La asambleísta Jhajaira Urresta, proponente del juicio político contra la canciller Gabriela Sommerfeld, dio un giro en la exposición de las acusaciones planteadas y empezó con el tema de migración, luego se refirió a la irrupción en la Embajada de México, en Quito, donde dijo que la toma de la sede diplomática no fue inocencia sino un lucro familiar de la ministra.
La sesión empezó con la intervención de la presidenta de la mesa, Pamela Aguirre, para aclarar que sí se puede incorporar prueba nueva como lo solicitó la proponente del juicio, Jhajaira Urresta (RC), por lo que es válida la comparecencia de nuevos testigos en el último día de prueba testimonial.
Aclaró además que la comisión nunca califica la incorporación de prueba nueva, lo cual fue motivo de cuestionamiento de parte de los legisladores de Gobierno y de la ministra procesada políticamente.
Aguirre, en este último día de prueba, pidió la presencia de la escolta legislativa para evitar incidentes durante la comparecencia de la ministra Gabriela Sommerfeld y de la proponente de la interpelación, Jhajaira Urresta.
César Umajinga, del sector de Gobierno, reclamó que en la sesión virtual del 25 de julio la presidenta de la mesa no concedió la palabra a los legisladores para reclamar que la incorporación de nueva prueba fue extemporánea.
Son tres las acusaciones que se presentaron en el juicio político: la primera, una supuesta responsabilidad en la violación de normas constitucionales y tratados internacionales por los hechos registrados el 5 de abril en la Embajada de México, en Quito; la no concesión del salvoconducto al exvicepresidente de la República Jorge Glas; y, el impase diplomático de Ecuador con Rusia.
Pruebas
La legisladora Jhajaira Urresta empezó su intervención señalando que el juicio no es nada personal y se refirió a la situación de migrantes ecuatorianos, habló de algunos casos; aunque este tema no consta en las tres acusaciones expuestas en el expediente, dijo que la funcionaria no brinda una atención digna y eficaz para los migrantes.
En la exposición de pruebas hizo alusión a la preparación académica de la canciller, y afirmó que no está preparada para dirigir el Ministerio del Exterior y Movilidad Humana, que el perfil de la funcionaria no cumple más allá del tema hotelero y viajes.
Para fundamentar la acusación respecto de la responsabilidad en la irrupción en la Embajada de México, en Quito, expuso videos con declaraciones de la acusada sobre las conversaciones fluidas con México, y expuso un comunicado del Gobierno mexicano sobre su rechazo por la declaratoria, realizada el 4 de abril de 2024, de persona non grata a la embajadora de México en Ecuador, Raquel Serur Smeke, como respuesta a las declaraciones del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien durante una conferencia de prensa dijo que el asesinato de Fernando Villavicencio afectó a la candidatura presidencial de Luisa González, del movimiento Revolución Ciudadana.
En la fundamentación de las acusaciones, Urresta expuso que la acusada había cometido al menos nueve violaciones a leyes nacionales e instrumentos internaciones e insistió que la irrupción en la embajada vulneró los instrumentos internacionales, que la funcionaria debió asesorar al presidente de no ejecutar esta barbarie.
En el listado incluyó la violación al principio de inviolabilidad de las embajadas; la Convención de Viena sobre la relaciones diplomáticas de 1961, sobre todo los artículos 22 y 29; la Convención Interamericana sobre Asilo Diplomático Caracas 1954; la Convención de La Habana sobre Asilo Diplomático 1928; los propósitos y principios de las Cartas de las Naciones Unidas sobre las igualdades soberanas de los Estados, el mantenimiento de la paz, de la seguridad internacional, del fomento de relaciones amistosas entre las naciones.
También habló de una violación a la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que contiene disposiciones fundamentales que apoyan la inviolabilidad de las misiones diplomáticas internacionales de los Estados miembros, reafirmando principios esenciales para la convivencia pacífica y la cooperación de la región; varias sentencias, opiniones consultivas, dictámenes de tribunales, cortes internacionales que reafirman que la inviolabilidad de las embajadas como principio fundamental no se puede violentar, como el dictamen del caso Estados Unidos versus Irán; la Constitución de la República, en su artículo 416, donde se reconoce el derecho internacional, como norma de conducta; y, la ley orgánica del servicio exterior, en su artículo 146; por lo tanto, dijo, incumplió sus funciones.
