La mayoría parlamentaria que apoya al Gobierno se pone a prueba en un superpleno de infarto

El maratoniano pleno que cerrará este martes el periodo de sesiones del Congreso, justo al cumplirse un año de las últimas elecciones generales, será “variopinto y complejo”, como admiten todos los actores políticos, y un reflejo, en sus ajustadas y diversas votaciones y asuntos a debate, de todo esta legislatura. En el PSOE relativizan esta nueva incertidumbre ante distintos proyectos, desde …

El maratoniano pleno que cerrará este martes el periodo de sesiones del Congreso, justo al cumplirse un año de las últimas elecciones generales, será “variopinto y complejo”, como admiten todos los actores políticos, y un reflejo, en sus ajustadas y diversas votaciones y asuntos a debate, de todo esta legislatura. En el PSOE relativizan esta nueva incertidumbre ante distintos proyectos, desde los objetivos de estabilidad presupuestaria, las ayudas a Ucrania, la reforma de la Ley de Extranjería o la renovación del Poder Judicial, y constatan que están preparados para esa prueba: “Así de difícil y complicada es ahora la política, en España y fuera”. Los socios del Ejecutivo, en la coalición y en el Parlamento, no se conforman. Quieren y exigen más actividad y advierten de nuevo de que “se acaba” la justificación de que sería peor la alternativa: un Ejecutivo de la derecha y la ultraderecha, con el PP y Vox.

Por su parte, el PP acusa al Gobierno de Sánchez de “corrupción”, de no gestionar nada y de estar atado al chantaje de sus socios. Y mide al milímetro dar cualquier apoyo circunstancial ante su nueva y difícil relación con Vox.

El pleno de este martes del Congreso, último antes de las vacaciones parlamentarias, durará muchas horas, tiene un orden del día con nueve puntos muy variados y relevantes a debate, y sus votaciones se prevén complicadas. Nada nuevo. Algunos de los asuntos en discusión aún se negociarán este mismo lunes con los socios y hasta con el PP, porque siguen abiertos. En el Grupo Socialista no se muestran contrariados ante esta reedición de las incertidumbres que han sufrido y superado durante estos meses y destacan con orgullo el balance legislativo de este Gobierno de coalición: 111 iniciativas parlamentarias aprobadas; cinco reales decretos convalidados; 28 proyectos de ley en tramitación o en lo que denominan “conclusión parlamentaria”; 70 proposiciones no de ley del PSOE respaldadas en comisión y siete en pleno.

En ese haber, el PSOE se apunta cuestiones tan simbólicas de este mandato como la reforma del artículo 49 de la Constitución, pactado con el PP sobre la sustitución del término disminuidos por personas con discapacidad; la polémica ley de amnistía; la reforma del Reglamento de la Cámara para el uso del lenguaje inclusivo; la ley de donantes en vivo y la de ayudas para enfermedades neurodegenerativas y sus familias (ELA), con un apoyo muy mayoritario de la Cámara.

El pleno de este martes sumará más propuestas a ese optimista balance, pero ahondará en los evidentes problemas de la geometría variable en las votaciones para sacarlos adelante. Al PSOE ese escenario no parece provocarle mucha inquietud: “Las votaciones serán complejas y variopintas. No pasa nada. Hemos demostrado ya que, incluso así, seguimos trabajando y funcionando. La política, ahora, es compleja en todas partes, no hay más que mirar cómo está Francia. Es lo que han querido los electores”, remarca un miembro de la dirección del Grupo Socialista al tanto de las negociaciones múltiples de estos días, que hoy se retomarán con todos los partidos menos con Vox. En el Gobierno y el PSOE piensan que, al final, casi todas las propuestas que se votarán mañana prosperarán y solo tienen la duda de la reforma del artículo 35 de la ley de Extranjería, que persigue establecer un reparto obligatorio de los menores migrantes por todas las autonomías cuando los centros de las islas Canarias estén como ahora desbordados.

