Quién se lo iba a decir a los dirigentes del PSOE andaluz hace nueve años. Que Manuel Chaves, presidente de la Junta de Andalucía durante 19 años (1990-2009), iba a volver con la aureola victimista de un mártir al partido que lo había … despachado por la puerta de atrás en junio de 2015. Acababa de ser imputado en la causa de los ERE, el proceso que lo sentaría en el banquillo al lado de su amigo y también expresidente, José Antonio Griñán, y casi una veintena de ex altos cargos más.
La comparecencia del expresidente en la sede regional del partido en Sevilla el pasado jueves, donde arremetió contra los jueces que lo investigaron, juzgaron y condenaron, simboliza la reconciliación del PSOE de Juan Espadas —quien lo aplaudía desde su asiento en primera fila— con un pasado que hasta no hace mucho avergonzaba a dirigentes y militantes.
El socialismo andaluz ha sacado a Chaves de ese desván donde tenía arrumbados los muebles y jarrones chinos que conviene no tener a la vista. Ha organizado un acto público de retrospectivo desagravio a los condenados tras ser exonerados de parte de sus delitos por el Tribunal Constitucional (TC). El cambio de paradigma ha sido posible gracias al amparo les que han brindado siete magistrados elegidos a propuesta del PSOE, que han hecho un revisionismo del caso ERE que va más allá de un mero correctivo de derechos infringidos en las sentencias dictadas por la Audiencia de Sevilla y el Tribunal Supremo (TS).
El examen del órgano de garantías traspasa líneas que nunca antes había cruzado, poniendo en entredicho algunas pruebas y reinterpretando tipos penales, según han advertido numerosos juristas. Entre ellos, los cuatro magistrados conservadores del TC que han votado en contra de las resoluciones del Pleno que emplazan a la Audiencia a dictar nuevas sentencias rebajando las penas y delitos, pero sin absolver a ninguno de los acusados.
Con estos elementos jurídicos, el PSOE ha construido el andamiaje de un nuevo relato que borra el fraude con típex político — «no había caso», zanjó Chaves— e indulta las sombras de su gestión pretérita al frente de la Junta, que continúan dando trabajo a los jueces de Sevilla. Aparte de las 134 piezas separadas del caso ERE, las ramificaciones de la corrupción se extienden por otras causas como el fraude de la formación, el enchufismo de la Faffe o los pagos en prostíbulos con dinero público con tarjetas corporativas de la citada fundación pública de empleo.
El mismo partido que ahora reivindica al expresidente forzó su dimisión como diputado para conservar el poder
El partido que hoy reivindica e idealiza la herencia política de los gobiernos de los ERE — «brillante», la calificó Chaves con indulgencia— forzó su dimisión como diputado en el Congreso sin brindarle apoyo alguno. «El ciudadano Chaves se está defendiendo y nadie debe interferir», aseguró Carmen Calvo, entonces secretaria de Igualdad del PSOE federal, cuando el exmandatario estaba siendo juzgado en la llamada pieza política de los ERE.
En su tierra tampoco los despidieron con honores. Sus dirigentes se afanaban por marcar distancias con la memoria inhóspita que encarnaban. Juan Cornejo, el número dos’ de la entonces líder de los socialistas andaluces, Susana Díaz, despachó la renuncia de Chaves, Griñán y Gaspar Zarrías con una escueta nota de prensa que utilizaba un eufemismo, «los afectados por la investigación del TS», para no tener que citarlos por sus nombres.
«Pepe, nos han matado»
El ninguneo era la consigna oficial. Y su sacrificio, obligatorio. Ciudadanos había exigido sus ceses si Susana Díaz quería ser presidenta de la Junta con el respaldo del partido liberal. Y ella no tuvo más remedio que mostrar la puerta de salida a Chaves, de cuya mano inició su carrera política como concejal en Sevilla, y a Griñán, que la hizo consejera y luego presidenta.
En 2014, Susana Díaz anunció que los imputados deberán dejar sus escaños, «todos es todos», aclaró cuando los periodistas le repreguntaron. Dicho y hecho. Sus antecesores tuvieron que entregar sus actas en el Congreso y el Senado para que el PSOE pudiera conservar el poder unos años más. Dolido por su sacrificio, Chaves le dijo a Griñán: «Pepe, Susana nos ha matado, es como si nos hubiese clavado un cuchillo», contó el periodista Manuel Pérez Alcázar en su libro ‘Delfines y tiburones’.
El caso ERE, una «confabulación» política
Todo esto ha quedado ya atrás, velado por la reciente revisión del caso ERE, como si no hubiera ocurrido nunca. Chaves, con 79 años recién cumplidos, ha regresado a su ‘casa’ aclamado como un mártir de la Justicia confabulada, según él, con el PP y los medios de comunicación no afines dentro de una operación orquestada para «tumbar» al gobierno socialista.
El político inhabilitado en sentencia firme por prevaricar en el montaje de una red fraudulenta que repartió 680 millones de euros de manera arbitraria —sin norma ni transparencia ni control, según los hechos probados de la sentencia—, ha retornado transmutado en un referente digno de elogio para la dirigencia actual.
Chaves retorna convertido, quién lo habría imaginado, en una de las bazas electorales que va a jugar el PSOE para recuperar el gobierno de la Junta de Andalucía arrebatado por el PP de Juanma Moreno en 2018. «Os pido que volvamos a llamarlos presidentes», exhortó Espadas a sus correligionarios en el Comité Regional celebrado el pasado jueves para reivindicar la memoria jubilada del PSOE de los ERE,
Esta herencia no sólo no abochorna sino que es motivo de orgullo. Lo que hicieron los gobiernos socialistas en la Junta fue articular «un sistema para ayudar a más de 6.400 familias vulnerables a sobrevivir», proclamó hace diez días la portavoz parlamentaria del PSOE, Ángeles Férriz. Sus palabras recordaron a las pronunciadas por el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero (ya fallecido) cuando se descubrió el fraude de las prejubilaciones trucadas en 2011: «Los intrusos no son intrusos, son criaturas necesitadas de ayuda sociolaboral que están desempleados».
Los socialistas han indultado a sus ex altos cargos condenados por el escándalo sin esperar al fallo definitivo que dictará la Audiencia de Sevilla. Pero ellos mejor que nadie saben que las sentencias las carga el diablo.
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