El eje predominante en la estrategia política de Javier Milei es el que recomiendan todos los manuales de marketing: ser tema de interés para la opinión pública todos los días. Las peculiaridades personales de Milei facilitan el propósito. Pero Santiago Caputo, el “Mago del Kremlin”, las refuerza con un tratamiento obsesivo de la imagen y el discurso del Gobierno.
Entre los recursos más usuales de esa mitología está la agresividad. En el extremo, el odio. Uno de los méritos profesionales del Presidente y su equipo es haber aprehendido el clima de la época. Haber conectado con una parte de la sociedad que se siente víctima del bullying de la dirigencia. Haber capturado la ira de esa muchedumbre para redireccionarla en contra de esa élite caracterizada como “casta”. Ayer hubo otro ejemplo en la catilinaria que lanzó Milei contra los “degenerados fiscales”, acaso los mismos que firmaron el documento tucumano, y el titular de un banco nacional.
Nada demasiado novedoso. En una deliciosa carta al Consejo de Florencia, Maquiavelo ofreció las claves para cualquier conquista: “Hay que halagar a la plebe. Y mostrar a esa plebe lo implacable que se puede ser con aquellos a los que ella atribuye su sufrimiento”. En términos clásicos, demagogia.
Este procedimiento convive, desde la llegada al poder, con otro: la construcción de un consenso alrededor de la solemne jefatura de Milei. Es lo que se quiso materializar en la escenografía montada en Tucumán para la firma del Acta de Mayo. La disposición de las personas y los símbolos obedeció a la imaginación híper detallista de Santiago Caputo. Banda presidencial, bastón de mando, organización simétrica de la concurrencia. Todos vestidos de negro, como en El Entierro del Conde de Orgaz. Una pena que Maximiliano Pullaro machacara con su disidencia de traje gris, camisa gris, corbata gris. El sol de ese sistema, Milei, es instalado en una perspectiva que parece imitar el protocolo de Nayib Bukele.
Este número vivo montado en Tucumán alcanza en las redes sociales del oficialismo dimensiones megalómanas. Una buena demostración es la cuenta Red (@SnakeDocLives), atribuida al joven Caputo. ¿Cómo saber si es su titular? Imposible. Aunque haya detalles que sugestionen. Por ejemplo, el 26 de junio un ciudadano, dirigiéndose al Presidente, recomendó echar al secretario de Agricultura Fernando Vilella, por el daño que estaría ocasionando al Gobierno. Red respondió de inmediato: “Tomado”. Ayer a Vilella se le cumplió el tuit. O el X. Un nuevo ejemplo de consideración por los recursos humanos. Vilella fue reemplazado por Sergio Iraeta. Otro avance de los Caputo sobre el organigrama del Gabinete. Iraeta es pariente de Juan Pazo, secretario de Desarrollo Productivo y mano derecha de Luis “Toto” Caputo. Pazo ha sido en la actividad privada el responsable de un fondo de inversión ligado al negocio agropecuario, activísimo en los últimos meses: Invernea. Su socio en Invernea es Estanislao Iraeta, hijo de Sergio.
Caputo, el joven, confía mucho a la administración de las redes sociales. En cada ministerio le reporta un funcionario dedicado en exclusiva a ese control, que acaba de extenderse hasta el Congreso. La supuesta cuenta de Caputo reproduce una estética con rasgos infantiles, cercana al cómic. Allí el Presidente es retratado como un león gigantesco, cabeza de un imperio, al que se saluda con un “Ave Milei”. También se lo caracteriza como “El Restaurador”. Eso sí: de la libertad. Un Rosas benigno. Una exaltación que hace juego con el video publicado por Santiago Oría, director de Realizaciones Audiovisuales de la Presidencia, en el que se filmó el desfile militar del 9 de julio desde las alturas, con una cita de la Marcha de San Lorenzo: “Y la voz del gran jefe a la carga ordenó”. ¿Quién será ese jefe? ¿Javier o Karina?
