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Nicolás Maduro acentuó una práctica que ya aplicaba Hugo Chávez: apropiarse de las casas de los opositores obligados al destierro. Entre las propiedades confiscadas de hecho, sin ningún tipo de justificación legal, hay algunas de políticos de alto perfil ocupadas por cuerpos de seguridad, entes del Gobierno y hasta personalidades del Estado chavista.? Una nueva ley amenaza con oficializar las arbitrariedades.
Por Claudia Smolansky / Armando Info
En julio de 2023, los allegados a Iván Hernández Dala, titular de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) de Venezuela, compartieron abiertamente en redes sociales fotografías de la fiesta de la boda del militar con su actual esposa, Paola Dávila. La ocasión se celebró en una casa cercana a la Laguna de Caraballeda, en el costero estado Vargas, cerca de Caracas. Los asistentes no tuvieron pudor alguno de presumir en las imágenes lo que bebieron, comieron y bailaron.
La quinta Los Gnomos, que sirvió esa noche de locación para la velada, hasta 2020 fue una residencia familiar. Entonces, en plena pandemia, funcionarios de la contrainteligencia militar tomaron el lugar, sin una orden judicial. Al inquilino y a su familia les exigieron desalojar, y apenas les dieron 15 días para retirar todas sus pertenencias.
La propietaria de la residencia y casera de los desalojados era Isabel González Capriles. Su abuelo construyó la casa en 1967 y allí crecieron, primero, su madre Mitzy Capriles de Ledezma, Isabel y sus cuatro hermanas.
Isabel González Capriles, quien ahora vive en Alemania, es hijastra del exalcalde de Caracas, el opositor Antonio Ledezma, hoy exiliado en España, y esposa del exministro en varias carteras de los gobiernos de Hugo Chávez, Andrés Izarra.
Lo que era el patrimonio de esa familia es hoy un llegadero para los agentes de contrainteligencia, que lo han convertido en un virtual recinto de usos múltiples. Allí tienen lugar fiestas, reuniones y hasta operaciones de la Dgcim, un cuerpo de seguridad sobre cuyos cabecillas pesan sanciones de la Unión Europea y Estados Unidos por cometer violaciones contra los derechos humanos.
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