueta no dice: ‘No permitir que mujeres embarazadas trabajen en esto’, aunque tiene la advertencia de que puede causar problemas. Pero no dice específicamente: ‘No permita que mujeres embarazadas trabajen”.
Todos los días, Francisca Herrera y otras mujeres —algunas embarazadas— entraban limpias a los campos y salían mojadas de pesticidas sin que nadie les informara de los riesgos de aquella exposición. “Esta empresa no le dijo nada a Francisca ni a ninguna de las mujeres que estaban trabajando en los campos. No les dieron opciones”, condenó Yaffa. Después de Carlos Candelario, otras campesinas dieron a luz a más bebés con malformaciones.
El diario The Palm Beach Post abrió su portada del 13 de marzo de 2005 con la historia de Francisca Herrera. “La gente ha mencionado que quizás lo que nos pasó tiene que ver con los químicos. Pero realmente no sé nada. Me gustaría entenderlo”, declaró Herrera al periódico. Univision Noticias intentó entrevistar a ejecutivos de Ag-Mart, pero no obtuvo respuesta.
“No les dieron opciones”
Ese mismo mes, ese diario de Florida reportó el nacimiento de otros dos niños con otras condiciones. Jesús Navarrete nació el 4 de febrero de 2005 con la mandíbula poco desarrollada. Se cree que sobrevivió. El tercer niño nació el 6 de febrero de 2005, pero murió tres días después por “masivos defectos de nacimiento”, contó el periódico. Incluían labio y paladar hendido, ausencia de órganos sexuales visibles y un solo riñón.
Las madres de los tres bebés vivían en el mismo campo propiedad de Ag-Mart y a escasos metros de distancia. Todas habían piscado tomates en los mismos cultivos de la empresa en Carolina del Norte y Florida.
“Quiero que la gente entienda que los pesticidas pueden generar consecuencias desastrosas”, dijo Carlos Candelario a Univision Noticias. En su análisis sobre el caso de este joven, el pediatra Reigart encontró que algunos de los plaguicidas aplicados por la empresa en sus campos habían sido vinculados con defectos de nacimiento —similares a los que sufrieron él y los otros niños— en estudios experimentales con animales.
El especialista recuerda su encuentro con abogados de la empresa. “Me miraron y me dijeron: ‘El hecho de que ocurra en animales no quiere decir que pueda ocurrir en la gente’. Les respondí que por supuesto eso no era cierto, porque toda la regulación para el uso de pesticidas en Estados Unidos se basa en la experimentación en animales y, si ellos muestran efectos, entonces no se otorgan las licencias”.
En 2005, las autoridades sanitarias y agrícolas de Carolina del Norte y Florida investigaron la exposición a pesticidas de Francisca y las otras madres en un periodo fundamental para el desarrollo fetal.
Para hacer su análisis, utilizaron los registros de la empresa sobre los pesticidas que se aplicaron y las fechas y campos en los que trabajaron. Pero los datos entregados por Ag-Mart y los recabados por las autoridades estaban incompletos, lo que no les permitió a las agencias demostrar la relación entre la exposición de Francisca y los defectos de nacimiento de Carlos.
A pesar de eso, aseguraron que el caso mostró la necesidad de reducir la exposición a pesticidas entre trabajadores del campo y los riesgos de no seguir las instrucciones de la etiqueta.
Tras un acuerdo entre la familia y la empresa productora de tomates Ag-Mart, en 2008 Carlos Candelario recibió un fideicomiso que cubrirá sus gastos de por vida. Este acuerdo alivió la situación de la familia, que quedó sin trabajo con el inicio de las denuncias y había tenido incluso que vivir en albergues de personas sin hogar.
El caso de Carlos permitió a los activistas sumar evidencias para demostrar por qué era importante tener una mayor regulación para proteger a los trabajadores campesinos.
La activista Jeannie Economos, coordinadora de un proyecto de la Asociación de Trabajadores del Campo en Florida que busca enseñarles cómo protegerse de los plaguicidas, explicó que, las protecciones que se daban en ese momento a los campesinos con el Worker Protection Standard (el marco regulatorio que ampara a los trabajadores del campo frente a la exposición a pesticidas) eran “mínimas”: contemplaban el entrenamiento de los trabajadores en pesticidas cada cinco años y no exigía que los empleadores notificaran con carteles si un campo había sido rociado ni tampoco les ordenaba preservar el registro detallado de los pesticidas aplicados.
En 2015 eso cambió: se ordenó que los entrenamientos se realizaran cada año, que los empleadores notificaran si un campo era rociado y en cuánto tiempo podían entrar los trabajadores; y también que se mantuviera un registro detallado de los pesticidas aplicados.
Un experimento
Casi 20 años después de ese caso emblemático, Economos cree que los campesinos en Estados Unidos aún no tienen las protecciones que necesitan y que se sienten menospreciados: “Los trabajadores del campo nos han dicho que sus empleadores se preocupan más por sus plantas que por ellos, que se preocupan más por la línea de producción que por sus vidas”.
A lo largo de dos años, Univision Noticias conversó con más de una treintena de trabajadores en Carolina del Norte, Florida, Michigan e Illinois para entender la exposición a pesticidas en sus labores del día a día. Estos contaron que pueden ser rociados mientras piscan vegetales y frutas o mientras limpian la maleza en campos y viveros.
