La política económica ingresó en una nueva etapa. Se podría decir que entró en una fase de massismo austríaco. Una estrategia discursiva ultraliberal, tributaria de Hayek o Rothbard, que se implementa a través de intervenciones, ardides y maniobras de ocasión, dignas de Sergio Massa. La combinación puede ser enajenante. Pero, como dijo Polonio a Hamlet, “en esa locura parece haber un método”.
La lógica de Javier Milei es política antes que económica. Él entiende que su máximo trofeo, acaso el único, es haber reducido la inflación. Es un éxito para nada despreciable. La inflación es el principal problema de la vida pública de los últimos quince años. Ni Cristina Kirchner, ni Mauricio Macri, ni Alberto Fernández consiguieron controlar ese problema, cuya semilla dejó sembrada Néstor Kirchner. Milei recibió un país que se dirigía, como una flecha, hacia la híper. Haber frenado esa trayectoria es un activo inestimable. Para una fuerza en formación, que carece de anclaje territorial, que no gravita en el Congreso, que está aislada del sindicalismo y de los movimientos sociales, es un triunfo contundente. Acaso el único.
Es imposible entender la encrucijada económica sin advertir esta ponderación sobre el capital político del oficialismo. Sobre todo si se incorpora este detalle: según consignó el vicepresidente del Banco Central en un informe presentado ante inversores en Nueva York, para el Gobierno la trayectoria de los precios seguirá declinando, con la promesa de llegar a 3,7% en julio. Es razonable suponer que cualquier decisión que amenace, siquiera de manera conjetural, con un reflujo inflacionario, va a ser descartada por Milei. Para exagerar: le puede pasar cualquier cosa, menos que la inflación revierta su marcha descendente.
Esta es la perspectiva sobre la cual hay que interpretar la obstinación con que el Presidente y su equipo se abrazan a su táctica cambiaria. Un coro cada día más numeroso de especialistas le recomienda devaluar. Muchos le proponen algo todavía más riesgoso: flotar. Es decir, levantar el cepo. Son consejos razonables, pero Milei ha de escucharlos mientras considera el peligro que cobijan. Y ese peligro consiste en un rebrote inflacionario derivado de una disparada del dólar que es, aunque fuere momentánea, bastante previsible.
Quienes proponen modificar el esquema cambiario advierten sobre la dificultad que entraña mantenerlo. Si no se abandona el régimen de tipos de cambio múltiples la economía seguirá su pendiente recesiva. La inflación tal vez deje de ser un desvelo principal, pero asomará la pesadilla de la destrucción de capital y la desocupación. El Presidente responde a esta prevención desde varios puntos de vista. El principal es ideológico: él no es demasiado sensible a los males de una gran contracción de la economía. En su exposición antes los comensales de la Fundación Libertad, a fines de abril, defendió la idea de que ninguna emisión de moneda puede ser virtuosa. Tampoco aquella que, ya con inflación cero, acompañe un proceso de crecimiento. Esa emisión, sostuvo, también sería perversa. Porque privaría a los tenedores de pesos de la apreciación de la moneda que se desencadenaría con una deflación. Para respaldar su tesis recomendó leer Defendiendo la deflación, del alemán Philipp Bagus. Es evidente que esa inercia deflacionaria tendría, por lo menos por un rato, un efecto letal sobre la producción y el empleo. El desdén hacia ese desafío está en el corazón de la utopía de Milei: un mundo en el que el mecano de la economía se mueva sin condicionamientos políticos ni sindicales. Un mundo más parecido al del siglo XIX que al del siglo XX.
Las otras razones por las cuales el Gobierno menosprecia la amenaza de un colapso en el nivel de actividad tienen que ver con la política. Primero: no vale la pena exponerse a una regresión inflacionaria para evitar la recesión, porque los costos de la recesión aparecen con más lentitud que los de la reposición de la inflación. En otras palabras: en el oficialismo piensan que, si se relanza la carrera de los precios, la caída de popularidad del Presidente sería instantánea. En cambio, si lo que ocurre es un deterioro de la situación socio-laboral, la erosión sería paulatina. Carlos Menem, ese oráculo que habla desde el pasado, podría darle la razón: en 1995 el electorado agradeció el fin de la inflación reeligiendo al Presidente, sin escuchar a los que describían, con absoluto apego a la verdad, que la producción se estaba desplomando. De hecho, al mes de aquellas elecciones se supo que el índice de desocupación había alcanzado el 18,6%.
