El recién pasado sábado, efectivos policiales llevaron a cabo allanamientos en cinco comunas de la región Metropolitana. Una de ellas es Estación Central, donde, al interior de la Villa Francia, se encontraron armas y artefactos explosivos. Todo esto ocurrió en medio de un nuevo aniversario de la muerte de Luisa Toledo, la madre de los hermanos Vergara Toledo,
La exconstituyente y abogada defensora de los imputados por las armas encontradas en el operativo realizado en Villa Francia, María Rivera, lamentó la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago, donde se declararon legales las detenciones.
Cabe recordar que el recién pasado sábado, efectivos policiales llevaron a cabo allanamientos en cinco comunas de la región Metropolitana. Una de ellas es Estación Central, donde, al interior de la Villa Francia, se encontraron armas y artefactos explosivos.
Todo esto ocurrió en medio de un nuevo aniversario de la muerte de Luisa Toledo, la madre de los hermanos Vergara Toledo, lo que significó un montón de cuestionamientos desde algunos sectores oficialistas, especialmente desde el Partido Comunista.
En el marco del operativo, en la Villa Francia se allanó el comedor popular Luisa Toledo, la Radio Villa Francia, donde se encontraron algunas de las armas, y diversos domicilios. Del total de catorce detenidos, el 6° Juzgado de Garantía de Santiago declaró la ilegalidad de nueve de ellos.
Así, durante la tarde del recién pasado martes, la Corte de Apelaciones declaró las detenciones como legales, por lo que doce de los catorce detenidos quedaron en prisión preventiva y los otros dos con arresto domiciliario nocturno.
“Lamentamos la presión política conocida por todos”
Frente a esta decisión, la abogada defensora María Rivera sostuvo que “es lamentable. Lamentamos que la presión política conocida por todos, en todos los medios de comunicación, haya llevado a revocar la resolución. Vamos a demostrar que nuestros defendidos nada tienen que ver con las armas encontradas en la Radio Villa Francia”.
Por su parte, desde la Fiscalía Metropolitana Sur, el fiscal Claudio Orellana, aseguró que “sí existen, en primer lugar, antecedentes que justifican la existencia de los delitos por los cuales se formalizó. En segundo lugar, que también existen antecedentes que permiten presumir fundadamente la participación de los nueve imputados en el delito formalizado”.
Además, ante los cuestionamientos por el operativo y la solicitud de mostrar las imágenes de cómo se llevó a cabo, respondió que Carabineros no tenía la obligatoriedad de llevar cámaras y grabar.
Así, la investigación rotulada por artefactos explosivos e infracciones a la Ley de Armas quedó con un plazo de 90 días, para realizar la diligencias correspondientes.
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