Cuando Joe Biden llegó a la Casa Blanca, el 20 de enero de 2021, reiteró la promesa de campaña de impulsar una política migratoria “más humana y ética” que la desarrollada por su antecesor, Donald Trump. Y al igual que el expresidente, ha utilizado el poder ejecutivo para, por medio de órdenes ejecutivas y memorandos, restablecer un sistema que, curiosamente, ambos reconocen que se encuentra “roto” y no consiguieron el respaldo del Congreso.
A diferencia de Biden, quien promulga el respeto al debido proceso, Trump impulsó durante su mandato una política migratoria de ‘tolerancia cero’ que, entre otras medidas, criminalizó la estadía indocumentada, separó forzosamente miles de familias en la frontera, impuso restricciones a la entrada de ciudadanos de países de mayoría musulmana, restringió programas de inmigración legal, ordenó reabrir más de 350,000 casos de deportación cerrados administrativamente, canceló DACA y los programas de Estado de Protección Temporal (TPS), publicó una nueva regla de carga publica para impedir que inmigrantes pobres solicitaran la residencia (green card) y activó un programa que obligó a unos 80,000 inmigrantes a esperar en México la resolución de sus casos de asilo (MPP).
La mayoría de los planes fueron desafiados y los tribunales de justicia ordenaron restablecerlos porque el gobierno actuó, indicaron los fallos, de manera “caprichosa” y “arbitraria” al no cumplir con la Ley de Procedimiento Administrativo (APA). El exmandatario cambió reglamentos sin la publicación previa en el Registro Federal y tener en cuenta el comentario público.
Biden, por su parte, usó la misma herramienta que Trump para restablecer, según dijo, un sistema migratorio dañado por su antecesor el que, según expertos, es complejo volver a su punto original en 2017 porque es demasiado viejo y los cambios afectaron una maquinaria que opera en base a una ley aprobada hace casi 60 años, el precedente y la discrecionalidad de los agentes que la ejecutan.
La Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) fue aprobada en 1965 durante el gobierno de Lyndon B. Johnson con un escenario y movimientos migratorios totalmente distintos a los actuales. Y la capacidad de respuesta del gobierno federal tampoco responde a la demanda de asilos y programas legales de ingreso disponibles, cuyas cuotas son limitadas generando acumulaciones históricas. Casi cuatro años después de la derrota de Trump en las elecciones del 2020, nuevamente ambos contendientes vuelven a enfrentar sus políticas migratorias en una contienda virtualmente empatada y con un electorado que, si bien el tema migratorio no es el más importante (de acuerdo con recientes encuestas), sin duda será decisivo en el momento de votar el próximo 5 de noviembre.
Diferencias de “enorme impacto”
Las diferencias entre ambos candidatos van más allá del discurso y la guerra de palabras desatada desde el comienzo de las campañas. “Son diferencias de enorme impacto”, dice Dana Leigh Marks, jueza retirada de la Corte de Inmigración (EOIR) y presidenta honoraria del Sindicato de la Asociación de Jueces de Inmigración (NAIJ). “Las diferencias entre las políticas migratorias de Trump y las de Biden son marcadas”, agrega.
Marks es una de las abogadas de inmigración con mayor conocimiento de la INA y la historia migratoria desde la amnistía aprobada durante el gobierno de Ronald Reagan, en 1986. Se retiró del servicio en diciembre de 2021 luego de 35 años de carrera durante los gobiernos de Reagan, George H. W., Bush, Bill Clinton, Barack Obama, Donald Trump y el primer año de Biden.
“Si bien las políticas de la administración Biden no han sido ideales desde la perspectiva de los defensores de los inmigrantes, creo que esto es el resultado de los esfuerzos por moderar las políticas debido a la desinformación rampante difundida por Trump y sus aliados”, precisa. Y señala que “el primer día de su Administración, Biden propuso una reforma migratoria de sentido común, pero el Congreso no actuó. El legislativo incluso torpedeó el proyecto de ley fronterizo más conservador jamás visto porque Trump no quería darle a la administración Biden una victoria en ese tema”, en referencia al fracaso de discusiones bipartidistas en febrero y mayo de este año durante la discusión de fondos de emergencia para aumentar la seguridad fronteriza y elevar la capacidad de respuesta de las agencias que participan en el proceso.