La legisladora interpelante aseguró que lo ocurrido con la embajada mexicana ha llevado graves consecuencias para los migrantes que están en México y dijo que según la Procuraduría del Estado, por la defensa del Ecuador en la Corte Internacional le cuesta al país $ 2.380 la hora y que todo el proceso va a costar cerca de $ 5 millones.
Ese dinero pudo ser utilizado para la seguridad, para pagar la deuda a Solca o para “pagar lo que ayer veíamos con lamentables ojos de dolor: una madre arrodillada, ante el gobernador del Azuay, arrodillada, suplicaba que atiendan a su hija que está muriendo con cáncer. Porque no hay presupuesto del Estado que abarque la protección de las personas que tienen cáncer. Y aun así, por sus maravillosas ideas, señora ministra, $ 5 millones solamente para defender lo indefendible”.
Conflicto de intereses
En su exposición, la interpelante ancló la irrupción a la Embajada de México, en Quito, con un supuesto conflicto de intereses que tendría la ministra Sommerfeld, pues sostuvo que la empresa Aerogal, que se encontraba bajo la dirección de la ahora ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, vendió un paquete accionario a la empresa Holding Avianca Taca, constituida en las Bahamas, un paraíso fiscal.
Que luego las acciones en Avianca las transfirió a nombre de Enrique Patricio Sommerfeld, padre de la ministra, que es la aerolínea que actualmente sigue sus operaciones con México, porque un día después de los hechos del 5 de abril de 2024, Aeroméxico anunció la suspensión de los vuelos.
¿Qué intereses hay detrás de las acciones desmedidas, desproporcionadas y desesperadas en contra de México? ¿Quién se beneficia de que deje de operar Aeroméxico en el país? ¿Qué aerolínea asumió esos vuelos?, preguntó Urresta en la sala.
Y ella mismo respondió: La aerolínea que cubre la ruta Ecuador-México es Avianca Taca, empresa donde presuntamente la familia de la flamante ministra Gabriela Sommerfeld tendría acciones. Luego aseguró que la toma de la Embajada de México, en Quito, respondió a un lucro familiar por parte de la acusada.
Insistió en que al parecer la ministra les está dando la oportunidad de una nueva, una ruta de coyoterismo a través de El Salvador, a través de la aerolínea Avianca; por lo tanto, aquí la toma de la Embajada de México no fue inocencia ni desconocimiento, fue un lucro familiar por parte de la ministra, acusó.
Indicó también que las acciones mantenidas en paraísos fiscales fueron transferidas a su hijo.
Caso Rusia
Respecto de sus acusaciones sobre el impase bilateral con la Federación Rusa, la interpelante dijo que tampoco es inocente en cuanto a la entrega de material militar hacia Ucrania.
Urresta indicó que el primer trimestre de 2024 se registró una disminución del 4 % de las exportaciones, esto es $ 36 millones, con relación al mismo periodo en el 2023. Esa reducción se dio por el impedimento que tuvieron algunas empresas exportadoras. Y se ha mencionado que esto se debe al retiro de certificaciones a cinco empresas por una plaga.
Sin embargo, aseguró la legisladora, esta sanción por parte de Rusia se da justamente cuando el Gobierno ecuatoriano el 24 de enero de 2024, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, confirma que el Gobierno ecuatoriano realizará gestiones para la entrega de equipamiento militar ruso a los Estados Unidos a cambio de nuevo equipamiento estadounidense, provocando una tensión diplomática entre Ecuador y Rusia.
Dijo que Rusia por la vía diplomática criticó el anuncio del Gobierno ecuatoriano de entregar equipamiento militar ruso a los Estados Unidos.
Urresta aseguró que la ministra incumplió sus funciones porque no asesoró al presidente de la República, Daniel Noboa, de que tenía que respetar el convenio suscrito con la Federación Rusa sobre donaciones de armamento suscrito el 27 de noviembre de 2008. (I)
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