El ambiente en la Corte Suprema de Justicia este miércoles fue de tensión e incomodidad, según lo relataron varias fuentes que estuvieron presentes en reuniones de alto nivel a EL COLOMBIANO. Tras la publicación de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, en donde se expuso la extensa declaración de Olmedo López al tribunal, este tomó varias decisiones luego de citar a una reunión extraordinaria con toda la Sala de Instrucción.
La Corte movió el expediente en el que se investiga a los congresistas mencionados por Olmedo López y Sneyder Pinilla y lo designó al presidente de la Sala, quien hoy es el magistrado Misael Rodríguez Castellanos. Tras ello, publicó un comunicado deplorando la filtración de la declaración, que es una pieza reservada de una indagación en desarrollo, y anunció la apertura de una investigación al respecto.
Lo más importante de la jornada fue la citación al propio presidente Gustavo Petro para que declare, en tanto que fue él mismo el que nombró a Olmedo como director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. López, sin embargo, ha dicho en todos los escenarios que el mandatario no estaba enterado de los delitos que este y una red de corrupción al interior del Gobierno y el Congreso estaban presuntamente cometiendo.
Pero las revelaciones no pararon ahí. Caracol hizo de nuevo una publicación contundente en donde se mostraron chats de Sneyder Pinilla con tres personas: el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, su asesora, María Alejandra Benavides, y Jaime Ramírez, el enlace de Presidencia con el Congreso y hoy mano derecha de la directora del Departamento Administrativo del Ejecutivo, Laura Sarabia.
En los chats de diciembre, cuando el Ministerio tenía afán por los proyectos para aceptar que el Gobierno accediera a créditos de la nación en el Congreso, Ramírez le escribe a Sneyder Pinilla que el ministro Bonilla está preocupado por la votación.
El 11 de diciembre del año pasado el ministro firmó una resolución en la que se ordenaba el giro de 700.000 millones de pesos de partida presupuestal para la atención de desastres. Pinilla aseguró a la Fiscalía que días después de esa resolución su jefe le envió una matriz en la que se detallaban los proyectos que debían ordenarse por alrededor de 92.000 millones en contratos para Cotorra, Córdoba; Saravena, Arauca; y El Salado en Bolívar.
Los contratos tenían el objeto de realizar obras de mitigación y prevención de riesgo. Lo más grave de la historia es que los proyectos fueron aparentemente definidos por Jaime Ramírez Cobo, el asesor de Sarabia quien para diciembre trabajaba en Presidencia al lado de Carlos Ramón González.
Ramírez le escribió a Pinilla en los chats que este último entregó a la Fiscalía: “Hola Sneyder, cómo estás? Soy Jaime Ramírez Cobo, asesor de Presidencia de la República. Necesitamos de tu ayuda”. Pinilla inmediatamente le responde: “sobre qué tema, dr?” Y Ramírez le contesta que le había enviado un cuadro a la secretaria de López en la UNGRD.
En la conversación Pinilla le explica al joven asesor que ese tema lo debe hablar el ministro del Interior con el director López, pero Ramírez le explica que esos proyectos están relacionados con el Ministerio de Hacienda. Incluso le pide a Pinilla que hablen con el ministro y ante la imposibilidad de la comunicación, finalmente le escribe: “Lo entendemos de verdad, pero se nos van a caer los créditos de la nación. Por eso es la urgencia”. Esta conversación ocurrió el pasado 14 de diciembre.
Este hecho es fundamental porque Ramírez es el mismo alto funcionario que denunció hace varias semanas la existencia de unos chats que lo acusaban de supuestos hechos de corrupción en lo que algunas fuentes de Palacio consideraron como una guerra con fuego amigo. Sin embargo, no es ni la primera ni la segunda vez que aparece el nombre de Ramírez en hechos cuestionables.
