Un carro lujoso color negro azabache y una moto BMW de alto cilindraje azul y negra fueron dos de los 24 bienes por valor de $3.000 millones que entraron en extinción de dominio en una operación que dio a conocer la Fiscalía el viernes pasado contra un presunto entramado corrupto que habría operado alrededor de la Alcaldía de Medellín en el periodo de Daniel Quintero. Y resulta que en un rastreo se puede advertir que los propietarios de esos dos vehículos tendrían vasos comunicantes con Miguel Quintero, el hermano mayor del exmandatario.
Como lo reveló el portal El Armadillo, los dos automotores figuran a nombre de Comercializadora JPino SAS, que ha sido mencionada como destinataria de contratos entregados a dedo por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Amva) por casi $2.500 millones para suministro de insumos para el mantenimiento en el Parque de las Aguas y usando a Metroparques como intermediaria.
Lo extraño es que se trataba de una comercializadora de telas creada en 2019 —unos meses antes de inaugurar la administración Quintero— y a la que de pronto le cambiaron el objeto social para que pudiera hacer cualquier cosa. Detrás de ella estaría Juan Alexander Pino, quien según la Fiscalía tendría también injerencia en el manejo de Estructuras Zafiro, otra de las compañías involucradas en el mismo lío legal.
Vale la pena recordar que el director del Área Metropolitana en el tiempo en que habrían ocurrido los hechos por los que indagan las autoridades fue Juan David Palacio, quien inició su carrera en el sector público muy joven trabajando en la unidad de apoyo a Miguel Quintero cuando era concejal de Medellín, y considerado ficha suya. Es más, en círculos políticos se da por certero que el hermano del alcalde era el verdadero poder detrás del poder en esa entidad.
Para completar, hay testimonios de que el hermano mayor del exalcalde iba con frecuencia al Parque de Las Aguas y no precisamente a nadar, “parecía tener una oficina allí”. Las mismas fuentes le endilgan mucha cercanía con los exgerentes de Metroparques Jorge Enrique Liévano y María Eugenia Domínguez, también vinculados al caso por presuntamente haber avalado sobrecostos y falta de rigor técnico.
Otro elemento que podría ser o no coincidencial es que justamente el Jeep Gladiator Rubicon modelo 2022, de placa LRX785, decomisado por las autoridades la semana pasada, sería el mismo que aparece en publicaciones de redes sociales en las que una mujer aparenta repararlo de forma infructuosa y dice que no sabe de carros pero sí de fiambres, a la vez que invita a visitar el restaurante Capital Antioqueña. La mujer es Alejandra Santamaría, la pareja de Pino y también representante de Jupisan, la empresa que figura como propietaria del mencionado establecimiento de alimentos.
Mucho antes de conocerse toda la presunta maraña de corrupción alrededor de entidades como el Área y Metroparques, y cuando se hablaba de supuestos negocios con bienes y contratación pública con la participación de Miguel Quintero, el portal IFM Noticias se preguntaba si había alguna relación de este con Capital Antioqueña, debido a que en varias ocasiones él lo promovió.
EL COLOMBIANO verificó y efectivamente en la cuenta de Facebook de Quintero, en medio de los comentarios defendiendo la decisión que tomó la Alcaldía de entonces —la de su hermano—, de ordenar el confinamiento de la población en sus casas con el fin de frenar los estragos del covid-19, aparece una publicación del 20 de abril de 2020 con el descuento del 40% que estaba otorgando Capital Antioqueña en sus menús típicos y luego, el 29 de enero de 2021 hay otro post en el que Miguel Quintero invita a armar un “trío perfecto” para aprovechar la promoción de tres hamburguesas por $45.000 en ese mismo local ubicado en el segundo parque de Laureles.
Le puede interesar: Los “atornillados” que dejó el quinterismo tienen enredada al Área Metropolitana
Además, Juan Pino figura con un apartamento en cercanías del barrio Tricentenario, el mismo donde se jactan de haber crecido el exalcalde y sus hermanos Miguel y Juan David. Pero también Liévano, el exgerente de Metroparques, habría residido en ese barrio del norte de Medellín. ¿Coincidencia?
