Este sábado, los seis delegados designados por el presidente Gustavo Petro para el proceso diálogos de paz con la ‘Segunda Marquetalia’, grupo desertor del acuerdo de paz, se reunieron en Bogotá para ultimar detalles de cara a la instalación de la mesa, evento que se llevará a cabo el lunes en Caracas. En la tarde de este domingo, en un avión de la Fuerza Aérea Colombiana, viajaron a Venezuela. Este será el tercer proceso de negociación que adelantará el Ejecutivo de manera simultánea, luego de los iniciados con el Eln, en noviembre del 2022, y con las disidencias del ‘Estado Mayor Central’, en octubre de 2023.
Los nombres que faltaban por conocer de la delegación del Gobierno fueron designados esta semana por el presidente Gustavo Petro. A Armando Novoa, principal vocero, lo acompañarán Parmenio Cuéllar, exministro de Justicia; el coronel (r) Jaime Joaquín Ariza, como representante de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares de Colombia (Acore); María Camila Moreno, antropóloga que ha trabajado con comunidades étnicas en temas de derechos colectivos; Gloria Arias Nieto, miembro del movimiento Defendamos la Paz; y Gabriel Bustamante, subdirector general de la Unidad de Restitución de Tierras.
Además, también se designó a Tulio Gómez, máximo accionista del América de Cali, como miembro de apoyo al proceso de negociación, y a Armando Borrero Mansilla, Milton de Jesús Toncel –conocido en su paso por las Farc como Joaquín Gómez–, Álvaro Jiménez Millán -la mano derecha del comisionado Otty Patiño-, Gabriel Becerra Yañez, Alberto Lara Lozada y Estefanía Ciro, como parte del Comité Consultivo de Alto Nivel de la mesa.
“No vamos a arrancar con un cese unilateral de fuego, que es un tema que genera muchísima controversia. Aquí comenzamos con un apoyo del Gobierno al desescalamiento de la presencia armada de la ‘Segunda Marquetalia’”, adelantó Armando Novoa, en una reciente entrevista concedida a EL TIEMPO, sobre el primer tema que entrará en discusión tras la instalación.
Del lado del grupo armado que lidera Iván Márquez –quien no confirmó su asistencia a la instalación de la mesa–, habrá 12 delegados, los cuales representan las principales estructuras de la ‘Segunda Marquetalia’. Esta organización armada ilegal nació en 2019, cuando un grupo de excombatientes de las Farc, liderados por ‘Iván Márquez’, ‘Jesús Santrich’, ‘Romaña’ y el ‘Paisa’ –estos últimos tres ya fallecidos– abandonaron el proceso alegando la “traición del Estado a los acuerdos de paz” y volvieron a las armas, lo que causó su expulsión de la justicia transicional.
Hoy cuenta con unos 1.646 integrantes en Colombia y Venezuela, según cifras de inteligencia militar, entre hombres en armas (1.048) y redes de apoyo (598), que se dedican principalmente a actividades ilícitas como el control de la minería ilegal, narcotráfico, la extorsión y al secuestro, en menor medida.
En agosto de 2019 se publicó el video en el que los comandantes del grupo disidente ‘Segunda Marquetalia’ anunciaban su regreso a las armas.
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La tesis bajo la cual sustenta el Gobierno el inicio de esta negociación –manifestada por el excomisionado Danilo Rueda antes de salir de su cargo– es que en el acuerdo no existe limitación para que los desertores ingresen a nuevos procesos y puedan tener cabida en otro esquema de justicia transicional, algo que iría en contravía de las propias afirmaciones de esta administración, de la Corte Constitucional y de la base jurídica de la JEP, la Ley 1957 de 2019.
Sin embargo, hay que recordar que, en febrero del 2023, en un concepto enviado por Presidencia, firmado por el entonces secretario jurídico, Vladimir Fernández, a la Corte Constitucional –en el marco de una serie de demandas en contra de la ley de ‘paz total’–, aclararon que los desertores (puntualmente los de la ‘Segunda Marquetalia’) solo podrían acogerse a un acuerdo mediante un proceso de sometimiento a la justicia.
A esto hay que sumarle la sentencia de la Corte Constitucional sobre la ‘paz total’ en la que se declaró inexequible que fuera “a juicio del Gobierno” que se definieran los términos del sometimiento a la justicia. Esa definición, advirtió la Corte, solo puede ser dada por el Congreso a través de una ley, la cual ni siquiera ha sido radicada por el Ejecutivo.
De ahí que este proceso vaya a arrancar en medio de una enorme incertidumbre y atravesada por un intenso debate jurídico sin resolver.
REDACCIÓN POLÍTICA
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