lo que hay detrás de la nueva cárcel anunciada por Boric

“Las herramientas que actualmente se han ocupado en la región Metropolitana no han tenido los resultados esperados”. Así fue el mea culpa que realizó este miércoles el presidente Gabriel Boric ante la ola de homicidios que se registró en la zona desde el pasado fin de semana.

Un total de 17 asesinatos enlutaron a diferentes comunas de la capital. Dos de los hechos más violentos fueron la masacre de cuatro adolescentes en Quilicura y una balacera que dejó cinco muertos en Lampa.

Frente a ello, el jefe de Estado anunció algunas medidas como la construcción de una cárcel de máxima seguridad y la creación de una fuerza especial de Gendarmería. En ese sentido, detalló que actualmente existen 600 plazas de alto resguardo en el país y que este nuevo recinto penal permitirá sumar 500 más.

Si bien el Gobierno no adelantó el lugar específico de su edificación, aseguró que ya está definido y que será dentro de la región Metropolitana. Además, significará una inversión total de 90 mil millones de pesos.

Por otra parte, Boric informó que ingresarán un proyecto de ley al Congreso para “exceptuar esta construcción de varios trámites y permisos” que podrían demorar su ejecución.

Académicos analizaron las condiciones que debería tener esta cárcel y la importancia de su ubicación. Además, se refirieron al régimen implementado por Nayib Bukele en El Salvador, el cual ya fue descartado como un referente por la ministra Carolina Tohá.

¿Qué condiciones debería tener la cárcel?

Luis Toledo, director del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, señaló que uno de los desafíos de este tipo de recintos es la instalación de tecnología que permita evitar la corrupción en su interior.

Para ello, propuso que los internos de alta peligrosidad reciban a terceros “en locutorios que sean gravados y que tengan un seguimiento interno dentro de celdas individuales. Las celdas grupales y el contacto entre ellos es altamente nocivo en las cárceles de alta seguridad”.

“Además, las personas que custodian estas cárceles tienen que tener mecanismos de seguimiento. Si están con los internos, que tengan cámaras GoPro que estén grabando en todo momento para saber cuál es la relación que tienen con ellos”, agregó.

Algunos rostros políticos en Chile han promovido el régimen 41-bis, creado en la década de 1970 para aislar a los capos de la mafia en Italia.

En estos casos, los reos se encuentran aislados del resto de la población penal y sólo tienen un par de horas diarias al aire libre. Asimismo, no tienen acceso a zonas comunes y cuentan con una visita al mes. Estas condiciones han generado críticas desde instituciones como Amnistía Internacional, que calificó como “cruel y denigrante” el trato hacia los reclusos.

Pablo Carvacho, director de Investigación y Desarrollo del Centro de Justicia y Sociedad UC, sostuvo que la efectividad de una cárcel de máxima seguridad dependerá de los objetivos que se trace el Gobierno.

“Si se trata de contener delincuentes, entonces los medios tendrán que ser principalmente relacionados a la infraestructura y a un régimen carcelario estricto que evite fugas y contacto con el exterior. Esta mirada generalmente supone una implementación de medidas que atentan contra los derechos humanos de los prisioneros”, indicó.

Por el contrario, afirmó que “si se trata de reinsertar en la sociedad, la cárcel tendrá que tener espacios de educación, formación y desarrollo. Esto puede ser contradictorio con ciertos resguardos de seguridad, pero va en línea con el respeto a los derechos humanos”.

Gobierno descarta modelo salvadoreño de Bukele

Otro modelo carcelario que se ha puesto sobre la mesa es el salvadoreño. En enero de 2023, el presidente Nayib Bukele inauguró el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una gigantesca cárcel con capacidad para 40 mil personas.

El recinto penal se encuentra a más de 70 kilómetros de la capital, San Salvador, y está rodeada por un muro de concreto de 11 metros de altura. Además, no tiene señal telefónica y cuenta con una sola carretera de acceso.

