12:26 AM
Esta semana se supo que Verónica Alcocer, primera dama, y Laura Sarabia, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), habían solicitado cambios de su esquema de seguridad. Desde la Unidad Nacional de Protección (UNP), dirigida por Augusto Rodríguez, se dijo que se trató de cambios puntuales, pero EL COLOMBIANO investigó y encontró que no solo fue una barrida de más de 30 escoltas sino que se trataría de otro capítulo de la llamada “guerra fría” en la Casa de Nariño entre los dos anillos más cercanos al presidente Gustavo Petro: de un lado Sarabia y Alcocer, y del otro los exM-19.
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Por seguridad no se revela el número de escoltas de la familia presidencial, de manera que no se sabe si los más de 30 que salieron son todos o apenas algunos del equipo de agentes que protege a los más allegados al mandatario. La mayoría de ellos fueron echados y apenas un puñado continúan en la entidad por tener fuero sindical.
EL COLOMBIANO habló con varios de los que hacían parte del esquema. Ellos mismos confirmaron que no los movieron sino que los echaron y algunos están molestos a tal punto que interpusieron una queja ante la Procuraduría, pero prefieren no revelar sus identidades por temor a represalias.
Aunque en los esquemas de protección es normal que periódicamente se produzcan ese tipo de cambios, entre otras cosas por seguridad de los protegidos y labores de contrainteligencia, lo que no es usual es que eleven denuncias a la Procuraduría por presunta extralimitación de funciones contra tres servidores públicos de la Policía encargados de la seguridad presidencial, entre ellos el coronel Carlos Alberto Feria.
Consultado sobre el tema, el director de la UNP, Augusto Rodríguez, respondió a este diario: “Los escoltas son suministrados por las empresas UT. Cuando son rotados regresan a esas empresas, que los asignan a otros esquemas, según las solicitudes que la UNP va realizando. Entre tanto, la UNP suministra las personas de protección que hizo la misma solicitud la Jefatura”.
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Hasta ahora se sabía que Sarabia y Alcocer habrían solicitado desde hace dos meses el desligue de la UNP, según publicó El Espectador. En ese momento la UNP salió al paso con un comunicado en el que refiriéndose al esquema de Verónica Alcocer, anotó: “Una de las últimas novedades, tiene que ver, con la solicitud elevada, por el coronel Carlos Alberto Feria, que ejerce la Jefatura para la Protección Presidencial, sobre la rotación de un grupo de personas de protección y su respectivo reemplazo. Petición hecha a la UNP y ejecutada la semana anterior”.
Y sobre el supuesto cambio en los esquemas de Laura Sarabia, dijo: “el director de la UNP recibió una comunicación de ella en donde le solicita el reemplazo de una persona de protección, quien debido a proyectos personales finalizó su vinculación laboral, de acuerdo con lo dicho por la doctora Sarabia. Cambio que también fue realizado durante la semana anterior”.
Hacían vaca para pagar peajes
Según algunos de los escoltas que salieron del esquema presidencial y constatado con facturas, además de la presunta extralimitación de funciones, la molestia también tiene que ver con que, según aseguran, les tocó crear un fondo colectivo, una especie de vaca, para disponer de gastos diarios como pago de algunos peajes y servicios mecánicos o de lavado de camionetas que no debían correr por cuenta de ellos, pero que terminaron pagando para prestar un mejor servicio. Según ellos, nunca se les devolvió ese dinero y al ser escoltas tercerizados sus condiciones laborales no eran las mejores por el tipo de contrato (obra o labor) que era liquidado cada cierto tiempo.
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Varios de los escoltas que salieron de los esquemas de Casa de Nariño de un momento a otro quedaron desempleados y sin poder conseguir fácilmente trabajo porque la desvinculación abrupta de sus cargos les ha significado una sospecha de parte de posibles empleadores.
Este diario conoció los certificados laborales de los escoltas que prueban que trabajaron con las empresas contratistas de la UNP hasta que en Presidencia se dio la orden de removerlos, lo que la Unidad presentó después como una “rotación”, pero que en realidad fue una terminación definitiva de sus contratos. A los hombres de seguridad, algunos de los cuales estuvieron con el presidente Petro desde hace varios años, no les dieron ninguna motivación sobre su despido.