EL COLOMBIANO reveló la existencia de esa guerra interna, pero también los detalles del viaje en el avión de la empresa Mile High Jets que pagó el empresario barranquillero David Cure, en el que fueron en noviembre a un concierto de Karol G en Medellín Jaime Ramírez y su pareja Daniela Andrade Valencia, Andrés Sarabia y el presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, también acusado de recibir mil millones de pesos en el escándalo.
Andrade Valencia fue fugazmente vicepresidenta de Contratación de la Fiduprevisora y, como lo aceptó en su momento el expresidente de esa entidad Mauricio Marín a este periódico, Andrade estaba encargada del fondo de la UNGRD, en donde estaban todos los recursos de la institución.
El chat directo del ministro
El ministro Bonilla también le escribió directamente a Sneyder Pinilla ante la ausencia de respuesta de Olmedo López, quien aparentemente tenía comunicación prioritaria con Luis Fernando Velasco. El mismo 14 de diciembre Bonilla aparece diciéndole a Pinilla: “buenas tardes subdirector”. Pinilla le contesta “cómo está dr”, y el ministro de Hacienda de Colombia responde: “preocupado por destino recursos proyectos viabilizados”.
Esa respuesta hace débil la defensa del jefe de la cartera de Hacienda que ha dicho hasta ahora que él no es ordenador del gasto y no firma contratos porque su función es destinar los recursos del presupuesto nacional a todas las entidades. Lo claro es que el enlace de Presidencia con el Congreso, cercano a Laura Sarabia, quien para entonces era la directora del Departamento de Prosperidad Social pero acompañaba al presidente en toda la agenda de Gobierno, estaba presionando junto con el ministro de Hacienda para que la Unidad de Gestión del Riesgo acelerara la contratación de proyectos a tres regiones, porque, según Ramírez, se iban a caer los créditos de la nación. Las evidencias parecen ser contundentes.
Tras esos primeros chats hubo una reunión que Olmedo mencionó a la Corte en la que habría participado el ministro Bonilla. Pinilla habló directamente con el ministro y luego la interlocución fue con María Alejandra Benavides, asesora del jefe de la cartera, que aparece registrada visitando las oficinas de la UNGRD en numerosas ocasiones. “Tenemos los tres proyectos que Jaime les pasó”, le dijo Benavides al exsubdirector de la Unidad. Por ahora la defensa del Ministro de Hacienda sobre esta última publicación al cierre de esta edición fue el silencio. Carlos Ramón González, Jaime Ramírez, y Laura Sarabia tampoco reaccionaron.
Los lazos del Congreso con la corrupción en la UNGRD
Los tentáculos de la presunta corrupción que desangró la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) cada vez más se acercan al Congreso de la República. Justo cuando la Corte Suprema de Justicia recibió de la Fiscalía compulsa de copias por la participación de al menos nueve parlamentarios en las supuestas irregularidades, se conoció la diligencia que rindió el exdirector Olmedo López ante el alto tribunal en la que detalló el modus operandi de cómo se orquestaba la corruptela.
Hoy los ojos están puestos en dos congresistas: el senador paisa Juan Diego Echavarría y la representante por las curules de víctimas Karen Astrith Manrique. Al parecer, según la polémica declaración de López, fueron ellos quienes actuaron como los operadores políticos que permitieron no solo asegurar los recursos desde el Congreso para la UNGRD, sino de viabilizar millonarios contratos que, incluso, habrían terminado en las arcas de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Echavarría es nada menos que el responsable de haber promovido una proposición para que en julio de 2023, en plena discusión de adiciones al Presupuesto General de la Nación, se autorizara una adición de $208.155 millones para Gestión del Riesgo. Según el testimonio de López, la presunta corrupción se fraguó con parte de esos recursos.
“El ministro (de Hacienda, Ricardo Bonilla) había direccionado una cifra importante al Presupuesto de la entidad (…) todo inició con la llegada de ese presupuesto”, admitió López en la versión libre que rindió ante la Corte Suprema, la cual fue revelada por Noticias Caracol.
