Dos vigilantes de la minera china Zijin se resguardan detrás de un muro de costales en la rampa 9536; tienen casco, chaleco antibalas, escopeta Mossberg y un escudo blindado que los protege de disparos de fusil calibre 5,56 y 7,62. Dan medio giro, miran de reojo, luego un giro completo y paneo al frente, alertas ante el más mínimo ruido o movimiento.
Del otro lado, arriba de una pila de costales y a no más de 40 metros, se agitan linternas en el techo del túnel. En cualquier momento se puede armar el tiroteo. Este año van 485 explosiones de artefactos hechizos, más de 800 disparos y unas 53.000 detonaciones para romper la montaña. Adentro es un polvorín, una guerra de trincheras que se libra por cada metro dentro de las profundidades de una montaña que tiene reservas de más de 3,8 millones de onzas de oro.
Los guardias están en turnos las 24 horas para anticipar, según el camino de las explosiones, por dónde van a reventar los techos de los túneles. Solo pueden replegarse y resguardarse en una barricada más atrás cuando las linternas empiecen a revolotear en lo alto y los frenteros disparen.
Arriba de ellos un número indeterminado de mineros ilegales —las autoridades dicen que entre 1.500 y 2.000— instrumentalizados por el Clan del Golfo entran en turnos por 380 bocaminas desde la superficie y se arrastran por socavones 700 metros hacia abajo hasta infiltrarse en el túneles de la minera Zijin – Continental Gold, atacando lo que se aparezca con armas y explosivos.
Es un conflicto por un recurso geoestratégico, que hoy tiene al borde una tragedia de gran magnitud a Buriticá porque la montaña, que hoy parece un queso gruyere, puede sucumbir y hundirse —lo que los geólogos llaman colapso por subsidencia— llevándose no solo los mineros que están en los socavones, sino toda una vereda y la única vía que llega al pueblo.
Como si eso no fuera suficiente, las autoridades han alertado por la crisis social que ha aumentado exponencialmente en este municipio que es minero desde la Conquista de los españoles. De acuerdo con información recaudada por la Procuraduría General de la Nación, para mediados del año pasado, al menos 5.000 personas, incluidas mujeres y menores, llegaron al municipio para vincularse a la explotación ilegal, inducidas a las drogas, la prostitución y trabajos forzados.
A eso se suma la tragedia ambiental por el uso de mercurio y su presencia en vertimientos ilegales, en fuentes hídricas y en aguas subterráneas que surten a los habitantes del municipio y de regiones aledañas. Buriticá es una bomba de tiempo.
Detrás de todo el entramado delictivo hay un negocio millonario. Se estima que el saqueo por parte de los ilegales alcanzó las 3,2 toneladas de oro el año pasado, que hoy pueden valer en el mercado unos $850.000 millones y que terminan aceitando el aparato criminal y defraudando al Estado, que dejó de recibir en 2023, entre impuestos directos e indirectos, unos $400.000 millones.
Desde lo alto de la pila de costales se ve el bailoteo de las linternas. Al túnel de la mina Zijin, en el valle de la vereda Higabra, entramos en una máquina Pbus 32 Caterpillar que va a paso de tortuga, porque el límite de velocidad adentro es de 10 km/hora. Vamos 10 ocupantes con chalecos antibalas ajustados con tirantes, cascos con lámparas, un autorescatador que da autonomía para respirar 30 minutos si algo ocurre y tapones de oído por si se arma el tiroteo.
El carro se detiene en medio de la oscuridad, se escuchan máquinas, extractores, el agua escurriendo por los desagües, pitos de carros en reversa y más cerca las instrucciones del personal de seguridad: “Todos a la izquierda, izquierdaaaa, suben detrás de mí”.
Empezamos a caminar, la respiración se escucha amplificada entre el tapabocas, las gafas y las cámaras se empañan por la humedad. La única luz en muchos tramos es la lámpara que está pegada en el casco y el punto de referencia, en medio de la oscuridad, es la espalda del que va adelante.
El resto de luces rebota en las paredes y el techo de los túneles. La boca se seca y el sudor es copioso debajo del chaleco. Subimos unos escalones que aparecen de la nada y luego bajamos por una terraza de costales, nos agachamos después debajo de una cortina negra que colgó la mina para restarle visibilidad a los ilegales.
