Profundización de crisis humanitaria y aumento de la inseguridad, las alertas en Colombia por cierres de Panamá en el Darién

“Panamá no será más un país de tránsito para los ilegales. No permitiré complicidades locales”. Estas palabras del nuevo presidente de Panamá, José Raúl Mulino, durante su discurso de posesión el pasado 1 de julio, fueron la antesala a las primeras medidas anunciadas por su gobierno para erigir mano dura contra la inmigración irregular en el tapón del Darién, las cuales han prendido las alertas por el posible recrudecimiento de la crisis humanitaria en los municipios de Colombia que son corredores de paso para cruzar esta selva.

El mismo día en que se posesionó la nueva administración, se firmó con Estados Unidos un memorando de entendimiento con el que la Casa Blanca “se compromete a cubrir el gasto de la repatriación” de inmigrantes indocumentados que llegan al país centroamericano cruzando el Darién. Seis millones de dólares fueron destinados por parte de EE.UU. 

Apenas dos días después, el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) de Panamá emitió un comunicado anunciando el cierre de tres pasos de uso frecuente por quienes hacen el tránsito desde territorio colombiano por el Darién con una “barrera perimetral” para “canalizar” el flujo sobre esta ruta irregular que entre enero y junio de 2024 han utilizado 194.747 personas, de acuerdo con datos de la Operación Flujo Controlado de Migración Panamá. Las proyecciones de Unicef calculan que, al ritmo actual, unas 800.000 personas podrían cruzar la selva este año.

Aunque expertos señalan que es improbable que esta política se aplique, desde medios locales panameños ya se habla de la instalación de vallas de alambres de púas. Incluso, servidores públicos de la Defensoría del Pueblo, en función de su rol misional, estuvieron en la vereda Astí, uno de los puntos fronterizos con Panamá. Allí evidenciaron cómo la instalación de una cerca con alambre de púas, de aproximadamente 80 metros de longitud, impide el paso a pie por el camino que conduce a territorio rural del país centroamericano.

Ante este panorama, desde organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo advierten aumentará el represamiento de personas en los municipios colombianos receptores de inmigrantes, concretamente en los cascos urbanos de Turbo, Necoclí, Acandí y Unguía, pueblos que forman parte de la subregión del Urabá antioqueño y chocoano.

“El país no está preparado para atender una crisis así. Se aumentaría la confrontación entre migrantes y comunidades locales y se expondría a los migrantes que duermen en la playa a mayores abusos, incluyendo la violencia sexual”, aseguró en diálogo con este diario Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch (HRW).

Javier Sarmiento, procurador delegado para los Derechos Humanos, indicó que los efectos a corto plazo incluyen también el aumento de enfermedades y desnutrición. Y es que, en Necoclí, por ejemplo, el hospital municipal embargó las cuentas de la alcaldía por deudas que superan los 800 millones de pesos por la atención a esta población desde 2020.

“Para la Procuraduría General de la Nación es profundamente preocupante estos anuncios. Implicaría que se agudiza la crisis humanitaria en los municipios de Necoclí, Acandí y Turbo”, dijo el funcionario.

“Se traduciría en falta de acceso a agua, alimentos y asistencia médica. También podrá generar afectaciones ambientales por el paso de los migrantes en zonas protegidas causando daños a ecosistemas sensibles e incluso problemas de salud pública”, manifestó Rodrigo Tannus, experto en migración.

En mayo, el promedio diario de inmigrantes irregulares que llegaron a estas zonas con la intención de atravesar la frontera selvática de 266 kilómetros de largo y 575.000 hectáreas de superficie fue de 900 personas. En la Procuraduría se tienen registros de picos en los que se ha llegado hasta los 3.000 inmigrantes.

Desde el Consejo Comunitario de la Cuenca del río Acandí afirmaron que, pese a que la situación en este momento es de normalidad, es posible que los próximos días se complique la estadía de esta población en municipios como Acandí y Capurganá.

