El jefe del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, se declaró este miércoles “absolutamente indignado” ante la reciente resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que ordenó a Perú dejar sin efecto o no otorgar vigencia a un polémico proyecto de ley sobre crímenes de lesa humanidad y de guerra, que abriría la puerta a prescripciones de esos delitos.
“Indignado, absolutamente indignado por lo resuelto por la Corte IDH, que decide, de la manera más insólita, y sin que exista precedente alguno en la jurisprudencia de esa corte, dictar una medida cautelar en contra de un proyecto de ley que ni siquiera se ha convertido en ley”, dijo en una rueda de prensa al término del Consejo de Ministros.
El premier destacó que el fallo fue abordado en la sesión de esta jornada, donde se le ordenó “tomar contacto con los líderes del Poder Judicial y Legislativo” para coordinar y emitir una respuesta conjunta en la que se manifieste “el rechazo a este tipo de disposiciones provenientes de la justicia supranacional”.
“Lo que resulta intolerable es que [el tribunal] llame a los tres poderes del Estado de un Estado miembro, absolutamente independiente y soberano, para impedir que ejerza las funciones que constitucionalmente le han sido atribuidas”, matizó.
En su resolución, la Corte IDH ordenó a Perú que “a través de sus tres poderes, tome las acciones necesarias para que no se adopte, se deje sin efecto o no se otorgue vigencia” a esta iniciativa legislativa promovida por el fujimorismo y una bancada conformada por exjefes de las Fuerzas Armadas.
El tribunal explicó que la medida responde a la necesidad de “garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas” de los casos Barrios Altos y La Cantuta, ambos resueltos con sentencias contra el Estado peruano. Estas masacres llevaron a prisión al exdictador Alberto Fujimori, quien, a pesar de haber sido indultado y excarcelado, sigue procesado por otra masacre atribuida al grupo Colina.
El proyecto, aprobado en primera votación en junio pasado, pretende impedir que se procese a cualquier persona por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra ocurridos antes de 2002 y, por lo tanto, excluye el periodo del conflicto interno en el que fallecieron 69.000 personas.
El pasado 13 de junio, la Corte IDH ya había ordenado a Perú detener el trámite del proyecto hasta emitir una resolución sobre el tema. Organizaciones defensoras de derechos humanos advierten que esta iniciativa afectará el acceso a la justicia y a la verdad para las víctimas de violaciones a los derechos, especialmente en los casos de La Cantuta y Barrios Altos.
Para que el legislativo la apruebe, es necesaria una segunda votación del pleno. Expertos de la ONU han indicado que, de obtener luz verde, Perú contravendría el derecho internacional. A pesar de los pronunciamientos, la Comisión Permanente del Congreso incluyó entre los temas de su agenda someter a segunda votación el proyecto este jueves.
Al igual que Fujimori, otros exfuncionarios de su régimen, como su exasesor de inteligencia Vladimiro Montesinos y exjefes militares, fueron sometidos a juicios por presuntos abusos a los derechos humanos cometidos entre 1980 y 2000, durante los años en que Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) desataron una guerra contra el Estado.
El constitucionalista Heber Joel Campos ha destacado que el fallo del tribunal no es para el Gobierno. “[La orden contra el Estado en su totalidad] consiste en que no se permita que esta norma surta efectos porque vulnera derechos humanos. Para eso, cada uno de los poderes públicos puede hacer algo. Por ejemplo, el Congreso no aprobar esta norma”, apuntó.
En tanto, la jurista Julissa Mantilla, la primera peruana en presidir la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), explicó que la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad es una norma de carácter imperativo a nivel internacional, de modo que prevalece sobre cualquier ley interna.
Un crimen de lesa humanidad es una violación grave de los derechos humanos que se comete de manera sistemática o generalizada contra una población civil. Estos crímenes incluyen actos como asesinato, exterminio, esclavitud, deportación forzada, encarcelamiento, tortura, violación y persecución por motivos políticos, raciales, étnicos o religiosos.
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