Llegamos a una de las 30 trincheras que levantó la Zijin para monitorear por dónde se mueven los intrusos y proteger a sus guardias. Ahí están los dos vigilantes con sus armas, en dos turnos, esperando el siguiente movimiento del otro lado para replegarse en otra posición.
En esa zona, después de bajar unos 600 metros cavando dentro del macizo rocoso, ya perforaron el techo y llegaron a un punto en el túnel de Higabra a 1.190 metros sobre el nivel del mar, aunque se sabe que en otras partes ya bajaron unos 80 metros más. La referencia de todo lo que han bajado es que la carretera principal a Urabá, en la parte alta de la cordillera, está a 1.800 metros sobre el nivel del mar.
Los niveles superiores de la mina arriba de la rampa 9536 están perdidos. “Apague la lámpara y se asoma”, dice el encargado de seguridad cuando llega el turno de subir los últimos costales y divisar por la mirilla del escudo balístico. Del otro lado, quizás el protocolo se repite, se mueven linternas, parpadean las luces, se escuchan murmullos a lo lejos. “¿Tiene su protección en los oídos por si hay disparos o explosiones?”, corrobora el empleado de la mina.
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El riesgo de un tiroteo siempre es latente. El pasado 13 de abril un disparo rebotó en la pared de roca y se le incrustó en el maxilar superior a un guardia de seguridad que estaba justo en esa pared de costales, por fortuna no le atravesó el cráneo. Fue uno de los 100 trabajadores y contratistas de la Zijin que resultaron heridos en este conflicto desde 2017, otros 12 murieron en medio de los ataques.
Del otro lado se cuentan 94 heridos y 18 fallecidos desde 2019 por diferentes motivos, como inhalación de gases, derrumbes dentro de los socavones o electrocutados con cables de energía en la estrechez de los pasadizos que cavan.
Podrían ser muchos más por el alto subregistro. Los dos últimos mineros que murieron, Danny Humberto Ocampo y Edison Jiménez Higuita, estuvieron desaparecidos un mes y fueron encontrados el pasado 19 de junio, hecho que generó una nueva crisis de seguridad en el municipio, pues como medida de presión para el rescate de sus compañeros, varios mineros decidieron bloquear vías –entre ellas la troncal al Urabá– así como quemar vehículos, entre ellos un camión cargado con pipetas de gas, lo que por poco causa una enorme tragedia.
Antioqueños: vean hasta el final.
Este video personifica/ejemplifica el bien y el mal. Increíble cómo unos por defender unas rentas ilegales son capaces de disponer explosivos para “volarnos a todos”.¡Qué valor el de nuestros Policías! Arriesgaron su vida para salvaguardar la… pic.twitter.com/eovg5e7Y3H
— Andrés Julián (@AndresJRendonC)
June 1, 2024
“Lo próximo que seguramente pasará es que ahí donde se ve el clarito —señala con el índice un punto cualquiera en el techo— van a romper y a conectar el túnel. Nos tocará abandonar esta posición y por eso tenemos otro punto defensivo atrás. Ese es el modus operandi, se van adueñando de las partes de la estructura subterránea y debemos replegarnos para proteger la vida de los trabajadores”, cuenta un encargado de la seguridad. “Esta es una guerra de trincheras, una guerra de posiciones, nosotros vamos perdiendo cada vez más espacio”, advierte.
— Péguense a la derecha, bajamos—, dicen. Vamos a la siguiente barricada.
La guerra dentro de la montaña
La mina de Buriticá arrancó producción comercial a gran escala en marzo de 2020 luego de obtener las aprobaciones para su expansión y culminar la construcción. Sus principales productos son las barras de doré, concentrados de cobre y oro.
La mina por dentro es como un enorme edificio con más de 90 kilómetros de túneles de unos seis metros de ancho por seis de alto. Solo por una referencia, el túnel del Toyo tiene 9,7 kilómetros, es decir, el túnel vial más largo del continente es apenas una novena parte del complejo subterráneo de la Zijin. Esa maraña de túneles se divide en tres zonas de desarrollo: Yaraguá, Rampa Sur e Higabra.
En la zona baja, aledaña al túnel de Higabra, se ubica la mayor parte de la infraestructura de la mina con una planta de procesamiento, otra de tratamiento, oficinas y campamentos. La mina, donde trabajan más de 4.500 personas, procesa unas 4.000 toneladas diarias de roca.