No todos los incidentes llegan a ser investigados porque los campesinos prefieren callar por miedo a represalias o a ser discriminados; porque transcurre mucho tiempo entre el suceso y la denuncia y no recaban evidencias tan simples como la ropa mojada de químicos; o porque desconfían de las instituciones, que pocas veces castigan a los patrones cuando rompen las normas. Según la agencia de protección ambiental de EE UU, EPA, en casi 60% de los casos los castigos se quedan en advertencias y apenas en 8% se imponen multas, por lo general de cientos de dólares.
Univision Noticias también entrevistó al menos a 15 expertos que ayudaron a identificar una herramienta científica, cuyo uso es inédito en periodismo, para explorar algunos de los pesticidas a los que están expuestos los campesinos en su entorno diario.
Eran brazaletes de silicona capaces de detectar hasta 75 pesticidas que fueron colocados por al menos cinco días en 10 trabajadores del campo —indocumentados o con visas temporales de trabajo, H-2A— que trabajaban en cultivos de manzana, calabaza, arándanos o tabaco y también en viveros de Florida, Michigan y Carolina del Norte.
Todos los brazaletes registraron pesticidas, 18 en total, similares a los reportados por estudios científicos en poblaciones más grandes. Con la ayuda de una toxicóloga y dos antropólogos médicos, Univision Noticias analizó los resultados. Los expertos advirtieron que estos debían ser vistos como una fotografía de los plaguicidas a los que estuvieron expuestos en su entorno, pero que no mostraban cuánto del pesticida había entrado en sus cuerpos.
Las pulseras de tres de esos campesinos registraron exposición a organofosforados, una clase de pesticidas relacionada con un mayor riesgo de padecer cáncer, problemas reproductivos y enfermedades neurológicas.
Cuatro pulseras mostraron exposición a dos organoclorados prohibidos hace décadas: 4,4′DDE y trans-nonaclor. Linda Forst, médica y profesora de salud ocupacional y ambiental de la Universidad de Illinois, en Chicago, explicó que eso no quiere decir que los organoclorados hayan sido utilizados en la actualidad. Aparecieron en el análisis porque son químicos que “persisten” por años en el ambiente.
Dos brazaletes detectaron clorpirifos en un período en que estaba prohibido en cultivos alimenticios en todo Estados Unidos. Estudios científicos lo han relacionado con daños en el desarrollo neurológico de los niños.
Sara Quandt, antropóloga médica y profesora emérita de la escuela de Medicina de la Universidad Wake Forest, explicó que es difícil saber dónde estuvieron expuestos al clorpirifos. Este pesticida puede permanecer por años en entornos sin acceso al sol o la lluvia, dos elementos que contribuyen con su degradación.
“Pudo haber sido aplicado al cultivo en el que estuvieron trabajando, pero también pudo haber sido detectado en sus viviendas, en sus vehículos, en cualquier otro lugar en el que estuvieron mientras usaron los brazaletes”, dijo Quandt.
Todos los trabajadores estuvieron expuestos a piretroides, una clase de insecticida cada vez más usada en agricultura, asociada con efectos adversos para los sistemas cardiovascular y nervioso.
Un sistema con fallas
Jeannie Economos asegura que, en sus conversaciones con campesinos en Florida, le han contado que los médicos en zonas rurales no están formados para reconocer o indagar ni siquiera en el origen de una erupción causada por pesticidas. Así que les prescriben pomadas para dermatitis, les dan luz verde para volver al trabajo al día siguiente y no queda registro oficial ni de la exposición a los químicos ni del incidente laboral. Activistas en otros Estados narraron lo mismo.
Luego están los efectos de los pesticidas a largo plazo. Expertos aseguran que han conocido a campesinos que han dedicado su vida al trabajo agrícola y que con los años han enfermado de cáncer, lupus o artritis reumatoidea; han visto a hijos de campesinos con problemas de aprendizaje o autismo. Todas ellas son condiciones que la investigación científica ha relacionado con distintos plaguicidas.
“No existe un sistema para rastrear la exposición a lo largo del tiempo. Así que si desarrollan Parkinson a sus 70 o 60 años, no hay manera de conectarlo con los pesticidas que sintieron al comenzar su carrera”, precisó Quandt.
Algunos de los campesinos entrevistados para este reportaje enfermaron de cáncer o tuvieron erupciones tan severas que requirieron tratamiento quimioterápico. Algunos de ellos siguen expuestos a pesticidas mientras trabajan en la agricultura. No tienen otra opción para mantener a sus familias.
Activistas como Jeannie Economus han sentido impotencia ante la falta de respuestas para las víctimas. Dice que tuvo que distanciarse del trabajo con campesinos por unos cinco años porque sentía ganas de llorar cuando le pedían ayuda y no podía darla: “¿Sabes lo que significa tener el título de coordinador de un proyecto de seguridad en pesticidas y salud ambiental, mirar a la cara a un trabajador del campo que me está contando su exposición a pesticidas y decirle que no puedo hacer nada para ayudarlo? Es descorazonador”.
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