En cuanto al respeto hacia la inmigración. Marks dice que Biden “reconoce las realidades de las contribuciones que hacen los inmigrantes”, al tiempo que ha reconocido acertadamente que los flujos de refugiados “deben abordarse con socios internacionales para mejorar las condiciones en otros países que obligan a las personas a huir y brindarles oportunidades para presentar solicitudes desde el extranjero en lugar de venir a nuestra frontera sur”.
Pero, advierte, Trump y sus partidarios “son firmemente antiinmigrantes, tanto hacia las personas que ingresan ilegalmente como hacia aquellos que intentan inmigrar a través del sistema de inmigración legal. Básicamente, quieren detener toda la inmigración. Su enfoque obsesivo en la frontera ignora nuestras obligaciones internacionales de proteger a los refugiados” y también el debido proceso aprobado por el Congreso.
Marks reiteró que la falta de presupuesto por parte del Congreso para aumentar la capacidad de respuesta del DHS impide que el gobierno pueda “de manera rápida y eficiente” procesar a las personas detenidas, muchas de las cuales vienen en busca de asilo. Y sostiene que Trump y sus partidarios “han tergiversado los hechos reales sobre la contribución y la necesidad de los inmigrantes ante el público estadounidense”.
“Por ejemplo, las personas nacidas en el extranjero en nuestras comunidades no aumentan las tasas de criminalidad. Por el contrario, estudios académicos acreditados confirman que la tasa de criminalidad entre los nacidos en el extranjero es más baja que la de los ciudadanos nativos. Y las personas nacidas en el extranjero no abusan de nuestro sistema de bienestar y, de hecho, se ha demostrado que aumentan las economías de las comunidades en las que viven mucho más allá del costo de cualquier servicio que utilicen”, precisó.
La herencia del ganador
Para el profesor Stephen Yale-Loehr, profesor de derecho de inmigración en la Facultad de Derecho de Cornell y coautor de una importante serie de 22 volúmenes sobre derecho de inmigración, la diferencia entre Biden y Trump en materia de inmigración es clara.
“Biden favorece la inmigración legal; Trump quiere deportar a los 11 millones de inmigrantes indocumentados del país”, dijo a Univision Noticias. “Ambos quieren controlar nuestras fronteras, pero Trump está dispuesto a ir más lejos que Biden para cerrar la frontera”.
A su vez, Yale-Loehr precisó que “no importa quién gane la Casa Blanca, heredarán un sistema de inmigración fallido”, uno al que tanto demócratas como republicanos denominan “roto” pero no invierten capital político para repararlo, menos en tiempos de elecciones.
“Hay mucho que un presidente puede hacer para mejorar las políticas de inmigración a través de acciones ejecutivas”, precisó. “En última instancia, el Congreso necesita promulgar una reforma migratoria. Eso puede resultar más fácil o difícil dependiendo de qué partido gane la Cámara de Representantes y el Senado”, apuntó.
En las últimas dos décadas el control del Congreso ha estado dividido entre demócratas y republicanos. Para aprobar leyes se necesitan en apoyo de ambos para conseguir 218 votos en la Cámara Baja y 60 en el Senado, un paso que hasta ahora no ha sido posible en cuanto a inmigración se trata.
¿Quiénes se verán afectados por la nueva orden ejecutiva migratoria de Biden? Un abogado explica
Claves de los planes migratorios de Biden y Trump
1.
Devolver inmigrantes a México:
Biden.
El 13 de mayo de 2023 Biden puso fin al Título 42 activado por Trump en marzo de 2020. La herramienta impidió la entrada al país a más de 2 millones de inmigrantes, muchos de los cuales venían en busca de asilo. El título 42 fue activado en respuesta a la pandemia del COVID-19. Pero también se usó durante el gobierno de Trump y en los dos primeros años del gobierno de Biden para controlar el ingreso indocumentado en la frontera con la excusa de la pandemia.
