La consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha insistido al Gobierno de España que apruebe un decreto ley para que la acogida solidaria de los menores extranjeros no acompañados por parte de las comunidades autónomas se haga de manera inmediata.
“Canarias necesita una respuesta ya. No podemos seguir soportando solos esta situación y necesitamos una respuesta. La necesitamos ya”, ha manifestado Candelaria Delgado en declaraciones a los medios tras la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, celebrada en Santa Cruz de Tenerife, donde todas las comunidades autónomas han acordado el reparto de 400 menores acogidos en Canarias (300) y Ceuta (100).
La consejera ha valorado la solidaridad que han mostrado el resto de comunidades autónomas con Canarias pero considera que este plan de derivación “no sirve” porque supone “un parche” para la situación que ahora vive el archipiélago, que en estos momentos acoge a alrededor de 6.000 menores.
Delgado insistió en que la solución para esta problemática es la aprobación por el Estado español de un decreto ley que permita “actuar ya”, pues los servicios jurídicos de las comunidades autónomas aún tienen que estudiar el texto de la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería para presentar sus alegaciones.
Una urgencia que contrasta con los mensajes que desde anoche han lanzado otras comunidades autónomas a cuenta del reparto.
Las más suaves han sido Aragón y Extremadura así como las comunidades que controla el PSOE. La consejera de Salud y Servicios Sociales de Extremadura, Sara García Espada, ha declarado este miércoles la “oposición frontal” de su comunidad autónoma a que se haga un reparto de menores “singularizado, no consensuado e impuesto como proponen algunas comunidades autónomas”, y ha dicho que acogerán a los 30 niños previstos en el acuerdo de 2024.
A su juicio, aceptar a 30 menores en 2024 -Canarias tutela más de 6.500- les convierte en una comunidad “solidaria” y demuestra que Extremadura “responde ante una necesidad urgente y vital” al aceptar el reparto. “Pero eso no nos exime de elevar al Gobierno central y exigirle responsabilidades en cuestión de política migratoria efectiva. Deben hacerse uso de los mecanismos europeos para el control de fronteras, como ya han hecho otros países y debe haber responsabilidades en la consignación presupuestaria”, ha ahondado la consejera extremeña.
Por su parte, el Gobierno aragonés ha aceptado este miércoles la acogida de 20 menores no acompañados de los 347 que recoge el acuerdo planteado por el Ejecutivo central. Para asumir la acogida de estos 20 menores migrantes no acompañados, Aragón recibirá una financiación de 1 millón de los 20 acordados para todas las regiones, a excepción de País Vasco y Navarra, tal y como establece el mecanismo que rige el Plan de Respuesta pactado con las autonomías en 2022 ante la crisis migratoria, cuyos efectos padecen Ceuta y las islas Canarias.
Así, el Gobierno de La Rioja ha reclamado al central una política de inmigración basada en “la seriedad, la responsabilidad y la planificación”, ya que “no se puede improvisar cuando estamos tratando de atender a menores de edad”. La Rioja, que ya tiene acogidos a 9 menores migrantes no acompañados, alojará a otros 4. Estos 4 menores se sumarán a los otros 4 que La Rioja acordó acoger en 2023 y para los que aún el Gobierno de España sigue sin fijar fecha de llegada a esta comunidad.
La consejera de Educación Social, Juventud, Familias e Igualdad de Andalucía, Lole López, ha acusado este miércoles al Gobierno central de “irresponsabilidad y falta de humanidad” por “meter 454 menores por la puerta de atrás” en su región, a los que se atiende “a pulmón, sin un solo céntimo por parte del Gobierno de España” a pesar de ese fondo común.
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León, Isabel Blanco, ha reclamado al Gobierno central un mayor control de fronteras y que involucre a la Unión Europea en la política migratoria. Sin embargo, la región ha votado a favor de acoger a los 21 migrantes que le corresponden en el plan de respuesta aprobado en el año 2022 porque “es una comunidad solidaria” y ha dado cumplimiento a sus compromisos.
Una de las comunidades que más ha rehusado a acoger a estos menores ha sido Murcia, que ha asegurado que la región está “colapsada, sobreocupada al 200 % por la llegada continua de embarcaciones a sus costas y sin capacidad para acoger a más”.
La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, ha señalado en un comunicado que “cumplirá exclusivamente con el acuerdo adoptado en 2022” y no apoyará la reforma de la Ley de Extranjería “por la improvisación del Ejecutivo central y la falta de políticas migratorias”
Ruiz ha pedido “solidaridad con la Región de Murcia” al considerar que la situación que está viviendo en estos momentos “es más similar a la de Canarias que al resto de territorios de la península”, cuando la primera acoge a 235, “una cifra 14 veces mayor a la propuesta por el ministerio y que cuesta a las arcas regionales alrededor de 1,3 millones de euros mensuales”, y la segunda a 5.500.
En cuanto a Cataluña y Euskadi, los primeros han avanzado que no puede avalar la propuesta de reforma de la Ley de Extranjería indicaban que es un sistema de reparto “fake”, que no corresponde a la realidad.
“Parcheo” ha sido la palabra utilizada por el Gobierno Vasco mostrando su negativa a la propuesta. Su consejera del ramo ha indicado a la prensa que se propusieron soluciones al Gobierno como la puesta en marcha de un plan de contingencia que evitara la vulneración de los derechos humanos de los menores y que incluya, al menos, cuatro elementos: una planificación, una previsión de posibles escenarios diferentes, una serie de indicadores que permitan evaluar las actuaciones desarrolladas y una memoria económica. “Cerramos una vez más una conferencia mal. Es un cierre en falso. Así no se hacen políticas de migración”, inidicaba calificando de “parche” lo acordado.
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