Hoy, el 100% del túnel Yaraguá está invadido por los mineros ilegales, que también se apoderaron de la mayor parte del túnel Rampa Sur, obligando a la empresa a abandonar sus labores en las partes altas y medias y a concentrar sus esfuerzos en la parte baja de Higabra.
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Sin embargo, a finales de 2022 los mineros ilegales conectaron la estructura del túnel de Higabra, desplazando al personal con armas de fuego y artefactos explosivos, en medio de un despliegue de violencia que se mantiene en la actualidad.
Hoy el 60% de las labores mineras subterráneas se encuentran invadidas por la minería ilegal, con marcada tendencia expansionista. La invasión es tal que la Zijin estima que más de 40 toneladas de oro ya no se podrán extraer porque ciertas zonas se perdieron o es imposible acceder a ellas; 40 toneladas fácilmente es el acumulado que se pueden extraer con el trabajo de cinco años.
En el último año hubo un incremento en la presencia de mineros no autorizados en la mina. Se calcula que en los túneles Yaraguá, Rampa Sur e Higabra los grupos ilegales pasaron de 400 a 700 personas, sin embargo, si se suman las labores mineras en zonas aledañas al título minero, son entre 1.500 y 2.000 personas dedicadas a la extracción ilícita de minerales, de acuerdo con los informes de las autoridades.
¿Cómo logran llegar desde la superficie hasta zonas 700 metros bajo tierra y adueñarse después de los túneles de la minera? Las excavaciones se realizan desde predios privados cercanos a la mina: casas, parqueaderos, solares, patios, terraplenes con polisombras. Hasta 2016, la minería ilegal se hacía con entables en la superficie. Ingresaban por huecos o bocaminas y permitían que cada grupo de trabajo entrara a los frentes.
Llegó la Operación Creta en ese año —de la que hablaremos más adelante— y se cerraron 257 bocaminas con sello técnico, es decir, se destruyeron las entradas y se pusieron tapones de concreto. Pero la extracción ilegal se tecnificó, aprendieron de los errores del pasado y todo lo que antes se hacía en superficie quedó subterráneo.
Hoy se estima que hay abiertas unas 380 bocaminas que arrancan en casas y negocios, se conectan con corredores centrales hasta llegar a los túneles de la Zijin. Una vez el socavón rompe los techos de los túneles, empiezan a disparar, a tirar tatucos y hasta ponen cilindros bomba para que la gente de la mina se repliegue. Cuando el terreno queda libre, empiezan a tirar bultos con escombros para formar una pared que infarte el túnel y permita que desde ese punto hacia las vetas quede libre para el aprovechamiento ilícito.
Con esa técnica tienen copados el 60% de los túneles de la mina, aunque también se pegaron a los túneles de ventilación de la empresa. El objetivo, dentro de la estrategia de los ilegales, es aislar a la empresa de las reservas aprovechables; del otro lado también hay topógrafos y cadeneros que trazan el camino lo más exacto posible.
Según tienen documentado las autoridades, la extracción ilícita se divide entre unos 30 grupos de trabajo o “proyectos”. Cada uno puede tener entre 30 y 40 personas con diferentes responsabilidades: adelante va un frentero con un taladro Jackleg para perforar la roca y meter los explosivos; otros procesan el material en entables bajo tierra, y se suma el apoyo logístico para cocinar y prestar la seguridad.
El mineral es procesado en “entables” al interior de los socavones, lo que causa daños ambientales irreparables y afecta gravemente la salud de los mineros por el uso de mercurio. Hoy no hay un estudio ni cifras actualizadas que den cuenta de la gravedad de las intoxicaciones por este químico venenoso que está prohibido en Colombia desde 2013, pero que es usado por la minería ilegal en Antioquia, con focos principales en el Bajo Cauca, Nordeste y Buriticá. Se calcula que solo el año pasado se utilizaron 140 toneladas de explosivos ilegales y 7 toneladas de mercurio en este pueblo.
El Clan cobra un porcentaje por todo: por el ingreso de la comida y los víveres, por el fluido eléctrico tomado de contrabando de las torres de energía y, claro está, por el producido de oro. La información obtenida por el Ejército Nacional es que llevan registros con números de cédula de quienes entran y salen y la cantidad de oro que extraen para cobrar un impuesto.
