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La Alianza de asociaciones y gremios de Colombia, conocida como Aliadas, expresó su firme rechazo a la iniciativa del Gobierno Nacional de modificar la ley laboral mediante la expedición de decretos reglamentarios.
Según Aliadas, a través de un comunicado, esta iniciativa gubernamental representa una clara vulneración de los principios de la democracia y una violación de la Constitución Política, ya que el artículo 189 (parágrafo 11) faculta al presidente para “ejercer la potestad reglamentaria, mediante la expedición de los decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las leyes”.
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Por eso, el gremio reiteró que dicho artículo no faculta al presidente para expedir leyes, sino para reglamentar las existentes y en la medida en que las mismas así lo establezcan.
“Los decretos laborales pretenden modificar de manera sustancial la ley vigente en materia laboral, incluyendo aspectos como la negociación colectiva laboral, el ejercicio del derecho de huelga y la solución a los conflictos colectivos”, se lee en la misiva.
Por lo tanto, Aliadas advirtió que estos temas, por ser de rango legal, no se pueden tramitar vía decreto reglamentario, so pena de resultar inconstitucionales e ilegales, sino que requieren modificación de la ley a través del Congreso de República.
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“Resulta absolutamente contradictorio y poco democrático que el Gobierno Nacional haya presentado al Congreso su proyecto de reforma laboral para la próxima legislatura, habiendo acordado un texto en el cual se excluyeron los temas que ahora se pretenden regular usando facultades reglamentarias que el ejecutivo claramente no tiene”, alertó el gremio de gremios.
La Alianza de gremios y asociaciones también criticó la justificación del Gobierno de que la reforma se basa en recomendaciones y compromisos adquiridos por gobiernos anteriores con la OIT, la Ocde y los TLC con Estados Unidos y Canadá.
Asimismo, reiteraron que la iniciativa gubernamental busca modificar de manera sustancial la ley vigente en materia laboral. Por ejemplo, la modificación que se pretende en materia de derechos colectivos, tales como la negociación colectiva laboral, el ejercicio del derecho de huelga y la solución a los conflictos colectivos.
También mencionaron el caso de la huelga en servicios públicos esenciales que, según dicta de manera expresa el artículo 56 de la Constitución, son materia exclusivamente legislativa. Y también lo relacionado con la regulación de la intermediación y tercerización, que según el Consejo de Estado es materia exclusivamente del legislativo.
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Por lo tanto, Aliadas argumentó que estos compromisos se vienen cumpliendo de manera permanente con planes de trabajo concretos y en algunos casos no resultan vinculantes, ni hacen parte de la legislación interna por no darse los elementos propios del bloque de constitucionalidad como aquellos con incidencia comercial que se desprenden de manera indirecta de los TLC.
Además de los vicios legales, Aliadas advirtió que la reforma laboral podría tener importantes consecuencias negativas para el mercado laboral y la actividad empresarial.
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Entre los posibles impactos negativos se señalan, por ejemplo, la afectación a la continuidad, la calidad y la cobertura de los servicios públicos esenciales debido a restricciones al derecho de huelga. También impacto en la ampliación excesiva del alcance y los efectos de convenciones colectivas, lo que podría generar ceses de actividades extendidos y generalizados.
“Aumento directo en los costos laborales extralegales o convencionales para las pymes, lo que podría llevar a despidos, reestructuraciones y cierres… Limitación y persecución de la actividad de profesionales independientes por tercerización ilegal… Golpe a la libertad de empresa y la libre competencia”, concluyó el comunicado.
Por eso, Aliadas exigió al Gobierno Nacional que desista de su pretensión de expedir decretos laborales inconstitucionales y que, en su lugar, abra espacios de diálogo y concertación para la discusión y análisis de la reforma laboral a través del Congreso de la República.
También solicitó al Gobierno a honrar los acuerdos que se adelantaron en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes sobre los contenidos del proyecto para la próxima legislatura.
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