La situación judicial de la esposa del presidente Sánchez
Begoña Gómez, que señaló en su último escrito la ausencia de indicios contra ella, es la única investigada en una causa abierta tras una denuncia del autodenominado sindicato Manos Limpias, en la que pedía investigar si se valió de su condición como mujer de presidente del Gobierno para favorecer que se otorgasen contratos al empresario Juan Carlos Barrabés, profesor del máster de la cátedra que ella dirigía.
En su comparecencia como testigo este lunes ante el juez, Barrabés -cuya imputación han pedido las acusaciones- afirmó haberse reunido varias veces con Begoña Gómez en La Moncloa, y precisó que en dos de esas citas estuvo presente el jefe del Ejecutivo.
Tras remitir parte de los contratos investigados a la Fiscalía Europea, el juez sigue investigando otras adjudicaciones, que recientemente la Guardia Civil indicó en un informe que se tramitaron con “normalidad y bajo los principios que rigen la contratación pública”.
En el foco de las acusaciones también está la legalidad de la contratación y el trabajo que hizo Gómez en la Complutense, que ha remitido un informe al juez con la investigación interna que abrió para comprobar si hubo una “apropiación indebida” del software de la cátedra que codirigía la investigada, en el que señalaba que no había podido alcanzar una “conclusión” y lamentaba la “falta de colaboración de determinados intervinientes”.
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