De manera más sencilla, Milei obedece a una ley general. Los líderes no suelen renunciar a sus recetas económicas de manera preventiva. Sólo se exponen a ese riesgo al cabo de una crisis. ¿Hay excepciones? Responde Pablo Gerchunoff: tal vez Juan Sourrouille, que devaluó cuando el Plan Austral todavía no se había agotado. ¿Y Axel Kicillof, en mayo de 2014? Tal vez también: aunque nunca sabremos si ya no se había quedado sin dólares. Lección: para que Milei gire hay que esperar a que le llegue una tormenta.
El otro criterio que lleva al núcleo libertario a relativizar el peligro de una hiper-recesión es menos evidente, pero gravita en el oficialismo como un extraño dogma: los que temen por el daño político del enfriamiento no se han enterado de que buena parte de la sociedad ha protagonizado una conversión casi religiosa. Muchísimos ciudadanos descubrieron que no hay salida fuera del ajuste que producen los mercados para abandonar el descalabro populista. Son los que están dispuestos a acompañar a Milei a pesar de que con su programa los someta a privaciones. Esos argentinos son los que “la ven”. Por lo tanto, todas las métricas de los beneficios y perjuicios de la estrategia económica deben ser recalibradas. Las encuestas parecen dar la razón a esta conjetura: muchísima gente la sigue pasando mal y, sin embargo, el Presidente mantiene sus niveles de consenso. Como si una parte del electorado hubiera decidido sostener una esperanza sobre muy pocas evidencias.
Toda esta argumentación puede ser aceptable, hasta que se la combina con las dificultades prácticas que está exhibiendo la administración. Esas dificultades, que son operativas y conceptuales, amenazan con minar la credibilidad oficialista, que es la piedra angular de cualquier política económica.
¿Cuándo comenzó el ajetreo del Gobierno? Difícil poner fecha. Pero es razonable pensar que aquella conferencia de prensa de Luis Caputo y Santiago Bausili, el 28 de junio, fue un pésimo mensaje. Para la memoria visual de los argentinos, Ministro de Economía y presidente del Banco Central, convocando al periodismo un viernes por la tarde, es síntoma de crisis. En especial si la intención no es divulgar una novedad, sino “ratificar el rumbo”, que es la fórmula con que los funcionarios comunican que no tienen en cuenta los temores de quienes los objetan o critican. Caputo y Bausili se limitaron a anunciar un cambio de acreedor: los títulos que los bancos le habían comprado al Central serían reemplazados por letras emitidas por el Tesoro. Un cambio saludable para todos los manuales. Pero preocupante para un fisco que todavía presenta grandes defasajes.
El lunes siguiente se produjo la disparada del dólar libre, con la consiguiente expansión de la brecha. El Presidente ofreció la explicación oficial del fenómeno: el Banco Macro había intentado dar un golpe de mercado ejecutando parte de su posición de puts por 2 billones de pesos. Ezequiel Carballo operó con toda racionalidad. El Gobierno venía adelantando a los bancos, en otra manifestación de torpeza, que los expondría a una pérdida, limitando el derecho a vender sus bonos a precio nominal, adquirido cuando compraron esos puts. Si quería preservar el dinero que le confiaron los ahorristas, Carballo debía liberarse de esos puts. Es lo que, en parte, hizo. Se puede leer de otra manera: el banquero siguió el consejo que Milei impartió en el Llao Llao cuando conminó a los empresarios a ponerse siempre a salvo de las garras del Estado.
Para comprender mejor el magnetismo que tiene la tesis del golpe para el oficialismo hay que incorporar algunas supersticiones. La más importante: al Macro siempre se lo asocia con Sergio Massa, por la amistad del exministro con el fallecido Jorge Brito. Seis días antes de la acusación de Milei, Guillermo Francos había declarado que “Massa trabaja para generar inestabilidad”. Asociar ambas denuncias es agigantar las capacidades de Massa: sería casi milagroso que, para alcanzar un objetivo político, consiga que Carballo suspenda por un segundo su legendaria frialdad para operar con las finanzas.
Respecto de los puts, hay que reconocer que Carballo tenía razón. El Central, en reuniones de las que participa Caputo, avanzó en negociaciones con los bancos para que renuncien a ejercer ese derecho en plenitud. Es natural: si todos hicieran lo que hizo el Macro, la economía estallaría. Quiere decir que al sistema financiero se le está suministrando en estas horas el amargo jarabe que ya consumieron los generadores de energía, acreedores de Cammesa: resignar parte de lo que se les debe aceptando un bono a largo plazo. Esta decisión no es inocua. Las entidades financieras están pagando varios costos. Entre ellos, como dictaminó la calificadora Moody’s, el cambio en la titularidad del deudor estatal que anunciaron Caputo y Bausili en la extraña conferencia de aquel viernes: como los títulos comprados al Central, que no defaultea, serán reemplazados por letras más riesgosas del Tesoro, la exposición del sistema a una crisis de liquidez tiende a aumentar.
