El 15 de marzo pasado, Beltrán Benedit estuvo en la cárcel de Campo de Mayo, una unidad –con comodidades que incluyen hasta canchas de tenis– destinada únicamente para los represores de la última dictadura. Fue acompañado por su colega de la Cámara de Diputados Alida Ferreyra Ugalde. Cuando salió, escribió un posteo conmovido en redes sociales: dijo que habían sentido de cerca la injusticia y que eran muchos los que, “en línea con el presidente”, seguían poniendo las verdades sobre la mesa. La hija de uno de los criminales de lesa detenidos le agradeció la visita. “Fue un honor conocer a su padre. Trabajamos por la pronta liberación de todos los patriotas”, se sinceró el diputado de La Libertad Avanza (LLA) que organizó la excursión del 11 de julio pasado al penal de Ezeiza para entrevistarse con Alfredo Astiz y otros de los genocidas allí presos.
Benedit entró en diciembre a la Cámara de Diputados. Es ingeniero, estudió en la Universidad Católica Argentina (UCA) y es dirigente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), ligado a Luis Etchevehere. En el Congreso no ha tenido una actividad muy destacada: presentó un proyecto para oponerse a la coordinación con la Organización Mundial de la Salud (OMS) si existiese una pandemia y tildó de paganas las estrellas amarillas que recuerdan a quienes fueron víctimas de accidentes viales.
El 10 de julio pasado –un día después del desfile en el que Javier Milei y Victoria Villarruel sellaron la paz a bordo de un tanque de guerra–, Benedit invitó a sus compañeros de bancada a visitar la cárcel. Una semana después, estalló el escándalo cuando La Política Online difundió la reunión de los seis diputados nacionales con los genocidas presos en la Unidad 31.
Benedit lleva unos meses yendo a entrevistarse con genocidas. Él mismo compartió un posteo en marzo después de su visita a la Unidad 34 de Campo de Mayo. Esa publicación fue compartida por la Unión de Promociones (UP), una organización que se creó en 2005 para oponerse a los juicios por crímenes de lesa humanidad. La UP –cuyo máximo dirigente, Guillermo César Viola, está detenido en prisión domiciliaria por la masacre de la calle Corro en la que murió María Victoria “Vicki” Walsh– fue el primer grupo en transmitirle al gobierno su pedido para que encontrara una “solución definitiva” para los represores presos.
Benedit tiene relación con la UP. Asunción Benedit, pariente suya, dirige la filial de Bariloche de la UP. Hay otra dirigente de esa organización que también tiene vínculo con el diputado libertario: se trata de María Eugenia Prestofelippo y es referente de la UP en Paraná, de donde es oriundo Benedit. “Beltrán Benedit querido: felicito tu accionar, admiro tu valentía no solamente ante la Cámara de Diputados y Senadores, sino ante el pueblo que ha sido engañado con una verdad sesgada de la historia argentina”, lo alentó Prestofelippo con un video después de que se conociera la visita a Astiz y compañía.
“Este diputado ya había estado hace unas semanas en Ezeiza. Fue para el momento en que estaban votando la ley Bases (12 de junio). Es amigo de uno de los muchachos y se comprometió a volver con otros diputados”, le dijo a este diario un abogado que conoce con bastante detalle lo que sucede en el penal.
Benedit, como el resto de los colegas que se subieron a la combi de Diputados para ir a Ezeiza, tienen contacto con la vicepresidenta Victoria Villarruel, que milita hace más de dos décadas en organizaciones pro-militares y que solía frecuentar las cárceles. Cecilia Pando contó que fue la propia Villarruel la que la acercó a la causa de los “presos políticos”. Su marido, Pedro Mercado, escribió que él conoció al dictador Jorge Rafael Videla gracias a una gestión de la actual vice.
Las visitantes
Un día antes de la visita a Ezeiza, Lourdes Arrieta estuvo reunida con el ministro de Defensa, Luis Petri. El funcionario viene funcionando como punta de lanza a la hora de socavar las políticas de verdad y justicia. En el edificio Libertador echó a los expertos que durante diez años analizaron los archivos de las Fuerzas Armadas para contribuir con las causas de lesa humanidad y empezó a hablar de “memoria completa”. Llevó a la dirección de derechos humanos a dos militantes de esa tendencia, Arturo Larrabure y Silvia Ibarzábal.
Petri, como publicó este diario, también hizo punta a la hora de mandar funcionarios a visitar genocidas. En marzo, el director de Derechos Humanos de Defensa, Lucas Miles Erbes fue a Campo de Mayo. Allí se entrevistó, entre otros, con Julio Simón –conocido como el “Turco Julián” y el primer genocida en ser condenado tras la reapertura de los procesos– y con Juan Daniel Amelong, el represor a quien Villarruel calificó como una “víctima” en el debate con Agustín Rossi antes del balotaje.