La exaltación de la personalidad del líder y del poder del Estado hacen dudar de la verdadera vocación anarco-liberal del grupo gobernante. Y parecen contradecir la campaña contestataria que impugna a la “casta”. Nimiedades. “El Mago” sabe que la fragmentación de las audiencias permite emitir mensajes contradictorios para distintos nichos, sabiendo que la convergencia sólo se verificará en la urna. Por otra parte, las mismas multitudes ofendidas por la política pueden encantarse ante la propuesta de un caudillo poderoso que las rescate de esa humillación. La historia se ha cansado de reproducir esa alquimia autoritaria.
La representación del consenso en Tucumán es una de las caras del experimento Milei. Y es uno de sus momentos. Analistas como Hugo Haime o Alejandro Catterberg están asombrados por la estabilidad de la adhesión al Presidente. Hay un piso y un techo bastante inamovibles. Pero comienza a detectarse que la brecha entre Milei y su gestión es cada vez más amplia. Aun muchos de sus seguidores expresan que él tiene muy buenas ideas pero que no tiene capacidad para ejecutarlas. La aprobación de la Ley Bases y del paquete tributario agudiza esa demanda de implementación. En el oficialismo advierten que, al haber utilizado la demora del Congreso como la excusa de que “no podemos hacer nada”, se creó la sensación de que, ahora que se aprobaron las dos leyes, “se puede hacer todo”.
El cuadro de Milei rodeado de numerosos jefes provinciales en Tucumán pretende responder a este problema. Caputo buscó imprimir una épica inesperada al mantra de Horacio Rodríguez Larreta: para encaminar a la Argentina se necesita articular al 70% de la dirigencia. No es la única contribución del larretismo a las Fuerzas del Cielo: también está Luis Caputo que, como diría el inigualable Tato Bores, venía ganando con Larreta y terminó ganando con Milei.
El Acta de Mayo es una demostración de que La Libertad Avanza puede gobernar. El mensaje es relevante en el actual cruce de caminos. Milei sigue siendo, sobre todo para su electorado más fiel, el vencedor de la inflación. Mañana, cuando se publique el nuevo índice, tal vez se advierta que la desaceleración de los precios se está moderando. Pero el activo político que significa para el Presidente haber puesto un freno a esa carrera sigue siendo un bien inapreciable. ¿Se verá erosionado por un relevo en las preocupaciones? Aquí hay una incógnita importante: cuándo comenzará a dañar al Gobierno el derrumbe productivo y el aumento del desempleo. Esos desvelos ya aparecen en las encuestas, pero no impactan en la política. Es posible que Milei, que nada en un mar interminable, sin competidores, siga teniendo mucho margen.
En el centro de este cuadro está el gran enigma de la economía. ¿Cuál será el régimen cambiario y monetario en el que terminará encarrilándose la vida material? Milei ayer agigantó el misterio: cuando la inflación se parezca a cero, dijo. Esta es otra contradicción oficial. Los legionarios de la libertad de mercados mantienen intervenida por el Estado una variable estratégica como es el tipo de cambio. Ese inconveniente fue agravado por el propio oficialismo. El último informe de los técnicos del Fondo Monetario Internacional consignó que en junio se terminaría con la doble liquidación de exportaciones, 80% con la cotización oficial y 20% con la de contado con liquidación. Y también aseguró que el Gobierno iría cuanto antes a un esquema de flotación como el que rige en Perú o en Uruguay. Esas afirmaciones no se podrían haber publicado sin la aceptación, e inclusive la autoría, de Luis Caputo y Santiago Bausili. Pero ambos funcionarios aparecieron en público para desmentir esas promesas. Una ceremonia contraproducente, a pesar del control minucioso del “Mago”. Este miércoles, Milei agregó más humo al horizonte. Acusó a los “degenerados fiscales” de alterar el precio del dólar. Y cantó victoria por haber derrotado desde el sector público los movimientos especulativos de un “banco golpista” al que no identificó. En el entorno de Milei sí le ponían nombre y apellido al acusado: sería Jorge Brito, del Banco Macro. Hace juego con la denuncia que Guillermo Francos, el jefe de Gabinete, formuló hace pocos días: “Sergio Massa está alentando el helicóptero”. TMAP, diría Santiago Caputo. O su avatar.
