La ONG Laboratorio de Paz denunció que el régimen de Nicolás Maduro realiza detenciones arbitrarias en Venezuela para “socavar la eficacia de la campaña del candidato Edmundo González Urrutia“ e indicó que las mismas “vulneran el derecho de asociación, reunión y libertad de expresión” en el país caribeño.
“Los diferentes patrones de violación a derechos humanos documentados en el contexto previo a las elecciones del 28 de julio pudieran aumentar exponencialmente a partir del 4 de julio, fecha de inicio formal de la campaña”, manifestó la ONG en su más reciente informe.
Laboratorio de Paz señaló que las detenciones arbitrarias registradas “formarían parte de un patrón sistemático de violaciones a derechos humanos como estrategia oficial para erosionar la legitimidad y eficacia de la candidatura de su principal contendiente: Edmundo González Urrutia”.
“Hasta el 17 de junio, el Laboratorio de Paz ha contabilizado que durante el primer semestre del año 2024 han ocurrido 46 detenciones arbitrarias en Venezuela, 37 de ellas por razones políticas y 9 a personas por ejercer su derecho de libertad de expresión”, añadió.
El informe detalló que, en las 37 por razones políticas, 33 son hombres y 4 mujeres. Según sus perfiles, 16 de estas personas están vinculadas al partido Vente Venezuela, 2 al partido Voluntad Popular y 1 al partido Primero Justicia; 1 persona es defensora de derechos humanos, 1 es líder social, 3 son sindicalistas, 6 fueron aprehendidos por suministrar bienes y servicios a la campaña del candidato Edmundo González y 6 personas fueron detenidas por ser familiares de los anteriores. 1 persona no tiene adherencia a ninguna organización política y social, siendo un abogado que fue detenido por grabar imágenes de Alex Saab.
Sobre los cuerpos policiales responsables de las detenciones, el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) ha intervenido en 21 de los casos, seguido por la Guardia Nacional Bolivariana en 3 casos, la Policía Nacional Bolivariana en 2 casos y policías estadales en 2 situaciones. En 9 casos no ha podido identificarse el cuerpo policial que ha realizado las detenciones.
Acerca del lugar donde han ocurrido las detenciones arbitrarias, 10 de ellas se realizaron en el Distrito Capital, seguido por los estados Portuguesa y La Guaira con 5 casos cada uno, Miranda con 4 víctimas, Barinas 3 casos, Táchira 3 casos, Aragua 2, Yaracuy 2, Apure 1, Nueva Esparta 1, Trujillo 1.
“Como una situación recurrente de las detenciones arbitrarias, se encuentra la negativa de las autoridades a reconocer la situación de privación de libertad, o revelar el sitio de reclusión de la persona, o el órgano de seguridad bajo custodia. Tal como afirmó el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas, recientemente en un comunicado sobre Venezuela: ‘Estas detenciones prolongadas y en régimen de incomunicación equivalen a desapariciones forzadas. Las mismas parecen seguir un patrón según el cual las personas son privadas de libertad por las autoridades estatales, llevadas a centros de detención reconocidos y ahí privadas de sus derechos fundamentales como el contacto con el mundo exterior y el acceso a asistencia letrada’. Además, se les niega la posibilidad de contar con un abogado de su confianza y se les obliga a aceptar un defensor público. En un caso registrado durante el período, durante la incomunicación la persona detenida denunció tratos crueles y degradantes con el fin que grabara un video, en el que inculpara de diferentes delitos a personas de su organización política. Algunas de las acusaciones contra los detenidos han sido ‘instigación al odio’, ‘terrorismo’ y ‘conspiración’”, agregó el escrito.
A las 37 detenciones arbitrarias por razones políticas registradas durante el primer semestre de 2024, habría que sumar 9 privaciones de libertad documentadas por el ejercicio de la libertad de expresión, 6 hombres y 3 mujeres. 6 de estas detenciones fueron realizadas por policías estadales, 1 por el CICP, 1 por la PNB y 1 por la GNB.
En uno de estos casos 4 personas fueron detenidas en el estado Mérida luego de la difusión de un video en el que se cuestiona al gobernador del estado Mérida, Jehyson Guzmán, por supuestos actos de corrupción. Otras 2 detenciones ocurrieron en el estado Zulia, 1 en la Guaira, 1 en Falcón y 1 en el estado Nueva Esparta. En estas privaciones de libertad se encontraron las mismas violaciones al derecho al debido proceso y el derecho a la defensa detectadas en las detenciones por razones políticas.
