El 27 de agosto de 2012, Diego Arellano Díaz ingresó al Centro de Cumplimiento Penitenciario Colina 1 para cumplir una condena de más de 15 años por homicidio, lesiones, robo y asociación ilícita. Con apenas 18 años, ya tenía 43 órdenes de detención.
Doce años después, una denuncia a la Fiscalía evidenció una situación inusual: un hombre de 57 años habría estado firmando mensualmente por Arellano Díaz desde 2020, quien estaba en libertad bajo esta medida cautelar otorgada por la Corte de Apelaciones de Santiago.
El incidente ocurrió el pasado 5 de junio alrededor de las 14:30 horas en el Centro de Apoyo para la Integración Social de Santiago, ubicado en Tocornal 1054. Funcionarios de Gendarmería, no habituales en ese puesto, pidieron la detención del supuesto Diego Arellano Díaz al constatar que la foto del carnet con el que asistió a firmar no coincidía con la persona presente. Además, el hombre fue incapaz de proporcionar el número de su cédula.
Minutos después de ocurrido el hecho, el supuesto Diego Arellano reconoció que su verdadero nombre era René Irribarra Ramírez.
De esa forma, Irribarra –quien hoy se encuentra en manos de la justicia por el delito de suplantación de identidad consentida– terminó por reconocer que asistía constantemente al CAIS para firmar por Arellano Díaz. A cambio de esa acción se le pagaban $10 mil, según consta en su propia declaración frente a la justicia.
En dicha instancia, Irribarra explicó que era la tercera vez que asistía al CAIS para realizar el trámite con el carnet de Arellano en mano. Sin embargo, una revisión en el libro de firmas del beneficiario reveló que desde el inicio de la libertad condicional, en julio de 2020, las firmas no solo no coincidían con las del carnet del condenado, sino que también había múltiples firmas diferentes a lo largo del tiempo, con otras irregularidades, como la falta de registro de controles en agosto de 2020 y firmas duplicadas en febrero de 2023.
Los antecedentes llevan a la presunción de que la suplantación de identidad podría haber durado durante todo el proceso de control de la libertad condicional, por lo que Irribarra podría haber recibido sobre $150 mil en todo el proceso.
De hecho, según la documentación comentada dentro del Ministerio Público, fuentes que conocen de esas conversaciones no descartan que los encargados de tomar las firmas pudieran tener algún tipo de relación con los hechos. Es decir, no sería mera casualidad o falta de rigor profesional.
Al día siguiente de la detención, Irribarra pasó a control de detención ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, quedando con medidas cautelares según el Art. N° 15 del Código Procesal Penal: justamente, firma mensual. Algo que, por cierto, sabe hacer muy bien.
Lo ocurrido el 5 de junio pasado, además de remitirlo al Ministerio Público, se informó al Director Regional Metropolitano de Gendarmería de Chile –el Coronel Hernán Villarroel Camilo–, quien solicitó un sumario administrativo y una auditoría al área de Libertad Condicional. En el Consejo Técnico N° 36 del 10 de junio de 2024, se trató esta situación en profundidad.
Debido a la gravedad de la situación, se ha solicitado un pronunciamiento sobre la continuidad de la medida cautelar otorgada a Arellano o su revocación, con múltiples dudas sobre el caso abiertas: ¿Por qué nadie había notado la suplantación? ¿Por negligencia o corrupción? ¿Dónde ha estado estos casi cuatro años de libertad condicional el hombre condenado por asesinar a tiros al joven Cristián Vásquez afuera de una discoteca en Quilicura?
Gendarmería
Radio Bío Bío se contactó con Gendarmería de Chile para conocer qué –además de instruir el sumario respectivo– se estaba haciendo respecto a la seguridad de los procesos, que como órgano auxiliar de justicia debería velar. Sin embargo, la respuesta oficial fue que “todo es materia de una investigación”.
Suspicacias
En tanto, siguen acumulándose suspicacias entre fiscales del Ministerio Público respecto al actuar de la institución sobre casos vinculados a corrupción. Dentro de estas suspicacias, por ejemplo, están las dudas de que la institución no se haya querellado contra los funcionarios que están siendo investigados por venta de municiones, entre ellos, municiones de guerra “punto 40”.
Incluso, como consta en la apelación que realizó el Fiscal Regional Metropolitano Occidente Marco Pasten, se indica de forma clara que la institución Gendarmería de Chile al momento de la formalización de los nueve detenidos ni siquiera había realizado el acto administrativo de darlos de baja. Es más, pese a que la jueza de Garantía fundó su resolución en que se trataba de “ex gendarmes”, este punto no fue refutado por la representación jurídica de Gendarmería de Chile.
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