El fraude de 680 millones de los ERE sale barato: sólo 5 de los 9 condenados a cárcel están en prisión

Caso ERE

Griñán y Márquez tienen la pena suspendida y Viera y Aguayo gozan del tercer grado

La decisión del Tribunal Constitucional (TC) de anular la condena a la ex ministra socialista Magdalena Álvarez por el caso ERE abre la puerta a una amnistía a los ex presidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán y al resto de condenados por prevaricación. Entretanto, sólo cinco de los nueve sentenciados a penas de cárcel por malversación están actualmente en prisión.

La pena de Griñán -seis años y un día- fue suspendida durante cinco años por la Audiencia de Sevilla merced a un cáncer de próstata. También se encuentra suspendida provisionalmente la condena al ex director general de Trabajo Juan Márquez. El Tribunal Supremo (TS) la rebajó de siete a tres años. Cabe recordar que Márquez también está condenado en una pieza separada de la macrocausa de los ERE a más de cuatro años de cárcel por malversación en las subvenciones que la Junta otorgó ilegalmente a Acyco, una empresa de aceitunas eróticas, si bien está pendiente de que el TS resuelva su recurso de casación.

Además, el ex consejero de Empleo José Antonio Viera, condenado a siete años y un día, goza del tercer grado penitenciario desde junio de 2023 por motivos sanitarios. A él se sumó recientemente la ex consejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo -seis años y dos días de pena-, que a principios de mes logró el tercer grado y quedó adscrita al centro de inserción social (CIS) de Sevilla.

Así las cosas, por el fraude de 680 millones de euros a los andaluces a día de hoy sólo están en prisión el ex consejero de Empleo Antonio Fernández -condenado a siete años, 11 meses y un día-, el ex consejero de Innovación Francisco Vallejo -siete años y un día de pena-, el ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá -también siete años y un día-,  el ex viceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román -condenado a seis años- y el ex director general de IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano -sentenciado a seis años, seis meses y un día-.

El ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, condenado a siete años, 11 meses y un día, falleció en octubre de 2020 por una neumonía.

«Riesgo sistémico de impunidad»

Los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que se han opuesto a anular la condena de la ex ministra socialista y ex consejera andaluza Magdalena Álvarez han señalado que esta decisión, tomada por la mayoría progresista de la corte de garantías, causa un «daño institucional difícilmente reparable porque supone invalidar lo sentenciado sobre la causa de corrupción más importante de la historia reciente de España», al tiempo que advierten de que genera un «riesgo sistémico de impunidad».

Así lo ha informado el TC en relación al voto particular del magistrado César Tolosa, al que se han adherido los magistrados Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo y Concepción Espejel, contra la sentencia del TC que ordena a la Audiencia de Sevilla rebajar a Álvarez los nueve años de inhabilitación a los que fue condenada por un delito de prevaricación en esta causa.

Para los cuatro magistrados discrepantes, del ala conservadora del Constitucional, «el recurso de amparo presentado por la ex ministra debió ser desestimado porque la condena no vulneró su derecho a la legalidad penal». A su juicio, la sentencia de sus compañeros que anula la condena de Álvarez «ha devastado los límites de la jurisdicción constitucional al irrumpir en el ámbito reservado a la jurisdicción ordinaria y suplantar la función del Tribunal Supremo como máximo intérprete de la ley».

Para Tolosa, la sentencia que dicta el TC «consagra un inexistente principio de irresponsabilidad de los miembros del Gobierno, ajeno a la Constitución, y sitúa a los miembros del Gobierno por encima de la ley, lo que derrumba los propios fundamentos del Estado de Derecho e incumple los compromisos internacionales adquiridos en la lucha contra la corrupción, así como las exigencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea al generar un riesgo sistémico de impunidad».

Reacciones de la Junta, Vox y PSOE

Por su parte, la Junta de Andalucía de Juanma Moreno ha querido dejar claro que el caso ERE es y seguirá siendo el «mayor caso de corrupción de España». «El pasado no se puede borrar», ha remarcado su consejero de Presidencia, Antonio Sanz.

También se ha pronunciado al respecto el portavoz adjunto de Vox en el Parlamento de Andalucía, Rodrigo Alonso, que ha alertado de que la decisión del TC de anular la condena a la ex ministra la han adoptado «siete magistrados elegidos por el PSOE». «Los jueces tienen que ser elegidos por los jueces. Hasta que no se garantice la independencia del poder judicial en este país, la sospecha de favoritismo y de que los políticos puedan quedar impunes ante un caso de corrupción siempre va a existir», ha afirmado.

De su lado, desde el PSOE han celebrado la resolución judicial y han asegurado que Magdalena Álvarez «es una persona buena, honesta e intachable». «Se hace justicia», ha apuntado el secretario general del PSOE de Málaga, Daniel Pérez.

La ex ministra, recordemos, fue vitoreada en un mitin de Pedro Sánchez en Benalmádena (Málaga) el pasado 5 de junio. El presidente del Gobierno utilizó a Álvarez para defenderse de la imputación de su mujer, Begoña Gómez, presente también en el acto: «No somos ingenuos, no soy yo el primer presidente que ha sufrido. Aquí tenemos a Magdalena, que ha sufrido el vil ataque de la derecha y la ultraderecha durante muchos años», proclamó Sánchez, lo que arrancó la ovación de los presentes.