Las violaciones al derecho a la libertad de personas se dan en el contexto previo a las elecciones presidenciales del 28 de julio, donde han ocurrido otras vulneraciones a los derechos de libertad de asociación y reunión, manifestación pacífica y libertad de expresión e información. Hasta el 16 de junio la campaña del candidato Edmundo González había visitado 14 estados del país, en los cuales 13 de ellos se registraron actos de retaliación. Se sancionaron y clausuraron por más de 30 días 14 establecimientos por ofrecer bienes y servicios, se emitieron órdenes de cierre temporal de al menos 35 locales en la población de Quíbor, estado Lara, y se confiscó un número indeterminado de bienes vinculados al trabajo y sustento de trabajadores y trabajadoras. Asimismo, se han registrado 24 actos de hostigamiento contra personas vinculadas a la campaña de Edmundo González.
El escrito señala que existe una prohibición no escrita de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) a los medios televisivos y radiofónicos del país de entrevistar al candidato Edmundo González, a María Corina Machado o a cualquier vocero del partido Vente Venezuela. Se han registrado 6 casos de censura siendo emblemático el del periodista Antonio Di Giampaolo, quien el 18 de mayo anunció su retiro del programa “En el Aire” en Éxitos 93.1 FM, Maracay, después que le impidieran transmitir una entrevista con el candidato Edmundo González. El programa tenía dos años realizándose en esa emisora. Por otro lado, el 26 de abril el periodista Ronald Padrón fue despedido de su cargo en la Alcaldía del Municipio Ribas, Aragua, luego de publicar en la cuenta personal @ElInformadorDeRibas, información sobre Edmundo González. Además, 47 medios de comunicación digitales continúan bloqueados por los prestadores de servicios, mientras que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) ha cerrado 14 radioemisoras del país.
La ONG recordó que se han registrado 11 casos de persecución por razones políticas, que incluyen 7 personas vinculadas a la campaña de Edmundo González refugiados en la Embajada de Argentina en Caracas, a la espera de un salvoconducto para poder salir del país. Se registró un caso de malos tratos en la que la persona detenida por el SEBIN y habría sido víctima de malos tratos con el fin de que grabara un video en el que inculpara de diferentes delitos a personas del partido Vente Venezuela. Asimismo, se han contabilizado 27 casos de hostigamiento.
Por último, se ha anunciado la inminente aprobación de dos normativas gravemente restrictivas del espacio cívico: La “Ley para la Fiscalización, Regularización, actuación y financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y la “Ley contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares”.
En opinión de Laboratorio de Paz, las detenciones arbitrarias forman parte de la estrategia de las autoridades en obstaculizar la campaña del candidato Edmundo González, quien está siendo favorecido en diferentes encuestas del país, basado en 2 tácticas. La primera es erosionar la legitimidad de su candidatura, mediante una campaña estatal de criminalización y desprestigio con el objetivo de inhibir sufragios a su favor y justificar cualquier sanción administrativa en su contra. La segunda táctica sería impedir la eficacia de su campaña, mediante la privación de libertad de personas en puestos claves en la logística comunicacional y logística de los partidos que lo apoyan, y sancionando a quienes suministran suministran bienes y servicios en las movilizaciones.
Laboratorio de Paz recordó las palabras de la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación: “Un proceso electoral en que se erigen barreras de forma generalizada y sistemática que obstaculizan el ejercicio de los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, no puede decirse que sea libre ni justo y, por lo tanto, no puede considerarse que el resultado de ese proceso producto de la celebración de elecciones “genuinas”, como lo exige el derecho internacional”.
Según el cronograma divulgado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), la campaña electoral iniciaría formalmente el próximo 4 de julio. En opinión de Laboratorio de Paz, a partir de esa fecha los patrones de violación a los derechos humanos pudieran incrementarse y agravarse. Por ello, la ONG solicita a la comunidad internacional, incluyendo a los gobiernos de Brasil y Colombia, así como a los organismos internacionales de protección en derechos humanos, realizar todas las mediaciones diplomáticas necesarias para garantizar los derechos a elegir y ser elegido del pueblo venezolano, para que la voluntad ciudadana pueda expresarse, de manera libre y sin coacciones, el próximo 28 de julio.
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