“Lulu” Arrieta –que saltó a la fama por aparecer en el Congreso con un patito en la cabeza– se presenta como integrante de la familia militar. Es hija de Tomás Arrieta, que combatió en la guerra de Malvinas. Desde el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata denuncian que Arrieta estuvo involucrado en los tormentos a los conscriptos. Como Petri, ella también es de Mendoza. Allá la persiguen acusaciones de que afilió muertos al partido.
Al igual que Benedit, Arrieta integra la comisión de Defensa de la Cámara de Diputados. Ella tiene su propia agenda de memoria completa. Estuvo el 20 de marzo en el Círculo Militar en el mismo evento en el que Petri se terminó fotografiando con Pando y con esposas de condenados por crímenes contra la humanidad. En enero, fue con Benedit al acto por los 35 años de la recuperación del cuartel de La Tablada –recuperación que se hizo aplicando el mismo catálogo de crímenes que durante los años de la dictadura.
Benedit tiene relación cercana con otra diputada que también fue de la partida: Alida Ferreyra Ugarte. Ella ya lo había acompañado a Campo de Mayo a principios de años. Los dos comparten inquietudes por reescribir la historia. En abril, Benedit le dejó un regalo en su despacho de Diputados: el libro La estafa con los desaparecidos, de José D’Angelo. Es la obra que intentaron presentar en marzo del año pasado en la Biblioteca del Congreso, pero que se frenó por la reacción social. Tras el intento fallido, Villarruel abrió las puertas de Oíd Mortales, la fundación que preside, para que D’Angelo hablara de su libro.
Ferreyra Ugalde nació en Corrientes, pero tiene una banca por la Ciudad de Buenos Aires. Se quedó con el escaño que le hubiese pertenecido a la canciller Diana Mondino. Cuando juró, lo hizo por “los niños que crecen en el vientre materno, por aquellos que no han visto la luz por el aborto”. Uno de los que celebró su llegada al Parlamento fue su amigo Javier Olivera Ravasi, el cura ultraderechista que es hijo de Jorge Olivera, el genocida que festejó sus 50 años de casado con un fiestón en el que cantó Ramón “Palito” Ortega. Olivera Ravasi fue a Diputados a visitar a Ferreyra Ugalde. Según comentó, estaban discutiendo “cómo terminar con la ideologizadora ESI y regular de una vez por todas el homeschooling (educación en casa)”.
Ferreyra Ugalde –que es abogada penalista– no esconde su cruzada contra los organismos de derechos humanos. En redes sociales atacó a Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, a quien calificó de “golpista”. El 24 de marzo, dedicó un posteo al tema: “Una historia falsificada no constituye aprendizaje sino relato”.
Las fotos
Rocío Bonacci quedó en medio de la polémica. Alegó no estar al tanto de que iban a encontrarse con Astiz, Adolfo Donda, Antonio Pernías y compañía. “Esta señora es una mentirosa, ella sabía muy bien que iba a ver presos políticos”, le contestaron desde Justicia y Concordia, la organización que agrupa a abogados que intervienen en la defensa de imputados por crímenes de lesa humanidad, y la acusaron de haber sido quien filtró la información para buscar rédito político. En el entorno de Bonacci parecían disparar contra Benedit pero también contra Martín Menem, a quien le atribuían haber dado el visto bueno para la excursión con la asignación expedita de una combi para el viaje.
La diputada es hija de José Bonacci, dirigente del partido UNITE de Santa Fe, exapoderado del MODIN de Aldo Rico y simpatizante del líder neonazi Alejandro Biondini. Ella dice no compartir la caracterización de Benedit de que fueron a visitar a “ex combatientes que libraron batallas en la lucha contra la subversión marxista”.
Fue también Bonacci quien contó, a través de un comunicado, que se tomaron fotos en el penal de Ezeiza, pero que ella no las tenía. Benedit también habló de las imágenes que estarían en poder suyo y de otra integrante de la comitiva, María Fernanda Araujo, otra mujer cercana a Villarruel.
Araujo es hermana de un caído en Malvinas, Elbio Araujo. Ella viene del riñón del excarapintada Juan José Goméz Centurión. Con su impulso, llegó a presidir la Comisión de Familiares de Caídos en la guerra de Malvinas. Ese grupo protagonizó en 2017 un escrache a Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas y los integrantes de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) que viajaron a las islas para la identificación de los soldados. La comisión se oponía a que se hablara de NN. “Nos molestó que haya una señora con el pañuelo blanco”, dijo, enfurecida, Araujo ante las cámaras.
El sexto integrante de la comitiva es posiblemente la persona que más cercana haya estado a Villarruel. Se trata de Guillermo Montenegro, diputado que entró por la provincia de Buenos Aires y que fungió como asesor de la vicepresidenta hasta principios de años. Como ella, integra Oíd Mortales, un nuevo sello para una fundación tridentina que había sido formada por un exSIDE. Según La Nación, Montenegro es hijo de un militar. Semanas atrás, fue uno de los que celebró el acto de marinos retirados en el espacio de memoria que funcionó en lo que fue el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y la disolución de los equipos de relevamiento de Defensa. “Lo que creo que hay es un cambio de época y una reivindicación hacia las Fuerzas Armadas”, le había dicho a la DW.
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