En Canarias gobierna Coalición Canarias con el PP, que apoya allí esa reforma pactada con el Ejecutivo central. La dirección nacional del PP de Alberto Núñez Feijóo no ha aclarado cuál será su voto en el Congreso y quiere mantener esa incógnita hasta el final para evidenciar la precariedad parlamentaria del Ejecutivo, ante la constatación de que otro socio de investidura, Junts, ya ha avanzado que tampoco le prestará sus votos en esta ocasión; y ERC ha mostrado su oposición al desmarcarse el consejero del Gobierno catalán de ese posible reparto en una reciente reunión en Tenerife. Con la oposición del PP y Junts, esa votación se perderá. Los populares podrían abstenerse, preparar una batería de enmiendas y negociar esa salida, que afectaría a una docena de las comunidades gobernadas por ellos, siempre que el Gobierno convocara una Conferencia de Presidentes autonómicos y fijara una dotación presupuestaria extra. Pero este domingo dejaron claro su rechazo al acuerdo.

Miguel Tellado, portavoz parlamentario del PP, aprovecha este momento de balance para subrayar lo que lleva repitiendo hace meses: “El presidente está acorralado por la corrupción. Nunca antes la esposa y el hermano del jefe del Gobierno habían sido investigados por corrupción y, en lugar de dar explicaciones, intenta silenciar a la prensa crítica. El presidente lo es por amnistiar a políticos corruptos arrasando con todos los procedimientos, usos y trámites parlamentarios. El Gobierno está roto y el único pegamento de quienes dan lecciones de regeneración es el amor al poder y al coche oficial”. Tellado se reconoce “satisfecho” por haber conseguido que en estos meses prosperaran 120 iniciativas de su grupo, en comisiones y pleno, y se apunta el tanto de haber “arrancado al Gobierno un pacto para renovar el Consejo General del Poder Judicial que pone a la justicia a salvo de las garras del Gobierno”.

Esa será otra de las votaciones reveladoras de este martes. El pacto cerrado entre el PSOE y el PP para desbloquear el Poder Judicial, fuera de mandato desde hace cinco años y medio por el veto de los populares, no convence sin embargo a los socios del Ejecutivo. Por ahora, solo cuenta con el respaldo añadido de Sumar, con muchos reparos. Los 256 escaños de socialistas y populares serán, sin embargo, más que suficientes, pero esa alianza coyuntural alerta a algunos componentes de la mayoría progresista, que hace tiempo que están lanzando avisos y tienen sus propios intereses electorales y políticos. Es el caso de ERC. Su portavoz, Gabriel Rufián, alerta de que, según su visión, la legislatura avanza y los métodos de diálogo y la agenda a impulsar no: “Hay una hiperactividad ciega que juega peligrosamente al malmenorismo constante. La gente hace ya demasiado que vota lo malo para evitar lo peor. Y eso se acaba”.

El portavoz de Sumar, Íñigo Errejón, socio de coalición del PSOE, replica una parte de esos argumentos, pero le da la razón al exigir más medidas: “Lo fundamental es que se cierra este periodo de sesiones con una recuperación de la iniciativa legislativa por parte del Gobierno. Y este debe ser un punto de apoyo para tomar impulso. Este curso ha puesto los cimientos para una legislatura duradera, pero también ha mostrado los límites de una estrategia que se base en mantenerse. Sin una ofensiva política para democratizar el Estado y el poder económico y social, el Gobierno sobrevivirá siempre acorralado por los poderes reaccionarios”.

Metxe Aizpurua, de EH Bildu, insiste en la misma queja y se la trasladará este lunes al ministro de Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, con el que se verá en el Congreso para sondear su posición y la de otros grupos sobre las reformas de regeneración democrática que anunció la semana pasada el presidente en el pleno del Congreso: “En este año que llevamos de legislatura y tras cerrar el ciclo electoral, la actividad legislativa y los avances en el ámbito social y territorial han sido muy escasos. Es el momento de recomenzar y acelerar esas transformaciones. Reclamamos al Gobierno que se ponga manos a la obra y proponga medidas profundas. Las anunciadas se quedan muy cortas, no son estructurales y no van a la raíz del problema”.