Oro y codicia
Desde los tiempos coloniales, la riqueza aurífera de Buriticá ha despertado la codicia de locales y foráneos. Aunque durante los últimos 200 años el pueblo vivió de la minería de aluvión y la agricultura, fue en los 90 que el municipio volvió a aparecer en el mapa mundial como uno de los yacimientos de oro más grandes del país y del continente, atrayendo a grandes capitales.
La base de esa operación se sentó sobre la empresa minera Centena S.A., constituida en septiembre de 1994 y que se hizo a la propiedad de la mina Yaragua, explotada desde la época de la Conquista por personajes como María Centena.
Sobre los cimientos de esa empresa, que hacía parte el Grupo Bullet (también constituido en Medellín en 1994), se fundó la compañía Continental Gold en 2007, que luego se convirtió en un gigantesco grupo empresarial con yacimientos en otros lugares del mundo.
Al tiempo que Buriticá se convirtió en la piedra angular de esa multinacional, en 2012 comenzó a regarse por la región el rumor de que en la zona había mucho más oro del que se estaba explotando, lo que trajo una primera oleada de mineros ilegales que empezaron a explorar la zona titulada a Continental Gold.
En 2013 la primera consecuencia de esa oleada vino por cuenta de una cadena de derrumbes que tan solo ese año dejó 12 muertos y 40 heridos en por lo menos 120 minas ilegales. En octubre de ese año, una de las emergencias más graves se vivió en el sector San Román, cuando un gavión se desprendió y dejó sepultadas a cuatro personas.
En medio de esa invasión, los empleados de Continental también se convirtieron en blancos de las estructuras armadas, tal como quedó en evidencia por ejemplo en julio de 2017, cuando seis contratistas de la multinacional murieron en una explosión mientras recorrían un túnel.
Fue así que desde 2016 la Fuerza Pública lanzó una operación de largo aliento bautizada como Creta, en la que, por cuatro años, soldados y policías reforzaron la zona y empezaron a cerrar las minas ilegales.
Durante ese periodo, de acuerdo con un balance del Ejército publicado el 30 de octubre de 2020, se desataron 10 combates entre la Fuerza Pública y los mineros ilegales y hubo un saldo de cinco soldados heridos por artefactos explosivos.
Además de sellar más de 257 tapas de minas, la operación dejó 37 personas capturadas, 57 unidades de minería desmanteladas, la incautación de más de 1.297 kilos de Indugel, así como todo tipo de maquinaria industrial como plantas eléctricas, taladros industriales, granuladores, entre otros.
Pese a que la operación le devolvió por algún tiempo la tranquilidad al pueblo y los foráneos regresaron a sus lugares de origen, en 2020 comenzó a fermentarse una segunda oleada todavía más voraz.
Esta última coincidió con la fusión entre Continental Gold y la multinacional china Zinjin, que aterrizó en Antioquia para aprovechar una licencia ambiental más amplia que le permite extraer hasta 4.000 toneladas diarias de material, de un límite inicial que estaba en 30 toneladas al día.
Aunque desde el inicio de la pandemia el mismo gobierno municipal emitió una alerta, temiendo que el pueblo otra vez se llenara de heridos en su hospital, motos y una vida nocturna caótica, la invasión ganó terreno aprovechando que el mundo entró en pausa por las medidas restrictivas para controlar el coronavirus y ahora se calcula que son más de 380 tapas de minas las que están dispersas por el municipio.
El pueblo de los desconocidos
Para un transeúnte desprevenido que recorra la vía de acceso a Buriticá son muy pocas las pistas que podrían dar cuenta de la disputa a sangre y fuego que se libra en las profundidades de las montañas.
Aunque a escasos metros de entrar al casco urbano una desteñida valla de la Federación Nacional de Cafeteros le da la bienvenida a los visitantes con un Juan Valdez sonriente, lo cierto es que desde hace mucho tiempo las escenas de arrieros descargando de sus mulas costales repletos de café en el pueblo no son más que un recuerdo lejano.
Los habitantes de larga data, cuyas familias aún viven en la zona central de Buriticá, apuntan que desde hace más de diez años, cuando comenzó la fiebre del oro, el pueblo perdió la tranquilidad y muchas familias no volvieron a dejar las puertas de sus casas abiertas. Por esta misma razón, la mayoría de los que se atreven a hablar de la situación prefieren que sus nombres no sean mencionados para evitarse problemas. Opera la ley del silencio y del miedo.