Tras la cancelación del Título 42, el 12 de mayo del 2023, el gobierno siguió utilizando el Titulo 8 de la INA, protocolo que permite la entrada al país de personas inadmisibles y deportables. Pero si el extranjero manifiesta miedo de ser deportado, el caso es referido a la Corte de Inmigración (EOIR). Quienes no tengan una razón legal para permanecer en EEUU son expulsados de manera expedita.
Desde la expiración del Título 42 el 31 de mayo de 2024, el DHS ha expulsado o devuelto a más de 775,000 personas, la gran mayoría de las cuales cruzaron la frontera suroeste, incluidos más de 115,000 familiares individuales. Las remociones y devoluciones totales durante el año pasado superan las remociones y devoluciones en cualquier año fiscal desde 2010, dijo el DHS.
A principios de junio Biden hizo una importante modificación. Por medio de una orden ejecutiva restringió el asilo cuando el número de detenciones en la frontera sur superan las 3,500 diarias durante una semana. La medida entró en vigor el 4 de junio y desde entonces se encuentra vigente. Afecta a todo extranjero detenido entre puertos fronterizos con excepción de menores no acompañados, quienes son procesados bajo el Acuerdo Judicial Flores de 1997. Los detenidos son colocados en procesos de deportación acelerados y reciben un castigo de 5 años fuera. El decreto estipula que si el extranjero en proceso de deportación manifiesta miedo de ser deportado, su caso es referido a un agente de asilo. En estos casos, el inmigrante puede conseguir un amparo de deportación, no asilo, y permanecer legalmente en el país.
La orden ejecutiva del presidente para limitar el asilo fue en respuesta a la negativa del Congreso “bajo las órdenes de Trump, a siquiera traer a votación un proyecto de ley que hubiese ordenado la frontera con la adición de jueces y la contratación de miles de funcionarios fronterizos y agentes de asilo del servicio de inmigración”, dice José Parra, director ejecutivo de Próspero Latino y analista político.
Trump:
En noviembre del año pasado, Trump mostró detalles de su plan migratorio. Aseguró que, si gana las elecciones de noviembre, restablecerá su política migratoria de tolerancia cero, pero con mayor rigor que durante su gobierno. Un reporte del diario The New York Times aseguró que el exmandatario “está preparando una enorme expansión de una forma de expulsión que no requiere audiencias de debido proceso”.
Además de deportaciones masivas, la estrategia incluye
Deportaciones expeditas, nuevas restricciones para la entrada al país de ciudadanos de países de mayoría musulmana, restitución del Título 42, restablecimiento del Programa Permanecer en México (MPP) para solicitantes de asilo y restringir la política de asilo. Todas estas medidas forzarían la devolución de miles de extranjeros a territorio mexicano de manera expedita.
2.
‘Parole’ humanitario:
Biden:
En abril de 2022 Bide activó un programa para que ciudadanos de Ucrania ingresen a EEUU vía aérea con un pasaporte válido bajo el amparo de un ‘Parole’ Humanitario por medio de un patrocinador autorizado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Los titulares reciben una autorización de ingreso de dos años y una autorización de empleo. Durante ese tiempo deben ajustar sus estatus por cualquier vía legal disponible, incluyendo asilo. En octubre de ese año el programa fue ampliado a Venezuela y en enero de 2023 se agregó a Cuba, Haití y Nicaragua.
Hasta finales de mayo de 2024 alrededor de 462,100 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos llegaron legalmente en vuelos comerciales y se les concedió la libertad condicional bajo estos procesos. Unos 100,500 cubanos, 193,400 haitianos, 87,800 nicaragüenses y 113,400 venezolanos fueron examinados y autorizados para viajar. Y aproximadamente 98,200 cubanos, 177,100 haitianos, 80,700 nicaragüenses y 106,100 venezolanos llegaron legalmente y se les concedió la libertad condicional, dice un informe de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP).
Simultáneamente, el DHS activó el programa CBP One, una aplicación móvil donde los inmigrantes sin visa fuera de Estados Unidos tramitan una cita. Si son aceptados, se presentan en un puerto de entrada autorizado donde pueden pedir asilo o cualquier otro beneficio legal disponible. Las decisiones de admisión son discrecionales.
