Por Jorge Liotti
Si los duendes de la política no se entrometen, esta semana el Gobierno cerrará una etapa de su gestión con la sanción de la Ley Bases y el pacto fiscal. Una primera fase de necesidad y urgencias, tumultuosa y desgastante, como se podía suponer desde un principio. Hubo que hacer en el medio un giro hacia el pragmatismo, después del fracaso de la estrategia original de la excepcionalidad, que partía del supuesto de que todo el sistema aceptaría medidas y procedimientos inéditos por el hecho de estar frente a una profunda crisis y ante a una figura inesperada y diferente. Pero en lo económico se consolidó un brusco ajuste fiscal que permitió bajar fuerte la inflación y se recuperó cierto orden macro; en lo político quedará el mérito de hacer pasar por el Congreso el proyecto más ambicioso que se recuerde, aunque fuera con precarios acuerdos. Javier Milei conserva índices de popularidad elevados y el crédito de que puede encontrar el camino de salida al laberinto argentino. Fin.
Se podría suponer que ahora viene la segunda etapa, pero no siempre el cierre de un ciclo conduce al siguiente. Muchas veces media una larga transición, cargada de indefiniciones. Y éste es el gran dilema que ahora enfrenta el Gobierno: ¿está en condiciones de avanzar hacia un estadio más desarrollado de su gestión, o sólo está programado para una lógica de ruptura y refundación? ¿Alberga el instrumental humano y las habilidades técnicas para afrontar al enorme desafío que implica responder a la demanda de bienestar que la sociedad aún espera?
Por Gabriela Origlia
El presidente Javier Milei tuvo un gesto con tres gobernadores peronistas que ni siquiera realizó con los siempre más cercanos de Juntos por el Cambio (JxC): compartió una foto con Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca) y Gustavo Sáenz (Salta). De esa misma reunión participó el radical jujeño Carlos Sadir, quien es parte del grupo del Norte Grande, que apunta a lograr el “Pacto de Güemes”. Los peronistas le ratificaron el apoyo a la ley Bases y el paquete fiscal. Más allá de lo institucional, es obvio que hay un guiño a un sector del PJ en medio de la interna del principal partido de oposición.
La foto no es ajena al propio debate interno que enfrentan los libertarios respecto a cómo ganar el músculo político que necesitan. Guillermo Francos, a quien desde todos los sectores le reconocen su capacidad de diálogo, viene del peronismo y, desde siempre, intenta construir lazos con el PJ no kirchnerista. Antes de asumir, incluso, fue a una cumbre de mandatarios peronistas entrantes y salientes que se hacía en la sede del Banco Provincia. Antes, conversó con el propio Axel Kicillof.
Por Laura Serra
Tras siete meses de trabajosas negociaciones con el Gobierno, los bloques de oposición dialoguista de la Cámara de Diputados se aprestan a poner punto final al farragoso trámite parlamentario para ofrendarle a Javier Milei su Ley de Bases y el paquete de reformas fiscales. Ya no hay más margen para dilaciones para el oficialismo ni para la oposición, que quiere finiquitar este jueves el debate con tal de que el presidente deje de justificarse en las dilaciones del Congreso y se aboque a los problemas de su gestión.
El Gobierno y los bloques de oposición dialoguista reanudan este lunes las negociaciones con la intención de confluir en dos dictámenes comunes, uno por cada proyecto aprobado. Si bien se avanzó sobre qué modificaciones se aceptarían del Senado y cuáles, por el contrario, se desecharían para insistir con la media sanción original de Diputados, todavía hay puntos no resueltos. Los más espinosos son la restitución del impuesto a las Ganancias –que fue rechazado por el Senado- y las privatizaciones de Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina (RTA), capítulo este último que genera tensiones internas en los bloques.
Los cruces entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y el dirigente social Juan Grabois no cesan. Este sábado el líder del Frente Patria Grande volvió a la carga contra la segunda de Javier Milei con una lista de 10 puntos y acusó a las filas del Gobierno de ser “reptilianos repugnantes”.
En un extenso mensaje a través de la red social X, el dirigente social envió una nueva respuesta a un mensaje de la vice. “Señora Presidenta en ejercicio: el perejil es un alimento con grandes propiedades nutricionales. No lo subestime”, comenzó Grabois, luego de que ella lo acusara de plantar perejiles en “campos tomados”.
En ese contexto, continuó con su segundo punto: “Los campos se los apropiaron los oligarcas con olor a bosta de la Sociedad Rural amparados por los torturadores condenados que usted defiende (aunque en forma bastante timorata últimamente)”. Y agregó respecto a la designación de la referente de Pro en un área en que la vice esperaba tener mayor incumbencia: “¿La montonera tirabomba no era Patricia Bullrich? Evidentemente a Milei le pareció mejor ‘caza-terroristas’ que usted”.
