Begoña Gómez rechazó dar explicaciones sobre su actuación ante el vicerrector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) José María Coello. Tanto la mujer del presidente del Gobierno como el vicerrector de Planificación, Coordinación y Relaciones Institucionales están convocados este viernes ante el juez Juan Carlos Peinado: ella como investigada y él como testigo.
Coello convocó la Comisión Mixta de Seguimiento de la cátedra de Gómez para aclarar su actuación en relación con los trabajos pagados por la UCM para el desarrollo de un software en el que ella estaba interesada. La convocatoria respondía a las informaciones sobre la actuación de Gómez que la universidad había conocido por los medios de comunicación. La Complutense abrió una investigación interna que no ha podido llegar a una conclusión clara ante la «falta de colaboración» de Gómez.
La reunión se celebró el pasado 2 de julio, es decir, al día siguiente de que la universidad remitiera al juzgado el resultado de esa investigación, que apuntaba a un posible delito de apropiación indebida. Inicialmente el encuentro estaba señalado para la semana previa, pero Gómez pidió un aplazamiento, que se concedió, por el fallecimiento de su padre.
Según fuentes conocedoras del encuentro se trató de una reunión «tensa» en la que Gómez pudo percibir que la intención de la universidad no era facilitarle las cosas, sino aclarar el buen uso de los fondos públicos. De hecho, Gómez pidió a la comisión que le aprobara las últimas memorias, de actuación y económica, de la cátedra. La respuesta del vicerrector fue que no procedía abordar ese punto en las circunstancias actuales. Las memorias, por tanto, no se llegaron a examinar y su examen sigue pendiente.
En la reunión, el vicerrector renovó verbalmente el requerimiento de información a Gómez, que confirmó que no había respondido a la petición de datos formulada por escrito por la UCM tres semanas antes. A fecha de hoy, sigue sin hacerlo.
No hubo especial insistencia en ello, explican las fuentes, por diversas circunstancias. Una de ellas, porque Gómez no es una trabajadora de la UCM y la capacidad de actuar sobre ella es muy limitada. Otra, porque se era consciente de que está inmersa en un procedimiento penal que puede explicar su falta de respuestas en el ámbito universitario. Se valoró que Gómez podría ofrecer lo que se le reclamaba en su comparecencia ante el juez. Tres días después, el 5 de julio Gómez estaba citada ante el magistrado instructor, Juan Carlos Peinado. Esa declaración se aplazó finalmente hasta este viernes.
A la reunión de la Comisión Mixta de Seguimiento presidida por el vicerrector asistió, además de Gómez, el codirector de la cátedra, José Manuel Ruano, y directora de la Escuela de Gobierno, Carmen Mitxelena, de la que depende la cátedra.
La comisión es mixta, lo que supone que también incluye a la rama privada de la cátedra. Estaban convocados los representantes de los patrocinadores, Reale y La Caixa. La entidad financiera estuvo presente, pero la aseguradora declinó su asistencia. Anteriormente, Reale ha había hecho saber que no seguiría adelante con el patrocinio, cuyo compromiso concluye este año. Fuentes universitarias dan por hecho el final de la cátedra este mismo año.
La citación de los vicerrectores se produce después de la comparecencia del rector de la UCM, Joaquín Goyache. El testigo explicó al juez que abordó la creación de la cátedra -y el máster que depende de ella- en una reunión a la que le convocó Gómez en La Moncloa en 2020. Aceptó desplazarse al complejo presidencial porque el rectorado se encontraba prácticamente cerrado, al ser el mes de julio y seguir en marcha las restricciones de la pandemia.
El vicerrector Coello está citado este viernes a las 13 horas, mientras que Gómez deberá personarse en la sexta planta de la sede judicial de Plaza de Castilla a las 10 horas. De nuevo podrá acceder de forma discreta por el garaje por los motivos de seguridad planteados al decanato por la jefa de Seguridad de La Moncloa.
A la misma hora que Coello está citado como testigo su predecesor en el puesto hasta principios del año pasado, Juan Carlos Doadrio. «Fue el rector quien me llamó y me dijo que había que ofrecer una cátedra extraordinaria a Begoña Gómez», explicó Doadrio a EL MUNDO. También le indicó que todo lo relacionado con la cátedra era dinero público. Ni él ni la dirección de la UCM supo de la intención de Gómez de registrar a su nombre la plataforma de medición de impacto social y ecológico para empresas creada en el seno de la universidad.
El abogado de Gómez, el ex ministro socialista Antonio Camacho, ha recurrido ante el juez la citación de ambos. Alega que la denuncia inicial de Manos Limpias, parte de la cual autorizó a investigar a la Audiencia de Madrid, no hace mención alguna a la Complutense. El recurso se presenta pese a que en la causa ya se ha interrogado al rector y a que la declaración de Gómez se aplazó dos semanas para que conociera el contenido de una querella de Hazte Oír admitida a trámite que aborda expresamente la actuación en la UCM. El recurso de Gómez justificaría que este viernes se niegue a responder sobre asuntos relacionados con la universidad, si es que acepta responder a alguna pregunta que no sea de su defensa.
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