En los alrededores del acceso a la mina de Zijin, sobre una estrecha vía llena de motos, camionetas trajinadas con sus vidrios polarizados y policías y soldados en permanente alerta fuertemente armados, tal vez una de las pocas pistas que hable de lo que ocurre bajo tierra son las fachadas de la casas, muchas de ellas envueltas en telas verdes para la construcción y con improvisadas edificaciones de madera que son la antesala para el acceso a los socavones.
Aunque desde la cresta de la montaña logra observarse el curso del río Cauca, en cuyas aguas se extrajo el oro con bateas durante generaciones, la operación de hoy está lejos de parecerse a esa labor tradicional, que tuvo sus últimos días con la construcción del proyecto de Hidroituango y el llenado de su embalse, por el que incluso se pagaron millonarias indemnizaciones.
Si bien en el parque principal el pueblo aún conserva algo de su ritmo tranquilo, los habitantes advierten que a las afueras, en donde se han asentado el grueso de los mineros que llegaron, la historia es muy diferente.
De acuerdo con cifras entregadas por la Alcaldía de Buriticá, mientras en 2020 el municipio tenía poco más de 5.000 habitantes, los datos del Sisbén ahora dan cuenta de más de 10.000. Acá también hay un alto subregistro por la población flotante puede incluso ser el doble.
Además del florecimiento de actividades como la prostitución y el encarecimiento de los productos básicos por cuenta de las abultadas billeteras de los mineros, la migración ha puesto en especial presión las reducidas redes de servicios públicos del municipio.
Jorge Alirio Echavarría Durango, actual secretario de Gobierno de Buriticá y en el cuatrienio pasado gerente de la empresa de servicios públicos, señala que la situación más crítica está en el servicio de acueducto, que además tener más de 30 años de antigüedad y demandar arreglos de fondo, se quedó corto ante la explosión demográfica experimentada en la zona.
“Cuando el acueducto se ideó hace 30 o 35 años se proyectó que para 2045 tuviéramos 900 usuarios y hoy triplicamos esa cantidad. El sistema está expuesto, cristalizado, tiene obras de captación en muy mal estado. Las condiciones del acueducto son obsoletas”, dice Echavarría.
En una conjunción de males, el servicio no solo está en crisis por la alta demanda, sino por cuenta de decenas de entables mineros que han horadado los más de 6 kilómetros de tubería que conectan las fuentes de agua con el casco urbano.
Dado que para el procesamiento del oro es fundamental el uso de agua, las operaciones mineras ilegales han terminado robándose el agua antes de que llegue a las canillas de las casas.
En la zona urbana la interrupción del servicio no solo se expresa en cortes diarios que duraron 18 y hasta 20 horas en la última temporada seca, sino en los anaqueles de los supermercados, en los que los botellones de agua se convirtieron en uno de los productos más preciados porque se agotan apenas llegan.
Para acabar de ajustar, la minería ilegal también se le atravesó a un proyecto que venía andando desde el cuatrienio pasado para construir un nuevo tanque de abastecimiento y ampliar la capacidad del acueducto. Este último lío se desencadenó luego de que el gobierno local iniciara negociaciones con una familia para comprar un lote situado en la parte alta del casco urbano para instalar la estructura.
Pese a que el Concejo dio luz verde para comprar los terrenos y se avanzó en un acuerdo, entre los mineros se regó el rumor de que en dicho lugar también habría oro, lo que desencadenó la llegada de un grupo que empezó a reblujar la tierra.
Según advierten habitantes, tal como le ha pasado a muchas familias, dichas invasiones ocurren en cuestión de horas y a los propietarios no les queda de otra que permitir la entrada de los ilegales o iniciar una confrontación desigual con ellos y exponerse a lo peor.
En el caso del lote, el conflicto se complicó aún más cuando el terreno entró en un proceso de extinción de dominio motivado precisamente por la actividad ilegal, que despojó a los propietarios de la potestad de efectuar la venta y que, al todavía no concretarse, tampoco ha permitido que la Sociedad de Activos Especiales (SAE) disponga del lote para entregarlo al proyecto.
A largo plazo, precisa la Alcaldía, una ampliación del acueducto podría valer más de $8.000 millones, obligando al gobierno local también a conseguir recursos en el Departamento y la Nación para hacer un proyecto impensable para un municipio de sexta categoría presupuestal, la más baja de todas.