Naciones Unidas ha cuestionado el régimen del país centroamericano por la violencia con que se trata a los pandilleros. De acuerdo al organismo, se ha registrado un gran número de detenciones arbitrarias, torturas y muerte de reclusos en custodia.

Consultada al respecto, la ministra del Interior, Carolina Tohá, descartó aplicar este tipo de sistema en Chile. Sin embargo, diputados de la UDI dijeron que “es absolutamente inentendible” que se eche por tierra un modelo más restrictivo.

Para Olga Espinoza, coordinadora del Magíster en Criminología y Gestión de la Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile, hay dos factores que deben evaluarse al pensar en una doctrina carcelaria como la salvadoreña.

En primer lugar, explicó que “el formato que promueve El Salvador es extremadamente caro y no necesariamente sostenible. Hay que tener en cuenta el perfil de la población penal que uno tiene. Si uno verifica que quienes se encuentran en un alto nivel de compromiso delictual son un número reducido de personas, tener una cárcel extremadamente grande para una población que puede ser menor no tiene sentido”.

Por otra parte, aseveró que debe haber un fuerte control de las condiciones básicos y respeto por los derechos humanos de los internos. “A esto hay que sumar la fiscalización permanente de órganos externos e independientes para verificar que se esté dando cumplimiento a estas garantías fundamentales”, añadió.

En la misma línea, Pablo Carvacho expuso que el modelo Bukele podría parecer efectivo en sacar a delincuentes de la calle, pero se asume un alto costo al normalizar detenciones erróneas e ilegales.

“Es posible pensar que van a tener una respuesta negativa de aquellos que fueron injustamente encarcelados e involucrados en procesos criminales. Como en las dictaduras, esto va a suponer procesos de reparación y creo que a la larga significará una herida importante en la sociedad salvadoreña”, sentenció.

Hassler no quiere cárcel en Santiago

Una nueva interrogante que surge sobre la construcción de esta cárcel es el lugar en que estará emplazada. La ministra Tohá evitó entregar la dirección exacta, aunque ya se sabe que será en algún punto de la región Metropolitana.

Según el medio Ex-Ante, La Moneda ya habría pensado en la comuna de Santiago para instalar el recinto penal. Se trataría de un terreno que colinda con la antigua Penitenciaría, al cual se anexaría un predio proporcionado a Gendarmería en 2011.

Esta información fue recogida por la alcaldesa de la comuna, Irací Hassler, quien aseguró que se opone rotundamente. “La tendencia en Chile y el mundo es que las cárceles se construyen fuera del núcleo urbano. Mi labor es velar por la seguridad, desarrollo urbano y calidad de vida de los vecinos”, señaló a través de su cuenta de X.

En caso de que estos rumores sean veraces, la académica Olga Espinoza considera que “en experiencias internacionales, muchas construcciones se han generado en diálogo con la comunidad. Por ejemplo, una comunidad puede negociar que por la construcción de una cárcel se puedan también instalar algunos servicios públicos que son necesarios”.

“Por otro lado, es fundamental tener claro que una cárcel está vinculada a políticas que promueven la reinserción para reducir las posibilidades de reincidencia. Desde esa perspectiva, una cárcel debe estar relativamente cercana a los servicios más diversos para que se facilite el cumplimiento de este objetivo”, complementó.

En contraparte a la edificación en las urbes, otras voces políticas han propuesto alejar las cárceles de la población. Por ejemplo, el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, propuso construir una cárcel en una isla al más puro estilo de Alcatraz.

“Nadie quiere cárceles cerca, pero construirlas en lugares alejados no ha favorecido en nada a la seguridad. Lo único que trae aparejado son mayores costos de desplazamientos para las personas que visitan a los internos y para los funcionarios”, opina Carlos Silva, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Bello y máster en Criminología.

Con todo, el ministro (s) de Justicia, Jaime Gajardo, sostuvo en conversación con CNN Chile que “tenemos varios lugares posibles dentro de la región Metropolitana. Eso lo vamos a anunciar en su momento, pero lo relevante es que hoy día se tomaron decesiones que son muy importantes”.