Respuesta del coronel Feria
Para conocer su versión de los hechos, EL COLOMBIANO contactó al coronel Carlos Alberto Feria a través de Presidencia. Feria, aún investigado por el caso del polígrafo a Marelbys Meza y las interceptaciones de las que esta y otra exempleada de Laura Sarabia fueron víctimas, lidera la Jefatura para la Protección Presidencial y acompaña a la familia Petro Alcocer desde hace varios años.
La respuesta de Presidencia señala que los cambios en el esquema de seguridad “son confidenciales y se realizan bajo la potestad de la Jefatura para la Protección Presidencial. Estas decisiones tienen como objetivo salvaguardar la vida, integridad física, libertad personal, seguridad individual e imagen de la familia presidencial. Sin embargo, es importante insistir en que toda la información sobre la seguridad de la familia presidencial es de carácter confidencial”.
También aseguran que “los cambios que se han hecho públicos estas semanas se han realizado conforme al marco legal que los ampara. Además, es importante resaltar que estos cambios han respetado todos los procedimientos legales establecidos, garantizando el debido proceso”.
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“Guerra interna”
Más allá de las denuncias por presunta extralimitación de funciones, que tendrá que revisar la Procuraduría, la cesación de los contratos de los escoltas demuestra que en efecto hubo una decisión puntual, primero de la seguridad presidencial para removerlos de los esquemas de Palacio y, luego, de la Unidad Nacional de Protección, a través de la empresa tercerizada, para sacarlos a todos de su cargo sin una razón aparente, porque pudieron haber sido trasladados de esquema.
Esta decisión, materializada a mediados de junio, se da en medio de las alertas por un supuesto “fuego amigo” denunciado por Alcocer el pasado 21 de junio, pero que varios funcionaros del Gobierno como Carlos Ramón González, cabeza de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y, Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), han negado de manera categórica.
“De acuerdo con la información que me ha sido proporcionada, y que pondré en conocimiento de mi equipo jurídico para lo correspondiente, la campaña de desprestigio está siendo impulsada, incluso, por personas pertenecientes a entidades del Gobierno”, puntualiza el documento. Esta denuncia, ya en poder de la Fiscalía, habla de una supuesta conspiración para involucrar mediante infamias el nombre de la primera dama con el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD).
En el comunicado de la UNP se desmiente que haya una estrategia de fuego interno entre dos bandos cercanos al jefe de Estado: “El director de la UNP precisa que la denominada ‘guerra interna’ entre altos funcionarios del Estado es combustible artificial de especulaciones y rumores. Al igual que las especies regadas sobre chuzadas, filtraciones y espionaje. En lo cual, no descarta que hubiese participación de intereses externos buscando fracturar la unidad del Gobierno y su debilitamiento; incluso algunos, para ello, usando una pretendida fuente del alto Gobierno”.
En su momento, en declaraciones dadas a la revista Semana, Rodríguez se refirió a estos hechos: “No me quiero meter en la discusión de una supuesta guerra que no existe. Alguien se lo inventó, pero no, yo ya he hablado del tema con el presidente Gustavo Petro y nos parece absurdo”.
A la tensión que produce esa información al interior de Palacio se suman las acusaciones de supuestas chuzadas a magistrados, opositores y periodistas por parte de la DNI de González, hombre de confianza de Petro. Sin embargo, no hay ninguna prueba que así lo demuestre más allá de lo denunciado por el magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibañez, quien dijo a través de un estado de WhatsApp que su teléfono estaría siendo interceptado ilegalmente. EL COLOMBIANO conoció que algunos magistrados prefieren hacer llamadas por la aplicación FaceTime de Apple porque dicen que “por allí no los pueden chuzar”.
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Salió director de contrainteligencia
De hecho, en las últimas horas, luego de que Carlos Ramón González se reunió con Gerson Chaverra, presidente de la Corte Suprema de Justicia, se confirmó la salida del coronel Edwin Chavarro, director de Contrainteligencia de la DNI. El Gobierno publicó un comunicado al final de la noche del jueves en el que precisa que el cambio de Chavarro no tiene que ver con las denuncias por seguimientos. “La Dirección Nacional de Inteligencia le aclara a la opinión pública que no es cierto que el coronel Edwin Chavarro, ex director de contrainteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia, haya sido removido del cargo por el tema de las interceptaciones ilegales”, aclararon.
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