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La Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, que reúne a los responsables en la materia del Gobierno, las comunidades autónomas y la Federación de Municipios y Provincias, se reúne este miércoles en Tenerife para abordar el reparto de menores migrantes no acompañados con las comunidades autónomas. De momento, solo siete comunidades autónomas han confirmado la presencia de sus consejerías.
Los recursos asistenciales en Canarias están sobrepasados desde hace meses, con más de 5.500 menores tutelados por las islas actualmente debido a la llegada de inmigrantes al archipiélago en pateras y cayucos. Tanto el gobierno de las islas como el central abogan por la reforma de la Ley de Extranjería como una medida que garantice una distribución entre los territorios equitativa y más rápida de lo que se había hecho hasta ahora y que no ha funcionado.
La reunión está marcada por la polémica tras el ultimátum de Vox al PP. Los de Abascal amenazan con dar por “rotos” todos los pactos autonómicos con el PP si desde los Gobiernos autonómicos en los que participan no utilizan “todos los medios políticos y legales” para evitar la distribución de menores migrantes.
Abascal ha vinculado a los menores migrantes con el aumento de la delincuencia y de la “inseguridad” en la ciudadanía, y ha señalado que su partido no quiere ser cómplice de los “robos, machetazos y violaciones”.
A su juicio, la política migratoria impulsada por PP y PSOE es la que hace aumentar la inmigración “masiva” e “ilegal” y, por tanto, no van a “colaborar con la estafa de la dirección nacional del PP y del señor Feijóo a sus propios votantes”.
Sin embargo, el PP, a través de su portavoz nacional, Borja Sémper, ha pasado por alto estas amenazas. Si bien no ha aclarado si apoyará cambiar la ley de extranjería, sí ha defendido una acogida solidaria, siempre que esté acompañada de financiación suficiente. Sémper le ha pedido al Gobierno “acordar, y no imponer, un sistema de reparto acorde con las capacidades” de los territorios.
Algo que la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha valorado positivamente. No obstante, ha advertido que habrá que ver con lo que se encuentra el Gobierno en la Conferencia Sectorial.
Adolescente, varón y de Senegal, Mali, Gambia o Marruecos
Canarias tutela a algo más de 5.500 menores llegados en pateras y cayucos, en su mayoría varones adolescentes procedentes de Senegal, Mali, Gambia y Marruecos, seguidos, de lejos, por Guinea-Conakri y Mauritania.
La gran mayoría (el 94%) son adolescentes de 12 a 17 años. Otro 5% tiene de siete a once años y un 1% son pequeños sin familiares directos en España que tienen seis años o menos.
El 95% de los menores solos que tutela Canaria son varones, mientras que solo un 5% son niñas. Es un porcentaje idéntico al peso total que la mujer (adulta o menor) tiene en este momento en la llamada Ruta Canaria, con 1.013 de las 19.119 llegadas en el primer semestre del año a las islas (5,35%), según datos de Cruz Roja.
El 51,6% residen en centros de la provincia de Las Palmas y el 48,4%, en la de Santa Cruz de Tenerife. El Gobierno de Canarias no facilita datos por islas, pero las dos de mayor población (Gran Canaria y Tenerife) son las que más recursos tienen abiertos.
Todos los menores que tienen menos de 16 años (edad que marca el final de la educación obligatoria en España) están matriculados en la educación reglada. A los que tienen más de 16 años se les ofrecen cursos de formación profesional o ciclos formativos. Además, todos tienen que recibir en sus centros de residencia clases de español.
Solo cuatro comunidades autónomas cumplieron el pacto de 2023
Las comunidades autónomas comprometieron en 2023 a acoger a 396 menores migrantes no acompañados, pero solo cuatro regiones han cumplido con este acuerdo: Andalucía, Aragón, Asturias y Navarra, las cuales, no obstante, tampoco han alcanzado el total acordado, según datos facilitados a Efe por el Gobierno.
Concretamente, Andalucía acogió a 30 menores que venían de Ceuta, mientras Aragón y Asturias hicieron lo propio con 16 niños cada una, provenientes de Canarias, y Navarra se ha comprometido a trasladar a 5 más a finales de julio.
No obstante, estos datos están por debajo de la cifra que deberían haber alcanzado dichas regiones para cumplir con las plazas acordadas el año pasado en el marco del mecanismo vigente hasta ahora para la distribución de menores migrantes desde zonas con los recursos más tensionados, un sistema basado en la solidaridad que fue aprobado por las comunidades en Conferencia Sectorial en 2022.
Según el recuento oficial, Andalucía tendría que haber hospedado a 36 menores y Aragón a 24, es decir, la primera ha acogido a 6 niños menos de los que debería, mientras que a la segunda le faltan ocho. Por su parte, Asturias tenía previsto hacerse cargo de otros 32 y Navarra de 17, por lo que a estas regiones les faltarían 16 y 12 niños, respectivamente, por acoger.
Entre las regiones que no recibieron a ningún menor están Cataluña y Madrid, a quienes correspondían el mayor número de niños, con 33 y 34, respectivamente.
Disparidad de opiniones en las comunidades
La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad del Gobierno de Andalucía, Loles López, ha anunciado que su comunidad dirá sí al nuevo reparto de menores migrantes no acompañados “si hay financiación y tiempo” para buscar los recursos, y ha exigido al Gobierno central que ejerza sus competencias.
López ha censurado que Rego haya insinuado, a su juicio, que Andalucía no es una tierra solidaria en esta materia, algo que ha calificado de “rotundamente falso”.
La Generalitat de Cataluña instará al Gobierno a modificar su propuesta de reparto “solidario” de los menores. “El conseller de Derechos Sociales, Carles Campuzano, instará al Gobierno español a modificar su propuesta de distribución de los jóvenes migrantes para que se reconozca aquí también la singularidad de Cataluña“, ha explicado la portavoz del Ejecutivo catalán, Patricia Plaja.
El gobierno de Aragón ha recordado que su sistema de atención se encuentra al 128,85% de su capacidad, con 309 menores en acogimiento residencial, de los cuales 134 son menores migrantes no acompañados. De estos, 24, de los que ocho aún no han llegado, forman parte del reparto acordado con las comunidades autónomas para 2023. Además, señalan que el Ejecutivo central solo financia el primer año de atención y estancia de los menores migrantes, y el resto de ese proceso, en ocasiones hasta los 23 años, lo financia el gobierno regional.
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