Santander/La posibilidad de que los accionistas de BBVA y, sobre todo, del Banco Sabadell, tengan que decidir si apoyan la opa hostil sin conocer si la operación incurre en problemas de competencia es cierta. Cani Fernández, presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, no dio garantías de que la resolución del expediente iniciado a solicitud de BBVA para que se autorice la adquisición del 100% del capital, mediante un canje de acciones, del Sabadell se produzca en el tiempo antes de que finalice el trámite societario, tras la autorización de la Comisión Nacional de Valores (CNMV), y se ejecute la opa.
Así lo puso de manifiesto la presidenta del regulador de competencia durante su participación en el curso de verano organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), que se celebra esta semana en el Palacio de la Magdalena de Santander, precisamente bajo el patrocinio del banco presidido por Carlos Torres Vila.
Fernández detalló el procedimiento al que se someterá la solicitud hecha por el BBVA y evitó dar un horizonte temporal sobre cuándo podría resolverse la primera fase y si es necesario emprender una segunda y, automáticamente, una tercera, en la que ya intervendría el Gobierno, que se opone frontalmente a la operación de concentración bancaria formulada de forma hostil.
En repuesta a las preguntas de los periodistas, la titular de Competencia dijo que el proceso de la fusión amistosa entre CaixaBank y Bankia duró ocho meses y en la que no fue necesaria las fases segunda y tercera, ya que se consideraron suficientes los compromisos ofrecidos por la entidad resultante. Y, aún más, dijo que no podría precisar si el trámite en la CNMC concluiría antes de que la CNMV diese vía libre a la opa y los bancos sometan a sus respectivas juntas de accionistas la compra inamistosa. Con ello, los accionistas podrían ir a ciegas a votar, sin saber si Compentecia prohíbe o condiciona la operación.
“Los accionistas tendrán que valorarlo todo, no hay prejudicialidad de una autorización sobre otra. Son los plazos que están previstos. Supongo que se puede producir una situación de incertidumbre”, reconoció Fernández.
Fernández había precisado antes que la CNMC se encuentra elaborando el primer análisis de la opa y que la celeridad en su trámite dependerá también del flujo de información que reciban cuando la requieran. Y no sólo a BBVA. “Puede ser al solicitante, a otras partes afectadas –en referencia al Sabadell– e incluso a terceros”, alcaró Fernández.
La presidenta de la CNMC señaló que, de lo que conoce, que aún es poco, no ha visto “nada muy diferente” a las dos concentraciones bancarias autorizadas bajo su mandato, la absorción de Bankia por CaixaBank y de Liberbank por Unicaja, en dos procesos que eran fusiones amistosas, pero eso no significa que la opa hostil presentada vaya a aprobarse sólo con la primera fase.
“La ley prevé que si hay mayor complejidad y los compromisos [del comprador] no se consideran suficientes y es necesario añadir condiciones, se abrirá la segunda fase, y le seguiría una tercera para ver si afecta a cuestiones de interés general”, dijo Fernández, que confirmó que en esa tercera fase en la que interviene el Consejo de Ministros, el Gobierno puede imponer “condiciones adicionales”, aunque ajustadas a lo que prevé la ley de Competencia.
En definitiva, la operación será un hecho, como prevé BBVA, si es aprobada en la primera fase en virtud de sus compromisos. Pero si se abren las fases siguientes las condiciones pueden inviabilizar la opa, con la dificultad añadida de que los accionistas pueden tener que decidir si habrá una o tres fases en este proceso ante Competencia.
Pese al frontal rechazo a la opa por parte del Gobierno, Fernández aseguró que no se han producido presiones políticas y sostuvo que desde que BBVA solicitó el análisis de la operación, el pasado 31 de mayo, se está siguiendo la misma metodología que permitieron las dos fusiones aprobadas en los últimos años. Esta metodología, iniciada con Bankia y Caixabank y continuada con Liberbank y Unicaja, prevé analizar las repercusiones de la concentración bancaria no sólo en el ámbito territorial nacional, sino también en los autonómicos y locales, por lo que se analizará su impacto en cada código postal donde operan las entidades financieras.
Fernández sí dijo que “el hecho de que haya menos bancos no quiere decir que haya menos competencia”. “Hay veces que actores más grandes pueden competir de mejor manera”, agregó.
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