Después de la denuncia del “golpe de Carballo”, la secuencia de fallidos continuó durante el fin de semana pasado. El mismo equipo que recurrió a una conferencia solemne para decir casi nada, prefirió la red X para informar sobre un nuevo programa monetario y cambiario. La primera información la suministró el Presidente durante una entrevista televisiva. Después echó mano del “tuit” para aclarar: el Banco Central ya no agregaría al mercado los pesos que emite para comprar dólares al sector exportador. En adelante, reabsorbería esos pesos ofreciendo dólares en el mercado del contado con liquidación. El ministro Caputo agregó después detalles también a través de X. La justificación de esa mecánica: eliminar los efectos del único motivo que le quedaba al Banco Central para crear moneda.
Los anuncios provocaron una reacción que las autoridades no habían calculado: quienes atesoran bonos en dólares comenzaron a temer que, como el Central sacrificaría parte de sus reservas en el mercado del contado con liquidación, el pago de sus papeles comenzara a peligrar. Por eso el domingo, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, también recurrió a la red X para anticipar que el Tesoro compraría los dólares necesarios para saldar los intereses de bonos que vencen en enero de 2025.
Una fragilidad de esta serie de mensajes es institucional: el único funcionario que debería explicar esas decisiones, Bausili, el presidente del Central, estuvo ausente. Un detalle que hubiera enardecido al Milei de diciembre de 2017, que se enfureció porque la autonomía de ese banco fue afectada con el anuncio de un cambio de política que se le impuso al “Bausili” de aquel tiempo, su amigo Federico Sturzenegger. El Presidente sostiene que con esa novedad comenzó el regreso del kirchnerismo al poder. Pero Caputo, que reemplazó en 2018 a Sturzenegger, ningunea al impecable Bausili sin que se entienda bien por qué.
En la toma de decisiones aparecieron otras fallas. El lunes pasado, también tuiteando, Caputo informó que había desistido de ofrecer los dólares que había comprado en el mercado del contado con liquidación. Es decir, los pesos emitidos no habían sido absorbidos. Instaló de este modo una incógnita importante: ¿quiere decir que el objetivo de esta estrategia no es, como explicó el Presidente, neutralizar la perversidad de la emisión? ¿El objetivo es sólo contener el precio del dólar paralelo para reducir la brecha con el oficial? Esta revelación confirma a quienes creen que, alarmado por el efecto que tiene sobre la inflación del aumento de los dólares libres, el Gobierno decidió suspender por un momento el credo “austríaco” y apelar a manipulaciones de ocasión, al estilo Sergio Massa. Caputo agregó otro argumento: dijo que no había vendido los dólares adquiridos ese día porque deterioraría demasiado las cotizaciones. La pregunta es inevitable: ¿por qué el Gobierno quiere mantener el precio del contado con liquidación en un nivel que tampoco sea tan bajo? ¿Qué es alto? ¿Qué es bajo? Preguntas que enardecerían al anarco-capitalista Milei.
La brecha se abrevió. Los agentes financieros entendieron que Milei y Caputo resolvieron sacrificar un monto, ¿2000 millones de dólares?, de las reservas, para eximirse de una devaluación controlando el tipo de cambio paralelo. Otro desliz en la comunicación: mientras se adopta este criterio, el vocero Manuel Adorni, que es otro de los economistas del gabinete, le explicaba a Luis Majul que el Gobierno no interviene en el mercado cambiario. ¿Fin?
La “solución” a la ampliación de la brecha abrió otros enigmas. ¿Qué disponibilidad de reservas tendrá la Argentina para hacer frente a su deuda? Esa inquietud se manifiesta en el alza del riesgo país. Y se proyecta en una nueva preocupación: el volumen de los vencimientos en dólares que esperan al Tesoro para el año que viene. Esa cuestión desvelaba sólo a observadores muy sofisticados de la peripecia económica. Martín Rapetti, por ejemplo, puso la lupa sobre esos números y detectó que, suponiendo que los compromisos con el FMI y otros acreedores multilaterales se refinancian, en 2025 el país deberá solventar capital e intereses por 15.645 millones de dólares. Ahora, con la suba del nivel de riesgo, se vuelve visible este nubarrón. Es ante este problema que el triunfo de un generoso Donald Trump se vuelve más necesario para el oficialismo.