Los habitantes también señalan que la minería ha convertido el orden público en una bomba de tiempo constante por cuenta de los prolongados bloqueos viales que paralizan la vida cotidiana. Y es que cuando comienza a esparcirse el rumor de que se avecina una protesta, los supermercados se llenan de compradores que buscan aprovisionarse ante la amenaza de que el municipio se quede desabastecido por días.
De igual forma, para quienes tienen diligencias o citas médicas en Santa Fe de Antioquia o Medellín, la angustia los empuja a adelantar su salida del municipio o cancelar sus planes antes de que se desate el caos. En materia de orden público, el secretario de Gobierno no esconde que la Alcaldía está de lejos desbordada para controlar esas y otras situaciones, porque solo dispone de nueve policías.
“Nadie está obligado a lo imposible en un municipio donde se tienen entre 8 y 9 policías para cubrir tres turnos; es decir, tres policías por turnos para custodiar a 4.000 habitantes”, apunta el funcionario, señalando que los controles a la minería se salen de las capacidades y las competencias del gobierno local.
Según advierten habitantes, la pérdida progresiva de control en el territorio ha sido vista con especial preocupación con episodios como uno ocurrido recientemente con una mujer de más de 60 años que trabaja en la empresa de aseo barriendo las calles y que fue abusada sexualmente durante la madrugada, en un crimen que en el municipio la mayoría atribuye a los foráneos que se pasean por las calles y que nadie conoce.
¿Hay alguna solución?
La grave problemática que vive Buriticá ha llevado a muchos a plantear la pregunta de si en verdad hay una salida ante la magnitud de una amenaza que cada año se ha incrementado de forma exponencial. Lo que pasa en la mina ha sido considerado como un asunto de seguridad nacional porque el oro extraído de manera ilícita aceita el engranaje de los grupos ilegales en el resto del país. Hace rato esta crisis superó la capacidad de maniobra de la Gobernación de Antioquia y requiere la acción efectiva e inmediata del Estado en su conjunto.
En lo que coinciden la Zijin, las agremiaciones y los expertos es que no basta solo con recuperar el control territorial e institucional, sino que se requiere un plan integral que incluya desalojos inmediatos de los socavones, taponamiento de las 380 bocaminas y suspensión de la cadena de insumos como explosivos y mercurio; sin embargo, la mano dura tendrá que llegar acompañada de formalización y titulación minera, y una oferta social y laboral para las personas involucradas en minería ilegal y mucho más para las que están en condiciones de esclavitud.
La empresa, dentro de una propuesta que le envió desde 2023 al presidente Gustavo Petro, enumeró varias acciones prioritarias para contener la crisis.
El plan comprende una intervención territorial en superficie que debe tener como prioridad el control de accesos críticos y entrada de insumos esenciales para la actividad ilegal, como explosivos, energía eléctrica, mercurio, estupefacientes, agua y madera, entre otros. Además, pidió, se debe reforzar de manera urgente la capacidad de fuerza pública para que simultáneamente controle las actividades ilícitas subterráneas y superficiales en el área del proyecto.
La compañía dijo incluso estar dispuesta a suspender sus operaciones hasta por diez días para desconectar la energía eléctrica y la ventilación, según la operación que diseñen las autoridades.
La estrategia también comprende corredores humanitarios para la evacuación por medio de los túneles, siempre y cuando cuenten con acompañamiento de entidades garantes de derechos humanos.
Ya afuera de los túneles, se debe adelantar el registro y caracterización de la población de mineros ancestrales, tradicionales, de pequeña minería, y de extracción ilícita criminal que abandone los túneles.
Otra de las propuestas sobre la mesa consiste en recuperar las áreas afectadas por minería ilegal, con el propósito de determinar pasivos ambientales como áreas degradadas por mercurio y subsidencia por las labores de minería antitécnica. El propósito es realizar nuevamente la topografía geológica y estimación de los recursos minerales para determinar la posibilidad de optimización de material desechado por minería ilegal, que permite la estabilidad del macizo, eliminar la contaminación del mercurio y restablecer las condiciones ambientales. Es quizás la tarea de más largo aliento por la degradación ambiental que se advierte ante tamaña estructura ilegal de extracción mineral.