Este diario se comunicó con JPino y Capital Antioqueña para conocer su versión, pero en la primera ocasión no contestaron y en la segunda quedaron de que la señora Santamaría devolvería la llamada; sin embargo, al cierre de esta edición no lo habían hecho y tampoco volvieron a contestar.
Entre los bienes que hoy están en poder de la Fiscalía, además del carro y la moto de lujo, hay otros seis vehículos, cuatro inmuebles rurales y tres empresas. Estos están localizados en los municipios de Medellín, Girardota, Copacabana, Marinilla y Urrao.
Al indagar en bases de datos oficiales, este diario halló que Alejandra Santamaría posee un inmueble registrado a su nombre en el barrio Bellavista, de Marinilla (Oriente antioqueño), en tanto que JPino aparece con otro inmueble en el área urbana de Urrao (Suroeste), de manera que estos serían parte de las incautaciones de las autoridades.
Así habrían operado
En la presentación del caso, la directora seccional de Fiscalías de Medellín, Yira Milena Amado, explicó que “según la investigación adelantada por un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de Medellín, entre mayo de 2020 y diciembre de 2022, el Área Metropolitana habría suscrito tres contratos interadministrativos para entregar a Metroparques la suma total de $17.450 millones”.
La modalidad de contratos y convenios interadministrativos fue bastante usada en la administración Quintero para soslayar los requisitos de contratación estatal definidos en la Ley 80, en la cual se plantea como regla general la realización de concursos públicos tipo licitación, y el uso de la figura de la contratación directa solo de manera excepcional.
De esta forma, una entidad adscrita a la Alcaldía contrataba la administración de los recursos para adquirir bienes y servicios o para ejecutar obras con alguna de las empresas del conglomerado distrital y esta a su vez podía subcontratar con empresas privadas, sin muchos límites. De esta manera no solo hubo sobrecostos sino que se perdía la facultad de control de los entes que tienen esa misión.
Fue así como, de acuerdo con la Fiscalía, el Área Metropolitana habría transferido después los recursos por $4.500 millones a través de contratos que se otorgaron de manera directa, sin que mediaran licitaciones, a la Comercializadora Jpino S.A.S., Soluciones S.A.S. y Estructuras Zafiro S.A.S.
Mire aquí: Las cartas que destapó la Fiscalía contra cinco alfiles del exalcalde Daniel Quintero
La Fiscalía indaga por una presunta cartelización así como por posibles sobrecostos que llevarían a una malversación de recursos públicos.
Esta, no obstante, representa solo una pequeña parte de las denuncias por supuestos manejos cuestionables de los recursos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
Esta entidad maneja un presupuesto anual cercano a los $600.000 millones y en el periodo de Juan David Palacio casi la totalidad fue contratado sin licitaciones.
De hecho, hasta la propia oficina de Transparencia de la Casa de Nariño recibió una queja por contratos que se otorgaron sin apertura de concurso entre 2020 y 2022 con las entidades sin ánimo de lucro Tenarco, Arca, Cartama, Acopi y Fundaeventos, y que comprometieron recursos por más de $32.000 millones.
En abril pasado, la nueva directora, Paula Andrea Palacios señaló al menos 13 irregularidades graves que se habrían cometido en el periodo de su antecesor.
Una de las más flagrantes mencionada fue la reforma administrativa que aumentó cargos para enquistar a personas cercanas de los alfiles del exalcalde Quintero.
Metroparques es otra de las entidades del Distrito que más habría estado permeada por la corrupción. En septiembre del año pasado la veeduría Todos por Medellín develó la existencia de un presunto cartel de 22 empresas que habría acaparado contratos por más de $120.000 millones en Metroparques, con un estilo muy similar al que empleó el exalcalde Samuel Moreno Rojas en Bogotá.
“Acá, a diferencia de la cartelización, que normalmente se da en el sector privado para engañar a los funcionarios, habría un acuerdo tácito entre servidores públicos y contratistas”, recalcó en su momento la directora de Todos por Medellín, Piedad Restrepo, quien habló no de varios carteles sino de uno solo, porque obedecería a un mismo mecanismo, con responsabilidad de funcionarios y habría sido solo una muestra de lo que pasaba en toda la administración distrital.
[
,
, noticias el colombiano