Emigdio Pertuz, representante legal del Consejo Comunitario de la Cuenca Río Acandí, Cocoma Norte, puntualizó que mallas no están resultando efectivas. “Los caminos que teníamos nosotros como nativos, tradicionalmente que no tienen nada que ver con migrantes, se nos está impidiendo el tránsito normal. Y además, lo que ha sucedido es que los migrantes simplemente lo hacen en que cortan los árboles, lo colocan sobre el alambre y pasan sobre los árboles. Entonces, esa malla no está impidiendo absolutamente nada, lo que está generando es más riesgo”.

En ese sentido, la directora de HRW expresó que un segundo problema será la presión a la que serán sometidos los inmigrantes para tomar otras rutas todavía más arriesgadas: “Lo más probable es que los migrantes sean empujados a pasos aún más peligrosos y costosos por la costa pacífica. Esto ampliaría los riesgos para los migrantes y seguramente violaría las obligaciones internacionales de Panamá en materia de refugio y asilo”, enfatizó.

Estas nuevas rutas serían exploradas por el ‘clan del Golfo’, la estructura criminal que de acuerdo con el más reciente informe de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), mantiene el monopolio de la actividad ilícita sin un verdadero competidor. Con dicho control, que incluye el transporte en barco, la organización obtiene entre 160 y 400 dólares estadounidenses por persona y el estudio indica que las ganancias que extraen de las personas migrantes son actualmente, junto con la cocaína y la extracción ilícita de metales preciosos, la principal fuente de ingresos.

El país no está preparado para atender una crisis así. Se aumentaría la confrontación entre migrantes y comunidades locales y se expondría a los migrantes que duermen en la playa a mayores abusos: Humans Rights Watch

“Cuando se cierran algunas puertas de entrada oficiales o no oficiales, rápidamente se abren muchos más puestos clandestinos, más difíciles de interceptar, con una serie de agravantes para el medio ambiente, para la protección misma de los migrantes que están cruzando”, comenta Diego Chaves-González, director senior para la iniciativa de América Latina y el Caribe en el Migration Policy Institute (MPI).

Si bien es mucho más costoso que el tránsito ilegal en el Darién -el cuál oscila entre 300 y 700 dólares- la posibilidad de un aumento de la inmigración por San Andrés debe ser tenida en cuenta. “Puede aumentar el flujo por allá, sin embargo, viajar por San Andrés es muy costoso. Lo que hemos recolectado de información es que esa ruta puede costar entre 2.000 y 5000 dólares”, señaló el procurador delegado para los Derechos Humanos.

Las razones por las que Mulino quiere ‘cerrar el Darién’

El cierre de tres pasos no autorizados por los que cruzan los migrantes en el Darién no causó del todo sorpresa. En abril, cuando José Raúl Mulino aún era candidato para las presidenciales en Panamá, le dijo a los periodistas durante un recorrido de campaña que su gobierno “cerraría el Darién” y que trabajaría de manera conjunta con los países de la zona para repatriar a los migrantes que intentaran cruzar la selva.

“Vamos a cerrar Darién y vamos a repatriar a todas estas personas como corresponda, respetando los derechos humanos. La frontera de Estados Unidos en vez de Texas se corrió a Panamá. Entonces tenemos que hacer un trabajo trilateral y tienen que entender que Panamá no es un país de tránsito de inmigrantes”, afirmó en aquella ocasión.

Un tiempo después, Mulino aclaró que no pretendía construir un muro para evitar el cruce de migrantes por la selva y aseguró que su expresión de “cerrar el Darién” era más “filosófica que real”.

“Una muralla no voy a hacer ni una cerca tampoco, evidentemente, en semejante selva que conozco muy bien porque fui ministro de Seguridad por cinco años y Darién era un problema en otra dimensión: en aquel entonces con las Farc y hoy en día con un problema de migrantes”, le dijo al programa Oppenheimer Presenta, de CNN, un día antes de asumir la Presidencia.