También se pide avanzar en un proceso de formalización minera en modalidad grupal en áreas recuperadas por la intervención integral, que tengan potencial minero, mediante convenios de cooperación entre los grupos con voluntad de integrarse al proceso de formalización y la empresa.
Lucas Velásquez, director ejecutivo de la Asociación de Profesionales del Sector Minero de Colombia, considera que uno de los puntos clave de la intervención es la definición de lugares para trabajar de forma regulada, con procesos constantes de formalización y titulación minera, además de la eventual creación de un distrito minero que permita trasladar a los mineros en cuestión.
Al ser consultada sobre esos procesos de formalización, la secretaria encargada de Minas de Antioquia, Isabel Cristina Castañeda, reprocha que desde que el Departamento perdió la delegación minera toda esa tarea quedó en manos del Gobierno Nacional en Bogotá, en donde la pelota de Buriticá se la vienen chutando múltiples dependencias.
“La Agencia de Minas dice que solo se dedica a otorgar títulos y hacer fiscalización, pero que no puede hacer operativos. El Ministerio de Defensa dice que no actúa si el presidente no les da la orden, algo que también dice el Ministerio del Interior”, repara la funcionaria, quien coincide en que una solución de fondo debe pasar por emprender un proceso de diálogo con los mineros que se quieran formalizar.
Si bien Antioquia se quedó sin dientes en materia de esos controles, Castañeda señala que la Gobernación instaló un puesto de mando unificado para sentar a las diferentes entidades implicadas en el tema y buscar soluciones antes de que ocurra una tragedia, ya que no se sabe a ciencia cierta que tan estable está la montaña.
“Las personas que están trabajando allá de manera informal se ven expuestas a un riesgo inminente de que les caiga esta montaña encima, de que haya desprendimientos. No sabemos cuántas personas hay y cuál es la situación interna de la montaña. Es un riesgo que no se puede medir, lo que hace más compleja la situación”, dice.
“Esto se puede decir que es sui generis en Suramérica, porque en Segovia pasaba algo similar, pero allí se respetaban los túneles y columnas de la empresa. En Buriticá, como las personas viven al interior de la montaña, es más difícil la situación”, agrega la secretaria encargada.
Durante las protestas ocurridas en Buriticá este mes por cuenta del rescate de los cuerpos de dos mineros que fallecieron en un socavón ilegal, el presidente de la Agencia Nacional de Minería, Luis Álvaro Pardo Becerra, señaló que la tarea de esa entidad se limita a operativos de salvamento y la gestión de la titulación, pero que una solución de fondo involucraría a más entidades.
“La Agencia es una entidad de orden técnico. Debemos tratar de emprender un gran diálogo social en Buriticá para poder hacer cualquier posibilidad. Eso atraviesa por temas de paz, del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa”, le dijo el funcionario a este diario hace un mes.
Justo a finales de mayo y hasta mediados de junio un equipo de salvamento de la ANM estuvo atrapado en Buriticá luego de que se conociera que por lo menos dos mineros habían muerto en uno de los socavones ilegales. Pese a que los socorristas se adentraron en la montaña para buscar a las víctimas, se vieron obligados a suspender sus labores por cuenta de 11 explosiones provenientes de la minería ilegal que los pusieron en riesgo. Finalmente los cuerpos pudieron ser recuperados tras varias semanas de tensiones.
Sobre el proceso de formalización minera, Pardo añadió que, si bien el mismo había arrancado este año tomando como base una caracterización elaborada por la Secretaría de Minas de Antioquia, la tarea tuvo que suspenderse por falta de seguridad.
La Procuraduría General es la entidad que más se ha movido en la crisis de Buriticá. En reiteradas ocasiones, sobre todo el año pasado, envió comunicaciones a los ministros de Defensa, Iván Velásquez, y del Interior, Luis Fernando Velasco, alertando sobre el problema de orden público y pidiéndoles tomar medidas para el desescalamiento de esta bomba de tiempo.
“Reiteramos el llamado al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa Nacional para que tomen las medidas necesarias, urgentes y céleres para restablecer el orden público en el municipio y conjurar esta problemática”, pidió en octubre el procurador delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento Olarte.
Esa bomba de tiempo que se llama Buriticá sigue sin talanquera hacia su hora cero, sin que hasta ahora el Estado aparezca para desactivarla. Ojalá no sea demasiado tarde y logre evitarse una tragedia en curso que está más que cantada.
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