La CBP dijo en el último reporte que la herramienta sigue siendo “clave” para detener la inmigración ilegal. Y reiteró que los extranjeros que cruzan entre puertos de entrada o que se presentan en un puerto de entrada “sin hacer una cita con CBP One™, están sujetos a la regla final provisional que, de acuerdo con la Proclamación Presidencial, restringe la elegibilidad de asilo para aquellos que ingresan irregularmente a través de la frontera sur”.
Desde que se introdujo la herramienta en enero de 2023 hasta mayo de este año, CBP ha procesado a más de 44,500 personas a través de citas en los puertos de entrada utilizando información avanzada enviada a través de CBP One™. A su vez, en el mismo período más de 636,600 personas han programado con éxito citas para presentarse en los puertos de entrada.
Trump:
Trump ha criticado el programa y lo tilda de “amnistía”. Reitera que acelerará las deportaciones en la frontera, acelerará juicios de expulsión; retomará la construcción del muro, restituirá el Título 42 los CDC, reinstalará el MPP y restringirá la política de asilo.
3.
Reunificación familiar:
Biden:
En julio del año pasado el DHS activó los procesos de permisos humanitarios de reunificación familiar para Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras para aquellos extranjeros familiares de ciudadanos o residentes legales permanentes que tienen aprobado el trámite del Formulario I-130 y aguardan un cupo de visa disponible del Departamento de Estado (DOS) para hacer el trámite consular, una espera que en algunos casos puede demorar 10 a 15 años.
El programa permite, tras una revisión caso por caso, recibir autorización para entrar a Estados Unidos y esperar junto a sus familiares que les llegue la visa de inmigrante y enseguida la codiciada green card o tarjeta verde.
Trump:
Trump ha dicho durante la campaña que pondría fin al “escandaloso abuso de la libertad condicional” impulsada por parte del gobierno de Biden.
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4.
Legalización de cónyuges indocumentados:
Biden:
El 18 de junio Biden anunció una nueva orden ejecutiva migratoria que permitirá el ajuste de estatus de unos 500,000 cónyuges indocumentados de ciudadanos estadounidenses que entraron ilegalmente al país, al igual que unos 50,000 menores de edad (21 años) solteros de estas familias. Los beneficiarios no tendrán la obligación de salir de Estados Unidos para el trámite consular y así evitar que les caiga encima la Ley del Castigo o de los 10 años. La regla beneficia a indocumentados que llevan al menos 10 años en EEUU (desde al menos el 17 de junio de 2014 o antes), se encuentran físicamente presentes en el país al 17 de junio de 2004 o antes y están casados con ciudadanos estadounidenses.
Además, ofrece visas de trabajo a jóvenes indocumentados graduados en centros de estudio estadounidenses reconocidos, incluyendo a dreamers (jóvenes indocumentados que entraron a EEUU antes de los 16 años).
Trump:
El expresidente, al comentar la nueva regla migratoria de Biden, mencionó dos crímenes cometidos recientemente, uno en Maryland y otro en Houston, Texas. Los presuntos responsables de estos delitos son extranjeros y culpó al gobierno de haberles permitido el ingreso al país. Y aseguró que los extranjeros arrestados se beneficiaron de la “amnistía masiva y ciudadanía a cientos de miles de ilegales que sabe que finalmente votarán por él y por la frontera abierta del Partido Demócrata”.
Lo que no dijo Trump es que los extranjeros que entraron recientemente y fueron admitidos la mayoría está en proceso de asilo de acuerdo con el debido proceso. Tampoco advirtió que debido al atasco en la Corte de Inmigración (EOIR), con más de 3,6 millones de casos en espera de resolución y un promedio de 4 a 5 años de tardanza (por escasez de presupuesto para contratar nuevos jueces y crear nuevos tribunales), los inmigrantes deben esperar años para obtener el asilo y luego la residencia, y orps cinco años para pedir la ciudadanía por naturalización. Por tanto, no pueden votar hasta que les aprueben la naturalización.