El paisaje depende siempre del lugar desde donde se lo mire. La reciente resolución, polémica y controversial, de una sala de la Cámara de Casación Penal sobre la conocida causa de los cuadernos, la investigación periodística más importante que se ha hecho sobre la corrupción política, contribuyó a ratificar el excepcional trabajo del periodista Diego Cabot publicado en LA NACION y las posteriores pesquisas del fiscal Carlos Stornelli y del juez Claudio Bonadio, ya fallecido. Si bien esa sala de Casación sacó el caso del empresario Ángelo Calcaterra –dueño entonces de una empresa de construcción– de la Justicia Penal y lo envió a la Justicia Electoral, que tiene leyes más benignas, el fallo conlleva otra connotación. Confirma ampliamente el trabajo de Cabot: hubo un vasto sistema de corrupción vinculado con la obra pública; ratifica que también hubo presión del gobierno kirchnerista sobre los empresarios cuyos negocios estaban vinculados al Estado, y corrobora que los empresarios aceptaron un modo deshonesto de relacionarse con los funcionarios públicos. Esa fue la conclusión central de la investigación del periodista Cabot y de las indagaciones judiciales de Bonadio y Stornelli, los primeros magistrados que en la Justicia hurgaron en esa escandalosa denuncia. Nunca otros empresarios, que pagaron sobornos de manera constante y sistemática, podrían acogerse al precedente de Calcaterra; este dijo desde el principio que lo habían obligado a entregar dinero en los meses y semanas previos a las elecciones de 2013 y 2015. Desde que llegó casi llorando al despacho de Stornelli para ofrecerse como colaborador arrepentido, antes incluso, según consignaron los jueces de Casación, de que Calcaterra fuera citado o nombrado públicamente. Esa es la opinión que se escuchó cerca de los magistrados Carlos Mahiques, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, que integraron la sala de Casación que dictó la cuestionada resolución: “No podrá tomarse esta resolución como un antecedente para todos los empresarios procesados en la causa de los cuadernos”, dijeron al lado de ellos.
El día siguiente de las elecciones europeas, Fernando Savater tenía una cita con un grupo de alumnos de una escuela secundaria en la periferia de Madrid. En su fuero interno, al filósofo lo intrigaba saber qué sería de aquellos muchachos en la madurez y también si se tragarían las psicopatías y zonceras mediáticas y políticas de la época; luego se preguntaba: “¿Preferirán la moderación, que a menudo se equivoca o no se atreve a acertar, a los extremismos, siempre equivocados?” Aun anotándose en la moderación, Savater no pudo sin embargo con su genio y lanzó una ironía sobre los alarmismos poco ecuánimes de la progresía española frente al avance de los ultras: “Ya ser de derechas es una enfermedad grave, pero ser de ultraderecha es la fase terminal de la dolencia. En cambio, no hay ultras de izquierda: en el bien no puede haber exceso. Hace unos años solía decirse, como una broma cínica, que nunca se es demasiado rico, ni se está demasiado delgado, ni se sale demasiado en televisión. Ahora el criterio que impera es que nunca se es demasiado de izquierdas… ni se es de izquierdas demasiado tiempo”. La reflexión resuena en un contexto que comienza a descascararse por la inquietante irrupción de La Nueva Derecha: Savater está mosqueado con los “progres” de tintes populistas que mandan desde hace rato en ciertas naciones de Europa, pero me atrevo a profetizar que pronto lo estará también con los “fachas”. Lo dicho: los extremismos siempre se equivocan.
Eran tres: dos que investigaron y la jefa de ambos. Avanzaron por debajo de los radares de casi todos en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) durante la presidencia de Alberto Fernández. Hasta que un lunes, ya con Javier Milei en la Casa Rosada, completaron el informe sobre los miles de millones de pesos al año que, concluyeron, evade Tabacalera Sarandí, la nave insignia de Pablo Otero, el “Señor del Tabaco”. Y lo subieron a la red interna del organismo tributario. Entonces comenzaron los problemas: les robaron sus computadoras ese fin de semana, los reasignaron a otras funciones, les iniciaron un sumario y quedaron bajo sospecha, según reconstruyó LA NACION durante los últimos dos meses.
El informe fue contundente. Expuso que Tabacalera Sarandí subfacturó durante años grandes volúmenes de cigarrillos que en teoría les vendió a supuestos intermediarios que en realidad no se dedican a comercializar tabaco o a personas que figuran en la base de contribuyentes no confiables de la propia AFIP; entre otros motivos, por emitir facturas truchas. ¿La conclusión del reporte? El desfalco a las arcas públicas de la empresa de Otero y otras tabacaleras locales (mucho más pequeñas que Sarandí) ascendería a los 185.000 millones de pesos.
Por Matías Moreno
Mientras el presidente Javier Milei disfruta de su gira por España y Alemania, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, echó hoy de forma sorpresiva al número dos de su cartera, Vicente Ventura Barreiro, a quien acusó de haber intervenido en una licitación de servicios de comida para el Servicio Penitenciario Federal (SPF) con el supuesto fin de beneficiar a un grupo de quince empresas que participaban del negocio.
Tras notificarle su decisión a Milei y al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, la funcionaria denunció a Ventura Barreiro ante la Oficina Anticorrupción (OA). “Este Gobierno ha asumido un compromiso con la transparencia de la gestión”, argumentó Bullrich, quien acusó a Ventura Barreiro de “haber intentado interferir en un proceso licitatorio de servicios de comida” para el SPF.
LA NACION
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