El Ministerio de Cultura ha informado este jueves de que ha iniciado los trámites del procedimiento para la extinción de la Fundación Nacional Francisco Franco, que, a juicio de Ernest Urtasun, no cumple con los requisitos que establece la ley de Memoria Democrática, que ve contrarias a ley aquellas asociaciones partidarias de «la apología del franquismo que ensalce el golpe de Estado y la dictadura o enaltezca a sus dirigentes». La decisión final, no obstante, corresponde a los jueces, con lo que la resolución del procedimiento está lejos de ser inminente.
«Como responsable último del Ministerio de Cultura, acabo de iniciar el inicio de las actuaciones previas del procedimiento de extinción de la Fundación Francisco Franco», ha dicho el ministro Urtasun en un vídeo compartido a través de X. «Siguiendo el mandato de la ley de Memoria Democrática, hoy el Ministerio de Cultura da por primera vez este paso iniciando los trámites para instar judicialmente a la extinción de la Fundación Francisco Franco», ha añadido. «Es responsabilidad de este ministerio cumplir escrupulosamente con la ley de Memoria Democrática».
La fase que ha activado hoy el ministro y portavoz de Sumar es la primera de tres, y corresponde al inicio de las actuaciones previas. Estas consisten en la petición de informes a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y al Registro de Fundaciones, con la finalidad de obtener la información y los elementos de juicio que puedan motivar la petición judicial para instar a la extinción de la fundación. Esta actuación le corresponde al Protectorado de Fundaciones, dependiente del Ministerio de Cultura.
El departamento que dirige Urtasun argumenta que la ley de Memoria Democrática establece que «concurrirá causa de extinción cuando las fundaciones no persigan fines de interés general o realicen actividades contrarias al mismo». «A estos efectos, se considera contraria al interés general la apología del franquismo que ensalce el golpe de Estado y la dictadura o enaltezca a sus dirigentes, con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo, o incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las mismas por su condición de tales».
Con la petición de los informes preceptivos, dice Urtasun, «se abre un periodo de recopilación de información en el que participarán también las asociaciones de memoria». Una vez concluida esta fase, será cuando Cultura abra el procedimiento, que comenzaría con la comunicación del expediente a la mencionada fundación y la apertura del correspondiente periodo de alegaciones. Por último, el ministerio debe solicitar un informe a la Abogacía General del Estado, con el que Cultura debe elaborar una resolución para instar judicialmente la extinción. La última palabra será de los jueces, como el propio ministro ha señalado.
Ya en abril, Cultura avanzó que estaban trabajando en la extinción de la Fundación Franco. «Es una de las prioridades del Ministerio de Cultura», dijo entonces el departamento que dirige Urtasun. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, dijo también que la fundación está en sus «últimos días». El objetivo del Gobierno no es ilegalizarla, sino extinguirla. El director de la Fundación Franco, el general Juan Chicharro, está dispuesto a llevar a cabo una «dura lucha» en los tribunales contra estos planes.
Este es el segundo movimiento que hace Urtasun en materia de memoria democrática en lo que llevamos de mes, coincidiendo con la crisis de liderazgo de Sumar, que sufrió un duro castigo en las pasadas elecciones europeas. Hace unos días, el ministro anunció que Cultura había publicado un inventario de los bienes incautados durante la Guerra Civil y el franquismo. Urtasun presumió de ser «el primer ministerio del Gobierno en cumplir con el mandato de la ley de Memoria Democrática» al publicar el listado. El titular de Cultura explicó igualmente que aquellos herederos que hayan localizado obras expoliadas entre los fondos del Estado pueden reclamarlas, pese a que el Ministerio de Memoria Democrática sigue sin elaborar el reglamento que debe dar las instrucciones generales para hacerlo.
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