Congresistas de la mayoría parlamentaria manifestaron su respaldo al canciller Javier González-Olaechea por sus cuestionamientos, durante una ceremonia en la Embajada de Canadá, al pronunciamiento de esta y otras 15 representaciones diplomáticas en contra de un proyecto de ley que se tramita en el Legislativo. La iniciativa busca modificar las normas de supervisión y fiscalización a organizaciones no gubernamentales (ONG).
El hecho ocurrió el jueves, durante la celebración por los 80 años de relaciones diplomáticas entre el Perú y Canadá. En su discurso, el ministro de Relaciones Exteriores inicialmente destacó los nexos entre ambos países, pero luego refirió que “hablando en términos hipotéticos y condicionales, supimos de unos pronunciamientos que no fueron los más felices, que no fueron oportunos, porque se refirieron a un proyecto, ni siquiera a una ley”.
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“Para hablar de amistad tiene que ser franco, tiene que ser respetuoso. Yo no puedo ser amigo de Pedro y Pedro en mi casa me dice algo altisonante. O me cuesta cultivar esa amistad que profundamente aprecio, en el caso de Canadá […]. Aquí hay congresistas, señor embajador, y para que seamos amigos de verdad, y creo que realmente lo somos, hay que decir las cosas con todo respeto”, dijo el canciller, de acuedor con la transcipción del discurso a la que accedió El Comercio.
También le indicó al embajador canadiense, Louis Marcotte, que el Legislativo de su país tramita un proyecto similar. Añadió que en la diplomacia hay momentos para hablar y “hay momentos para callar”.
El proyecto en cuestión, que ya fue aprobado a nivel de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, ha causado polémica.
ONG e instituciones civiles sin fines de lucro consideran que el verdadero interés de la iniciativa sería limitar el derecho de asociación y participación de los ciudadanos a través de organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos, la democracia, la libertad de expresión y las libertades individuales, así como a la promoción de cambios hacia la igualdad, el acceso a salud, educación de calidad, la protección del medio ambiente, entre otros temas.
En ese contexto, 16 embajadas manifestaron su preocupación por el dictamen a través de un comunicado publicado el 10 de junio El pronunciamiento fue firmado por las representaciones de Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, España, EE.UU., Finlandia, Francia, Irlanda, Nueva Zelanda, Países Bajos, Reino Unido, Suecia, Suiza y la Unión Europea.
Respaldo
En medio de la controversia, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, Alejandro Aguinaga (Fuerza Popular), dijo a El Comercio que está “completamente de acuerdo con que el canciller haga respetar los fueros”. “
Alejandro Aguinaga contó que, antes de ese incidente, un “funcionario de negocios” de la Embajada de Canadá le envió una carta “bien atrevida” para criticar el proyecto. Ante ello, indicó que él mismo llamó al embajador canadiense para manifestarle su “sorpresa”.
También dijo que le informó al canciller sobre leyes o proyecto de ley en otros países, como Canadá, que tienen legislaciones similares a la aprobada en la comisióni que preside.
“El objetivo ahora en el mundo es la transparencia. Supervisión y transparencia. Nosotros estamos poniendo una ley de primer mundo y no sé cómo estos países nos piden que actuemos en el sentido contrario a lo que ellos preconizan en sus países”, dijo el legislador.
Jorge Montoya (Honor y Democracia) dijo que respaldaba “al 100 % las declaraciones” del ministro, “contra los intentos de injerencias en asuntos internos del país por parte de algunas embajadas extranjeras”.
“Somos independientes y soberanos de nuestro territorio y de nuestras acciones jurídicas y diplomáticas”, afirmó a través de su cuenta de X (antes Twitter).
Alejandro Muñante (Renovación Popular) se manifestó en la misma línea. “Saludo ese gesto. Necesitamos que un canciller no sea tan flexible frente a actos que puedan considerarse intromisorios en nuestra política. Tampoco lo dijo de una manera muy irrespetuosa”, declaró en RPP.
Cuestionado por el proyecto de ley en cuestión, replicó que “el principio de soberanía estatal prima sobre el poder económico que pueda tener un país”. “Preocupa la desviación de los fondos que estas ONG recaban de cooperación internacional”.
Fuentes de El Comercio indicaron que desde Torre Tagle no se prevén nuevas acciones en torno a este hecho y que se considera el incidente como superado. Tampoco se prevé que el canciller vuelva a referirse al tema, ya que se considera que su postura quedó clara en su discurso.
Para el exembajador Carlos Pareja, que las embajadas hayan hecho público ese comunicado fue “inusual” y fue un posible “exceso”, por lo que el canciller también quiso manifestar su descontento a través de una “expresión pública”.
Sobre si fue oportuno dar ese mensaje en un discurso por el aniversario de las relaciones entre Perú y Canadá, dijo que “quizás lo que correspendía era dar una declaración ante la prensa, no expresar su opinión durante un saludo por el día de un país amigo del Perú”.
Pese a ello, Pareja consideró que el incidente no escalará. “Esto queda ahí, no va a escalar de ninguna manera”, expresó.
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