Este paisaje dominado por preguntas estratégicas no es el mejor entorno para una recuperación del nivel de actividad. Por lo tanto, la respuesta de gestión que están esperando los agentes económicos deberá ubicarse en otro andarivel. Aquí está la razón por la cual el Gobierno está tan ansioso por concretar alguna privatización. Juan Pazo acelera la venta del paquete accionario estatal de Impsa, el conglomerado de la familia Pescarmona. La compañía, presidida hoy por Horacio Chighizola, tiene participación accionaria de la Nación y de Mendoza. Es una consumidora insaciable de recursos. La privatización sigue un trámite sui generis: el Gobierno negocia con un misterioso grupo venezolano, respaldado por capitales de los Estados Unidos, que presentó una oferta para adquirir el activo de los estados, federal y provincial. Cuando se termine de definir esa propuesta se abrirá un período de 60 días por si aparece un competidor. La jugada tiene un costado geopolítico. Había empresas chinas interesadas en Impsa. Los norteamericanos contaban con esa información y, según versiones muy confiables, es una de las razones por las cuales mostraron interés. La empresa es proveedora del ejército de los Estados Unidos. ¿Aparecerán los chinos cuando se abra la posibilidad de competir? Es posible que choquen contra una pared. La perspectiva de un triunfo de Donald Trump acentúa el alineamiento de Milei con Washington. Aunque el final de esa disputa está todavía abierto: no debería descartarse que el próximo fin de semana Joe Biden sea reemplazado por Kamala Harris en la carrera hacia la Casa Blanca.
Milei y su equipo profesan un economicismo tranquilizador. Es el que les permite desentenderse del impacto que los desaguisados institucionales tienen sobre la economía. En el centro de todos está la escandalosa postulación de Ariel Lijo para la Corte Suprema de Justicia. Esa candidatura sigue sufriendo todo tipo de accidentes. Juan Manuel López, presidente del bloque de diputados de la Coalición Cívica, se dirigió ayer al kirchnerista Héctor Recalde para reclamar que se resuelvan los pedidos de sanción que pesan sobre Lijo en el Consejo de la Magistratura, donde está acusado de numerosas irregularidades. Una de esas denuncias proviene de María Emilia Villar, secretaria general del sindicato de Pasteleros de la Patagonia. Villar acusa a Lijo de una sospechosísima demora en la investigación de Luis Ramón Hlebowicz, secretario general de ese gremio a escala nacional. Hlebowicz está acusado de falsificar varios balances de su organización y también de la obra social de la actividad. Además de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Las pruebas serían numerosas y estarían avaladas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Pero alguna razón paraliza a Lijo en este caso. O muchas razones.
La postulación de este juez, tan controvertido, sigue agitando la vida interna de la comunidad judía. No sólo los expresidentes de la DAIA han reprochado a su actual titular, Jorge Knoblovits, una adhesión de la institución a la candidatura de Lijo, sin consulta previa. Este miércoles, un reconocido dirigente comunitario, Adrián Moscovich, que se postula para presidir la DAIA en el próximo período, se dirigió a Knoblobits para recordarle que, siendo secretario general de la entidad, él mismo denunció a Lijo por habilitar un partido político nazi. Mientras Knoblovits se expone a estas reprimendas por su proximidad con Lijo, las autoridades de la AMIA recibieron ayer al presidente de la Corte, Horacio Rosatti, como parte de una agenda que tendrá desenlace el jueves de la semana próxima, cuando se conmemoren los 30 años del salvaje ataque terrorista a la sede de esa mutual.
La candidatura de Lijo recibe cada vez más impulso por parte del Gobierno. Una demostración más de que la saga contra la casta es un esfuerzo de marketing cargado de cinismo. El responsable de que Lijo llegue a la Corte es también Santiago Caputo, quien controla el Ministerio de Justicia a través de su íntimo amigo Sebastián Amerio. Los principales responsables de la Comisión de Acuerdos ya recibieron la instrucción de Amerio para que el pliego de Lijo se trate antes del de Manuel García-Mansilla. Es decir, que se discutan en el orden inverso al de su ingreso a la Cámara. El propósito no está claro. Pero muchos legisladores presumen que Milei ha desistido de cumplir con el plan inicial: o son los dos, Lijo y García-Mansilla, o ninguno. Ahora podría ser votado Lijo y García-Mansilla quedar fuera del camino por no tener apoyo suficiente. La principal objeción para avalar a García-Mansilla es que “no es mujer”. Como si Lijo lo fuera. Para no dar por liquidada su candidatura, la Casa Rosada comenzó a imaginar una ampliación de la Corte. En las nuevas bancas podría incorporarse alguna mujer. TMAP.
