La jefa de Estado no habría realizado acciones que terminaran con la fuerte represión policial. Foto: composición de Gerson Cardoso/La República
El Informe de Amnistía Internacional concluyó que la presidenta Dina Boluarte puede ser considerada como autora mediata por las graves violaciones de derechos humanos durante protestas ocurridas en los primeros meses de su gobierno.
El informe ‘¿Quién disparó la orden? Responsabilidad de la cadena de mando por muertes y lesiones en protestas en Perú‘, presentado este jueves 18 de julio, señala que Dina Boluarte mantuvo una coordinación constante con los altos mandos policiales y militares en las fechas de mayor represión y no dio ninguna orden para detenerla.
“Ella sabía lo que estaba pasando y el no haber hecho nada podría llevar a responsabilidades penales”, detalló Madeleine Penman, investigadora de Amnistía Internacional.
Cabe señalar que en la declaración bajo juramento que Boluarte Zegarra dio ante la Fiscalía negó haber tenido contacto con la PNP y las FF. AA.; sin embargo, este testimonio es desmentido por el informe.
“La presidenta no solamente mantuvo una comunicación constante con los ministros y mandos policiales y militares durante los días en los que un número de personas resultaron heridas o muertas en las protestas, sino que, además, decidió ascender a funcionarios que habían tenido roles clave durante el desarrollo de las operaciones”, se explica en la publicación.
Alberto Otárola tuvo un rol protagonista en las decisiones del Ejecutivo
El informe destaca el rol decisivo que tuvo Alberto Otárola, primero como ministro de Defensa y luego como presidente de todo el gabinete ministerial.
En sus apariciones públicas, el extitular de la PCM elogiaba el accionar de la PNP y de las Fuerzas Armadas, a pesar de que el resultado de estas operaciones eran muertes y personas heridas en diferentes lugares del Perú.
“Amnistía Internacional analizó el papel protagonista de Alberto Otárola, quien fungió primero como ministro de Defensa y posteriormente como presidente del Consejo de Ministros, en todo momento tomando un rol público prominente y calificando a la policía y las fuerzas armadas como ‘héroes’ a pesar de que sus operaciones diarias resultaban en múltiples muertes y personas heridas en varias partes del país”, indica.
Presentación del informe que determina las responsabilidades del Ejecutivo en la represión durante las protestas. Foto: Rosa Quincho/ URPI-LR
Se estigmatizó a los manifestantes como terroristas sin tener pruebas
El informe de Amnistía detalla que desde un inicio hubo un discurso desde el Ejecutivo que estigmatizó y acusó a quienes protestaban en contra de Dina Boluarte como terroristas, pese a que nunca se encontró una prueba que certifique eso.
“La presidenta mantiene un discurso estigmatizante hasta la fecha de publicación de este informe, socavando la dignidad de las víctimas, que muchas veces provienen de entornos marginalizados y regiones con una mayoría de población Indígena y campesina”, añade.
Asimismo, el informe revela que la presidenta tomó como referencia los reportes de inteligencia de la PNP, especialmente del COMASENG, en el que se califica a los manifestantes como terroristas.
Sin embargo, esta decisión fue tomada pese a que el director nacional de inteligencia, quien coordinaba a todos los servicios de este sector, se reunió con ella y le informó que no veía necesaria la intervención de las Fuerzas Armadas en las protestas.
Tras esta publicación, Amnistía Internacional recomienda que el Ministerio Público y el Poder Judicial continúen trabajando para determinar las responsabilidades penales.
Por su parte, los familiares de las víctimas de las protestas confirman que participarán en las marchas del 26, 27 y 28 de julio, y solicitan garantías para sus vidas.
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