Llama la atención que esos recursos llegaron a tres meses de las elecciones regionales de octubre pasado, que también habrían sido permeadas por la aparente corrupción. Aunque el proyecto de adición presupuestal fue elaborado por el exministro José Antonio Ocampo, la adición para la UNGRD fue avalada ya bajo el mandato de Bonilla.
Si bien Echavarría fue el impulsor, la proposición de adición fue respaldada por otros congresistas implicados en la trama de corrupción y que hoy están bajo la lupa de la Corte, entre ellos, la senadora Liliana Esther Bitar (Partido Conservador), el representante Wadith Manzur (Partido Conservador) y Juan Pablo Gallo (Partido Liberal).
Manzur –quien es el presidente de la Comisión de Acusación de la Cámara, que investiga al presidente Gustavo Petro–, también fue vinculado por López en el escándalo, así como el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco. “El tema de los carrotanques toca a varios aforados. El presidente de la Comisión de Acusaciones, Wadith Manzur, es uno de los beneficiados de este proceso”, sostuvo en mayo pasado.
Aunque su partido hoy está declarado en independencia, el representante Manzur visitó al menos 15 veces la Casa de Nariño, dos de ellas ya como presidente de la Comisión de Acusación.
Lo cierto es que en la ponencia para segundo debate de adición presupuestal los mismos congresistas destacan que “el ministro Bonilla ha acogido favorablemente muchas de nuestras propuestas y ha expresado su disponibilidad de apoyar la presentación de un pliego que modifica en su totalidad el proyecto inicialmente presentado que, en todo caso, incluye gastos que son viables de financiar”, se lee.
A medida que crecen las voces desde el mismo Parlamento que piden la renuncia de Bonilla, aumentan los interrogantes frente al por qué Echavarría promovió la polémica proposición. Este diario buscó al congresista para entender su versión; sin embargo no hubo respuestas.
El senador liberal hace parte del grupo político del excongresista y excandidato a la Gobernación de Antioquia Julián Bedoya. De hecho, la fórmula de Echavarría en Cámara es la representante paisa María Eugenia Lopera, quien se ha destacado por sus posturas a favor de las iniciativas del Gobierno de Gustavo Petro y quien incluso se hizo célebre por salvar la después fallida reforma a la salud.
El papel de Karen Manrique
En medio de los señalamientos también se hizo célebre otro nombre: el de la representante Karen Astrith Manrique, quien está en representación de las curules de víctimas por el departamento de Arauca. Justamente, la congresistas es señalada por Olmedo López de ser supuesta intermediaria en la celebración de un contrato que habría favorecido al ELN.
Según explicó el exdirector, Gestión del Riesgo direccionó recursos para asegurar que la guerrilla se mantuviera en la mesa de negociación de paz dadas las supuestas dificultades que, aseguraron, les implicó abandonar la práctica del secuestro.
La congresista, de 34 años, es representante por Arauca con una de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz. Nació en el municipio de Tame, Arauca, y es víctima del conflicto armado. Está casada con un empresario que tiene varios contratos en la región.
Incluso, el concejal de Bogotá Daniel Briceño denunció que, entre septiembre de 2023 y diciembre de 2023 –es decir, en plena temporada electoral– se solicitaron $35.631 millones en contratos para Saravena, en Arauca, que presuntamente habrían terminado bajo el dominio del ELN y que habrían sido solicitados por el exsubdirector Sneyder Pinilla.
Una revisión hecha por este diario revela además que Manrique también hizo una controvertida proposición a la adición del presupuesto por $48.000 millones para la UNGRD.
EL COLOMBIANO también buscó explicaciones por parte de la congresista. Tampoco hubo respuesta. Eso sí, se conoció un pronunciamiento en el que la representante señala que “Olmedo López miente, su desespero para ser acogido por un buen acuerdo con la Fiscalía lo está llevando a actuar errónea y mal intencionadamente, estoy segura que la justicia actuará en favor de la verdad”.
El escándalo de la UNGRD parecía haberse apaciguado, pero los hechos indican que, contrario a eso, empezó su momento más difícil para el Gobierno por la mención de altos asesores y ministros cercanos al presidente.
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