Cientos de personas que participaron en el asalto al Capitolio han sido imputadas por obstruir, influir o impedir de forma corrupta un procedimiento oficial. El acto oficial interrumpido fue la certificación de la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020. El expresidente de Estados Unidos Donald Trump está imputado por ese delito en el caso penal de Washington por sus propios intentos de revertir el resultado electoral. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en el caso Fischer contra Estados Unidos que desautoriza la aplicación de la norma en casos así. Tras el debate de este jueves en Atlanta, es un nuevo triunfo para Trump, que aún espera del Supremo la sentencia que se pronuncie sobre su inmunidad presidencial, esperada para el lunes.
“Para probar una violación del [artículo en cuestión] el Gobierno debe establecer que el acusado perjudicó la disponibilidad o integridad para su uso en un procedimiento oficial de registros, documentos, objetos u otras cosas utilizadas en un procedimiento oficial, o intentó hacerlo”, dice el Supremo en una sentencia que ha aprobado por seis votos a tres, pero sin alinearse plenamente por ideología. Una jueza conservadora, Amy Coney Barrett, ha votado en contra y una magistrada progresista, Ketanji Brown Jackson, a favor. Es decir, asaltar el Congreso no es obstrucción de un procedimiento oficial, porque no implica destrucción de pruebas ni nada que se le parezca.
El Supremo se ha pronunciado sobre un recurso de Joseph Fischer, un imputado por participar en el asalto al Capitolio por varios cargos, pero su doctrina se extiende a todos los imputados y condenados por ese mismo tipo penal por la revuelta para impedir la certificación de la victoria de Biden.
Durante la vista oral del caso, los jueces conservadores ya cuestionaron que un artículo que se redactó dentro de una ley prevista para castigar la destrucción de pruebas en delitos financieros se pudiera aplicar a lo que llamaron “protestas” políticas. Señalaron que abrir esa puerta suponía conceder patente de corso a la Fiscalía para perseguir las protestas que considerase. Algunos dieron a entender, además, que esa norma no se había aplicado nunca con ese sentido.
“La teoría del Gobierno también criminalizaría una amplia franja de conductas prosaicas, exponiendo a activistas y grupos de presión a décadas de prisión”, dice ahora la sentencia. “La interpretación del Gobierno daría a los fiscales amplia discreción para buscar una sentencia máxima de 20 años por actos que el Congreso consideró oportuno castigar con penas mucho más cortas”, añade.
Trump no participó directamente en el asalto al Capitolio, sino que sus intentos de obstruir el procedimiento oficial de proclamación del triunfo de Biden en las elecciones se realizaron por otras vías. Sin embargo, la doctrina del Supremo puede librarle de dos de los cuatro delitos por los que está imputado en el caso de Washington por intentar alterar el resultado electoral de las elecciones de 2020.
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Los cuatro delitos de los que está acusado en ese caso son: conspiración para defraudar al Gobierno estadounidense, conspiración para obstruir un procedimiento oficial, obstrucción o intento de obstrucción de un procedimiento oficial y conspiración para violar derechos civiles. El segundo y el tercer delito se corresponden con la figura penal analizada por el Supremo y su decisión complica sobremanera que prosperen esas dos acusaciones contra Trump.
La redacción del artículo parecía cubrir la interrupción de un procedimiento como la certificación de la victoria de Biden, como subrayaron las juezas progresistas, pero el lugar donde se encuentra, entre normas destinadas a evitar la destrucción de pruebas, llevaba a dudar del espíritu con que se reguló. El Supremo considera que hay que aplicar de forma restrictiva normas con una redacción poco precisa.
El delito en cuestión está contemplado en el código penal estadounidense en el artículo 1512 del US Code 18, que indica en su letra (c)(2) que quien destruya pruebas o “de otro modo obstruya, influya o impida cualquier procedimiento oficial, o intente hacerlo, será multado conforme a este título o encarcelado no más de 20 años, o ambas cosas”. Sin embargo, el titular de esa disposición es: “Interferencia sobre un testigo, una víctima o un informante”. Ese artículo se aprobó como parte de la ley Sarbanes-Oxley de 2002, dirigida a perseguir delitos de cuello blanco. En el original en inglés, además, hay varias palabras que dejan margen de interpretación y el Supremo se centra en que ese “de otro modo” no puede interpretarse de forma extensiva.
La sentencia del caso Fischer afectará a decenas de condenados por el asalto al Capitolio. Al menos 353 acusados han sido imputados por obstruir, influir o impedir de forma corrupta un procedimiento oficial, o por intentarlo, según un recuento reciente del Departamento de Justicia. Es una de las figuras penales más utilizadas para perseguir a los que asaltaron el Capitolio.
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