Por debajo de estas inquietudes opera una pregunta más estructural. ¿Puede el Gobierno relajar la meta de acumulación de reservas y, al mismo tiempo, controlar la brecha cambiaria? Caputo puede contestar que en estos días lo está logrando. A lo Massa. Por suerte es así. Porque, si no lo lograra, es decir, si la brecha volviera a agigantarse por la inconsistencia general del programa, Milei volvería a encontrarse con la misma piedra, el regreso de la inflación, en un trance de mayor debilidad. Es la presunción de quienes “no la ven”.
Es verdad que la reducción de la inflación es el ancla política de La Libertad Avanza. Pero su sacralización cobija un costo paradójico. Al agravar la recesión, hace que los ingresos de Hacienda disminuyan, y amenaza el delicado equilibrio fiscal. Ese frente puede verse afectado por otras complicaciones. Ejemplo: ¿el blanqueo que ayer fue reglamentado prevé que quienes adhieran queden exentos de una investigación por lavado de dinero? Grandes penalistas no se atreven a dar a sus clientes una seguridad total sobre ese peligro.
Si ese centro de gravedad se pone en duda porque la gestión económica comienza a perder credibilidad, cambiarían de significado algunas conductas políticas que hoy parecen más o menos intrascendentes.
Algunas novedades podrían interpretarse como síntomas. Aunque todavía es muy temprano para determinarlo. Por ejemplo, daría la impresión de que Lula da Silva decidió explicitar un conflicto con Milei que su propia cancillería tenía encapsulado. La nueva instancia del entredicho fue abierta por el presidente brasileño cuando dijo “Milei tiene que pedirme disculpas por las tonterías que dijo sobre mí”. Lula sabía que estaba rompiendo un compromiso mutuo de guardar silencio sobre el fastidio personal. Ahora fue más allá: Itamaraty convocó “en consulta” al embajador Julio Bitelli. Es una señal de enojo de Brasil hacia la Argentina. “Tarjeta amarilla”, refieren los voceros del PT. Aun cuando los diplomáticos de Brasilia, siempre sagaces, disimulan esa agresividad diciendo que Bitelli tiene fecha de regreso a Buenos Aires.
Las dificultades con socios políticos indispensables también adquieren otro cariz. La representación no peronista, que antes se articulaba en Juntos por el Cambio, se fragmentó. El aliado más incondicional que encuentra Milei en ese espacio es el Pro. Pero esa alianza comienza a emitir ruidos, sobre todo porque el Gobierno se ha inoculado la rivalidad entre Mauricio Macri y Patricia Bullrich. Esa disputa puede ser trivial, y hasta beneficiosa, en un escenario económico expansivo. Pero introduce una debilidad si se multiplican los signos de pregunta.
Existe otra variable que Milei ha menospreciado: es la de una política de regeneración institucional que se suponía implícita en su denuncia sobre la existencia de una casta. La postulación de Ariel Lijo se ha ido convirtiendo en un emblema negativo. En estas horas, con motivo del 30 aniversario del atentado con la AMIA, está en Buenos Aires una delegación del Congreso de los Estados Unidos presidida por el demócrata Ben Cardin, titular del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. No debería sorprender que Cardin emita un mensaje discreto e informal manifestando la preocupación de que alguien como Lijo llegue al máximo tribunal de la Argentina.
La operación se ha vuelto incierta. El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, declaró que el Senado no debería votar por Lijo ni por Manuel García Mansilla hasta que una ampliación de la Corte permita que también se incorporen mujeres a ese tribunal. El senador formoseño Francisco Paoltroni, de La Libertad Avanza, no sólo adelantó su voto negativo: dijo que el país se divide entre los que adhieren a la candidatura de Lijo y quienes la rechazan.
Las dudas atraviesan también al kirchnerismo. Allí sobran los agravios respecto de Lijo. El primer reproche es por haber intervenido el teléfono de Oscar Parrilli para así escuchar las conversaciones de Cristina Kirchner. Aunque el más duro parece ser el último. Entre los allegados a la expresidenta pesa el malestar por la actitud del juez frente a la denuncia de los diputados nacionales Lorena Pokoik y Juan Marino que, en abril pasado, padecieron consecuencias médicas por la descarga de gas pimienta que recibieron durante una manifestación. Lijo no movió un dedo frente a esa presentación. Entre los seguidores de la señora de Kirchner irritan dos aspectos de esa indiferencia. Uno, que afecte a un par de dirigentes relevantes del sector.
El otro: que, indirectamente, ponga a salvo de cualquier reproche a la titular de las fuerzas de Seguridad, Patricia Bullrich, a quien la vicepresidenta sigue atribuyendo responsabilidad en el atentado contra su propia vida.
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