Pero, el plan de Mulino en el Darién representa un giro de 180 grados en la estrategia panameña para atender la crisis migratoria. Hasta ahora, según Diego Chaves-González, director senior para la iniciativa de América Latina y el Caribe en el Migration Policy Institute (MPI), el gobierno de Laurentino Cortizo había optado por una política de flujo controlado que incluía el traslado de los migrantes en buses hasta la frontera con Costa Rica para que estos pudieran continuar su viaje rumbo a los países de destino en Centroamérica y Norteamérica. Tras cruzar la selva, los migrantes también eran atendidos en albergues y recibían hospedaje, atención médica y alimentos.

En su discurso de toma de posesión el lunes, no obstante, Mulino advirtió que Panamá no podía seguir financiando el costo económico y social de la migración a través del Darién.

Según le dijo el mandatario a CNN, lidiar con esta crisis le cuesta a Panamá cerca de 100 millones de dólares de su presupuesto anual. Mientras que el Servicio Nacional de Migración del gobierno anterior reveló en agosto de 2023 que el Ejecutivo pagaba al menos 83,50 dólares por cada migrante irregular que ingresaba al país (más de 300.000 pesos colombianos al cambio actual).

El presidente Mulino también argumentó que la situación del Darién ha causado importantes afectaciones en términos de inseguridad por cuenta del accionar de grupos de narcotráfico y crimen organizado, que en 2024 ganaron 820 millones de dólares moviendo migrantes por el Darién; pero también ha causado una problemática en materia de salud pública y afectación ecológica.

Cifras reveladas en agosto pasado por el Ministerio de Ambiente de Panamá indican que cada migrante deja cerca de 9 kilos de desechos durante su paso por la selva. Para aquel mes, las autoridades calculaban al menos 9.000 toneladas de basura en la frontera, 60 por ciento de los cuales se estimaba eran residuos sólidos. A lo que se suman otras problemáticas como la erosión, la afectación y contaminación de fuentes hídricas o la deforestación en la selva.

En medio de ese panorama, la principal estrategia de Mulino para frenar el flujo de migrantes, además del cierre de los tres primeros pasos esta semana, es un plan de repatriación que será financiado por el gobierno de Estados Unidos y cuyo piloto, según las autoridades de Washington, “podría comenzar en semanas”.

El convenio, firmado el lunes entre el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, y el nuevo canciller panameño, Javier Martínez-Acha, incluye un aporte de seis millones de dólares por parte de la Casa Blanca para financiar los vuelos de repatriación a los países de origen de los migrantes y fondos para el entrenamiento y capacitación de las autoridades panameñas.

Y si bien Eric Jacobstein, subsecretario de Estado Adjunto en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, aclaró en rueda de prensa que no tienen un estimado de cuántos vuelos saldrían o cuántas personas serían repatriadas en un periodo de tiempo específico, Mulino cree que su estrategia podría persuadir rápidamente a los migrantes de arriesgarse a cruzar la selva para luego ser deportados.

“Después que despegue el cuarto, el quinto avión hacia Colombia o Venezuela, lo van a pensar dos veces, después de atravesar días la selva, dispuesto a toda suerte de problemas y a la muerte que pueden encontrar ahí, para venir otra vez a Panamá, si saben que van a ser repatriados”, le dijo a CNN.

Al contrario, los expertos ponen en duda la efectividad que puedan llegar a tener los vuelos de repatriación para frenar la migración, si se tiene en cuenta la masiva cantidad de personas que intentan pasar la selva diariamente o el hecho de que Panamá carece de la infraestructura para adelantar esta deportación masiva.