Tampoco dijo Trump que más del 80% de los casos de asilo procesados en los últimos dos años han sido rechazados porque no tienen una causa válida de acuerdo con la ley, según informes de la Casa Blanca cuando en el Senado se debatía una ley presupuestaria de emergencia por $14,000 millones para la seguridad fronteriza (contratación de 2,400 agentes federales, 4,300 agentes de asilo y creación de 100 tribunales de inmigración) y con ello reparar el sistema.
5.
Programa Permanecer en México (MPP):
Biden:
Hasta el 17 de junio Biden no desarrolló ninguna política cuyo objetivo sea devolver obligatoriamente extranjeros a territorio mexicano a esperar la resolución de sus casos en tribunales de EEUU. Pero la orden ejecutiva del 3 de junio, que restringe severamente el asilo en la frontera, para algunas organizaciones de derechos humanos se trata de un protocolo similar. La regla estipula que se activa una prohibición de asilo cuando los arrestos en la frontera sobrepasan los 3,500 diarios durante una semana.
La diferencia con MPP es que las personas devueltas no tienen un caso de asilo pendiente de resolución en los tribunales de inmigración. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) encabeza una demanda contra la prohibición y argumenta que, si bien el Congreso ha colocado algunas limitaciones al derecho a solicitar asilo a lo largo de los años, nunca ha permitido al Ejecutivo prohibir categóricamente el asilo según el lugar por donde ingresa al país un extranjero. Y recuerda que el Congreso ha dispuesto expresamente que “cualquier [no ciudadano] que esté físicamente presente en Estados Unidos o que llegue a Estados Unidos (ya sea o no en un puerto de llegada designado), independientemente de su estatus [de no ciudadano], puede solicitar asilo”.
Trump:
En enero de 2019 el gobierno implementó el Programa Permanecer en México (MPP), que obligó a unos 80,000 extranjeros que llegaron a la frontera en busca de asilo a esperar en México la resolución de sus casos en tribunales estadounidenses, en algunos casos más de un año. El programa fue duramente criticado dentro y fuera de Estados Unidos por grupos de derechos civiles y organizaciones de derechos humanos y demandado por ser contrario al derecho internacional y violar la ley de asilo aprobada por el Congreso.
En 2021 se reportó que más de 40,000 casos de MPP fueron rechazados por diversas razones, entre ellas falta de evidencias, los solicitantes de asilo no recibieron a tiempo las Notificación de Comparecencia (NTA), recibieron la NTA con poco tiempo de anticipación, las NTA no llegaron a manos de los destinatarios porque muchos no tenían dirección fija en México (vivían en las calles); un alto porcentaje perdió sus casos al no contar con la asesoría de un abogado; los migrantes recibieron la NTA en inglés y no comprendieron las instrucciones; los migrantes cuyos casos fueron cancelados no sabían que tenían plazo de 30 días para apelar sentencias, algunos solicitantes de asilo tenían antecedentes criminales, muchos abandonaron sus casos de asilo debido a la inseguridad y la pobreza en la que viven en la frontera, algunas personas murieron o se enfermaron durante la espera y no pudieron asistir a sus citas.
El plan migratorio de Trump asegura que el MPP será restablecido.
Crédito: John Moore/Getty Images
6.
Separaciones forzadas de familias:
Biden:
En febrero de 2021 Biden ordenó la creación de una Fuerza de Trabajo para reunificar la totalidad de familias separadas forzosamente por el gobierno de Biden, programa que se gestó en secreto a partir del 11 de abril de 2017. Tras graves denuncias, el gobierno de Trump reconoció la existencia del programa en mayo de 2018 y en junio aseguró que había separado a 2,654 familias bajo cargos criminales de ingreso ilegal. Informes posteriores del DHS revelaron que las separaciones forzadas afectaron a miles de familias y advirtieron que el número jamás se conocería porque no se llevaron registros, ni de separaciones ni reunificaciones una vez finalizados por procesos criminales. Y muchos padres fueron deportados solos.
El 18 de junio, durante el anuncio de la nueva orden ejecutiva para legalizar a unos 500,000 cónyuges indocumentados de ciudadanos estadounidenses, Biden dijo que todavía falta reunificar a unos 800 niños separados forzosamente de sus padres durante el gobierno anterior.
