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Desde hace varias semanas copias de chats con denuncias puntuales están circulando en los celulares de congresistas y asesores sin que se sepa con claridad su origen. La historia sería una más de cadenas de WhatsApp que circulan en las redes sin corroboración, pero en este caso los nombres que mencionan son del más alto círculo de poder en la Casa de Nariño.
Los funcionarios señalados son concretamente Jaime Ramírez Cobo, un asesor del equipo de la directora del Departamento Administrativo de Presidencia (DAPRE), Laura Sarabia, y quien es el enlace de Presidencia con el Congreso, y Daniela Valencia, quien hasta hace algunos meses era la vicepresidenta de contratación derivada de la Fiduprevisora.
Los señalamientos los vinculan a ambos y a un familiar de una alta funcionaria del Gobierno, con supuestas maniobras para dirigir contratos en varias entidades del Ejecutivo. Sin embargo, las cadenas de chat no tienen ninguna prueba y son dichos que evidentemente alguien puso a circular por la red social sin que se entiendan los intereses de las partes involucradas.
EL COLOMBIANO investigó y encontró que la guerra de acusaciones se trataría de una disputa interna por el poder más próximo al presidente entre Sarabia, quien se ha convertido en la mujer más poderosa del Gobierno y el puente con los sectores con los que incluso para el presidente Gustavo Petro es difícil la interlocución, y un grupo de funcionarios de la confianza del mandatario que sienten que el poder que Sarabia ha acumulado desde que regresó al Gobierno es exagerado. Eso lo dijeron a este periódico dos fuentes relacionadas con la historia que pidieron la reserva de su identidad.
Una de las fuentes aseguró que hay dudas sobre el papel del actual director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) detrás de los señalamientos. Este diario le hizo la pregunta puntual a Rodríguez sobre si él ha denunciado algún tipo de conducta por parte de Jaime Ramírez, Daniela Valencia o Laura Sarabia al presidente Gustavo Petro, la Fiscalía o alguien en el Gobierno Nacional, pero hasta el cierre de esta edición no había respondido.
Los señalamientos son tan delicados- hablan de una supuesta red de contratación con congresistas y de negocios en contratación pública con empresarios cercanos- que tanto Ramírez Cobo como Daniela Valencia interpusieron una denuncia a la Fiscalía contra persona indeterminada pidiendo al ente acusador que indague los hechos e investigue las acusaciones. El documento, conocido por este diario, ya tiene radicado de la Fiscalía pero aún no tiene fiscal asignado.
“La propaganda oscura, entendida como la estrategia basada en la divulgación sistemática de información falsa, inexacta, tergiversada y perjudicial, desafortunadamente suele ser utilizada de manera frecuente como herramienta estratégica en las dinámicas del poder en Colombia. Mediante ella, el autor desprestigia a un tercero con el fin de desacreditar sus ideas, capacidades, condiciones para una determinada función, política o cargo”, comienza señalando el documento.
Luego, describe la información sobre los chats. “El día 31 de mayo de 2024, conocí una información inveraz que está circulando vía Whatsapp, en la cual se relaciona mi nombre con supuestos hechos de corrupción. Según información recibida, las personas encargadas de la redacción del contenido inveraz de estos chats están buscando que sean publicados en medios de comunicación para impulsar una campaña de desinformación en mi contra. En estos chats se asegura que yo recomiendo a los parlamentarios que soliciten al Gobierno ciertas entidades públicas. Una vez se obtiene la entidad por parte de los parlamentarios, supuestamente recibo negocios o cargos en favor de terceros por valores entre los ocho mil y cinco mil millones de pesos”.
Finalmente, la denuncia de Ramírez Cobo expresa que también hay detrás de las acusaciones una intención de relacionar a Daniela Valencia con actos de corrupción al interior de la Unidad de Gestión del Riesgo. EL COLOMBIANO buscó al expresidente de la Fiduprevisora, Mauricio Marín, quien aseguró que él llevó a Valencia a trabajar en la entidad al frente de la contratación derivada por su experiencia destacada y porque la conocía desde hacía varios años en el terreno profesional, negando cualquier relación como cuota política de algún sector.
Además, Laura Sarabia también aseguró que el propio presidente Gustavo Petro ya está al tanto de estas denuncias. Lo que no queda claro es quién pudo haber redactado los textos para luego distribuirlos a varias personas con la aparente intención de que estos llegaran a diferentes sectores. En estas conversaciones se dan nombres de entidades, contratos y empresas que supuestamente estarían favoreciéndose con el lobby de terceros relacionados con el Gobierno. Pero de las afirmaciones no hay hasta ahora ninguna prueba suficiente. Valencia también interpuso una denuncia similar a la Fiscalía.
El papel de Laura Sarabia
Desde que regresó al Gobierno, Laura Sarabia se ha convertido en el puente de varios sectores que no son necesariamente cercanos al presidente para poder llegar a acuerdos. La joven asesora del jefe de Estado es la directora del Departamento Administrativo de Presidencia, pero también ha tenido un papel destacado en los acuerdos de colaboración entre el sector público y el privado para llevar proyectos de agua potable a la Guajira, lo que el Gobierno Nacional hizo con el Grupo Aval como uno de los pocos ejemplos de política pública con el apoyo de privados durante la administración de Gustavo Petro.
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