“Panamá necesita construir una infraestructura para la repatriación que no existe. No hay un aeropuerto cerca que permita esto. Lo más cercano puede ser hacia la ciudad de Panamá o de pronto algunos otros puertos que se podrían construir, pero eso va a tomar mucho tiempo. Por otro lado, las políticas de repatriación necesitan de algunos acuerdos inexistentes en este momento. Los países tienen que estar abiertos a recibir una cierta cantidad de migrantes e implica también unos esfuerzos logísticos para otros países”, señala el experto del MPI.

¿Qué dice el Gobierno colombiano?

Al ser consultado por las medidas del gobierno panameño, el canciller Luis Gilberto Murillo aseguró que la decisión fue notificada al Ministerio de Relaciones Exteriores durante la participación del presidente Gustavo Petro en la investidura de Mulino.

Aunque en el encuentro bilateral que entre ambos países se acordó discutir los planes de migración a través de un gabinete binacional y en la convocatoria del mecanismo tripartito con Estados Unidos, Murillo trató de bajarle el ruido a las primeras determinaciones que tomó la administración Mulino en medio de su soberanía.

“Panamá está tratando de establecer ciertos puntos muy reducidos en los que las personas puedan pasar de manera segura, de manera regular, y de manera ordenada. Eso se nos comunicó”, precisó.

Sobre los efectos en derechos en materia de movilidad humana, el ministro dijo que, si bien hay riesgos, “no puede generar una crisis humanitaria”.

Las acciones desde el lado de Colombia

Para plantar cara a los desafíos que se abren, desde la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos se propuso la facilitación de corredores humanitarios alternativos, “con presencia estatal fuerte y consistente y registro de todas las personas migrantes, y para aquellas personas que decidan proseguir el viaje terrestre a pesar de otras medidas”.

En los últimos dos años, la Procuraduría General de la Nación ha expedido cinco informes con unas 178 recomendaciones a 21 entidades del Estado para adoptar las medidas de asistencia humanitaria, que sería lo más relevante, y del control migratorio correspondiente.

Entre ellas, destaca la aceleración del funcionamiento de los Centros de Atención Fronteriza en coordinación con los entes territoriales (departamentos, ciudades y municipios), y demás entidades del gobierno nacional, para generar una respuesta articulada según instrumentos internacionales y garantizar los derechos humanos de las personas migrantes, refugiadas y retornadas en Colombia.

También el instalar con urgencia puestos de control migratorio en especial en los municipios de Necoclí y Acandí, con sus respectivas oficinas de trabajo, sin esperar la concurrencia de las autoridades municipales.

Por su parte, Juanita Goebertus añade que el Gobierno debería nombrar un funcionario encargado de atender la crisis en la frontera y poner en marcha una política de seguridad efectiva contra el crimen organizado, que le permita retomar el control.

“Hay que registrar al menos el número de personas que salen hacia el Darién por territorio colombiano, en particular las que requieren atención especial como menores de edad, mujeres embarazadas y personas con alguna condición médica. Establecer una fuerza policial combinada con Panamá para controlar el territorio y articular el trabajo con las fiscalías de ambos países para investigar, juzgar y sancionar a las redes de crimen organizado que operan allí”, describió.

Con miras al mecanismo tripartito, María Gabriela Trompetero, investigadora y docente en la Universidad de Bielefeld, Alemania, subrayó que se esperaría que Colombia negocie una postura que mantenga las fronteras abiertas pero que reciba a cambio más recursos por parte de los Estados Unidos para atender los retos que enfrenta en el contexto de distintos movimientos migratorios con distintas necesidades, oportunidades y retos.

“El diálogo debería ir más allá de los intereses de los tres países que conforman el mecanismo tripartito, sino que la respuesta debe estar orientada a un enfoque multilateral, donde se consideren las necesidades y las perspectivas de todos los países de la región, ya que estos también se ven afectados”, expresó la experta.

JUAN PABLO PENAGOS RAMÍREZ

Periodista de Política

Con apoyo de la sección Internacional