Trump:
El exmandatario no se ha pronunciado sobre si reactivará el plan de separaciones forzadas con la presentación de cargos criminales por ingreso ilegal a extranjeros que llegan a la frontera en busca de asilo. Sólo ha mencionado que restringirá la política de asilo.
7.
Deportaciones masivas de indocumentados:
Biden:
Biden insiste en trabajar con el Congreso para aprobar una reforma migratoria que incluya un camino a la residencia permanente para la mayoría de los indocumentados que viven en el país quienes. De lograrlo, los beneficiados podrán convertirse en residentes y cinco años más tarde calificarán para solicitar la ciudadanía por naturalización.
En cuanto a la policía de deportaciones, asegura que mantendrá las actuales prioridades de deportación centradas en aquellos extranjeros que tienen cargos criminales graves y quienes representan una amenaza a la seguridad pública, nacional y fronteriza de Estados Unidos. Y también de aquellos que no tengan una causa legal para permanecer en el país.
Trump:
En noviembre del año pasado Trump dijo que si regresa a la Casa Blanca, entre otras medidas, iniciará la construcción de campos para internar extranjeros donde serán procesados para ser deportados, y arrestará a millones de indocumentados que llevan tiempo en el país y aumentará las limitaciones a la inmigración legal, entre ellos el asilo.
Para cumplir con los objetivos, los planes del exmandatario contemplan que agentes federales del DHS “recorran el país en busca de inmigrantes ilegales y deportar a millones de personas cada año”, aseguró el diario The New York Times. Y agregó que, para ayudar a acelerar las deportaciones masivas, “Trump está preparando una enorme expansión de una forma de expulsión que no requiere audiencias de debido proceso”.
En abril de este año Trump dijo a la revista Time que, si gana, utilizará a la policía local para arrestar y deportar indocumentados. “Llevarían a Estados Unidos a la época de los campos de internamiento, las pruebas de pureza ideológica y las deportaciones masivas que desgarrarían a las familias estadounidenses, la economía y nuestros valores”, dijo Ben Johnson, director ejecutivo de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA).
En 2017 Trump propuso la creación de una fuerza nacional de deportaciones que incluía, además de las agencias del DHS, las policías locales y tropas del Ejército. Ahora dice que primero mostraría a los inmigrantes que está hablando en serio para que muchos de animen irse por su propio pie. Y asevera que en unos dos años terminaría todo el trabajo.
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8.
Visas para estudiantes graduados en EEUU:
Biden:
El 18 de junio Biden anuncio una orden ejecutiva que incluye visas de trabajo para estudiantes graduados en centros superiores de estudio reconocidos en Estados Unidos, incluyendo a dreamers. Pero se desconocen detalles respecto los requisitos y el tipo de visa que recibirían. El reglamento será publicado por el DHS al término del verano en el Registro Federal.
Trump:
Dos días después del anuncio de Biden, Trump, desmarcándose de su discurso antiinmigrante, ofreció la residencia permanente (green card) a todo estudiante extranjero graduado de una universidad estadounidense. “Lo que yo quiero hacer y haré es que, si te gradúas de una universidad, creo que deberías tener automáticamente como parte del diploma una ‘green card’ y poder permanecer en el país”, dijo el exmandatario en un pódcast. “Y eso incluye el junior college, cualquiera que se gradúe, que haya ido dos o cuatro años”, agregó.
¿Es posible? “Sólo el Congreso puede cambiar la ley”, advierte el abogado Armando Olmedo, coautor del libro ‘ Inmigración, las nuevas reglas’. No puede darle la green card a los estudiantes extranjeros graduados de universidades estadounidenses si antes no se cambia el reglamento correspondiente”. Además, dijo Olmedo, “no existen visas de trabajo suficientes para darles. Las cuotas se agotan pronto y quedan miles aguardando hasta el siguiente año por un cupo. Y, además, el Congreso deberá discutir y aprobar un nuevo mecanismo para ajustar sus estados migratorios y los estudiantes extranjeros puedan recibir la residencia legal permanente”.
Dos días después de la promesa de Trump, la campaña de reelección del mandatario aclaró que el ofrecimiento solo beneficiaría a ciertos estudiantes extranjeros de acuerdo con sus calificaciones de estudio.
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