La senadora Guadalupe Tagliaferri, presidenta de la Comisión, sinceró este miércoles su voto delante de varios interlocutores. Ella se había prometido a sí misma formarse un criterio durante las audiencias, para después decidir. Pero la ansiedad pudo más y ya reveló que votará a Lijo. Ha de ser una forma de que su partido, Pro, recupere esa identidad que ella ha dado por perdida, según declaró el lunes en LA NACION. La posición de Tagliaferri fue muchas veces adjudicada a su proximidad con Rodríguez Larreta. Pero el exalcalde porteño habría comunicado a los interesados que él no avala a Lijo. Reticencias como la de Larreta tienen indignada a la novia del juez, Genoveva Ferrero. Intrépida funcionaria porteña, “formada” por el recaudador de todas las campañas, Edgardo Cenzón, Ferrero se habría comunicado con varios indecisos para preguntarles si han meditado sobre las consecuencias de enfrentarse a la Justicia Federal. Habladurías.
Varios senadores presumen que el voto de Tagliaferri adelanta el de su principal aliado, Martín Lousteau. El presidente del radicalismo ha estado en estos días muy empeñado en un objetivo familiar a la carrera de Lijo: capturar una silla en la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Seguridad e Inteligencia. Logró desalojar de ese equipo a la mendocina Mariana Juri, cuyo nombre había sido comunicado por la UCR para esa función. El ingreso de Lousteau a la comisión que controla a la AFI se potencia con el de Mariela Coletta, quien ocupará un lugar como diputada. Lousteau y Coletta responden a Emiliano Yacobitti, siempre próximo al tenebroso Antonio Stiuso y a su secretario privado, Lucas Nejamkis, uno de los “punteros” de Lijo. Sergio Neiffert, el titular de la AFI, y su jefe, Santiago Caputo, han de estar tranquilos. Nejamkis les ofreció protección. Dios los libre y los guarde.
La Justicia y la política tendrán otro cruce este viernes en el juzgado de María Servini de Cubría. Allí concurrirá Federico Clerc, el secretario de la jueza María Eugenia Capuchetti. Debe declarar por la extraña peripecia del teléfono celular de Fernando Sabag Montiel, el “copito” que intentó asesinar a Cristina Kirchner. Aquel 1 de septiembre ese aparato marca Samsung, fue capturado por militantes de La Cámpora, que lo entregaron a la Policía Federal. En la madrugada del 2, un agente de esa fuerza, el cabo Alejandro Heredia, lo bloqueó en el intento de extraer la información que contenía. Heredia pertenecía al equipo de cibercrimen, es decir, era un experto en operar en redes digitales. No en manipular dispositivos electrónicos. Una vez que lo bloqueó, el personal del juzgado guardó el teléfono en la caja fuerte. De allí salió a las 11 de la noche hacia la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Agentes de esa fuerza aseguran que lo recibieron roto. Aun así, intentaron exhumar los datos que atesoraba y, en el intento, lo resetearon hasta inutilizarlo.
Servini debe examinar la conducta de Clerc y, por derivación, de su colega Capuchetti. No ha de ser del todo cómodo para ella. Porque en el juzgado de Capuchetti está asentada una denuncia incomodísima para Servini. Un ciudadano, que se llamaría Santiago Alejandro Bidegain, se presentó diciendo que cree ser hijo de desaparecidos. Y que, en 1977, siendo bebé, fue entregado a quienes lo criaron por la entonces jueza de menores Servini, esposa del brigadier Juan Cubría. El verdadero padre de Bidegain se llamaría Javier Matías Darroux.
El fiscal que interviene en el caso del teléfono, y estará mañana en la audiencia, es el controvertido Ramiro González. El mismo fiscal que debe investigar a Servini por un presunto crimen de lesa humanidad.
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