A pocos días de que la Cámara de Diputados vuelva a tratar la Ley Bases tras la aprobación del Senado, que introdujo cambios a la norma que ya había tenido media sanción de la Cámara baja, Gustavo Sáenz le solicitó inversión pública al Gobierno nacional. “El Norte es la solución y la gran oportunidad para sacar al país adelante”, señaló Sáenz.
“Necesitamos obras de infraestructura, esas obras que se negaron o postergaron durante tantos años. Cualquiera que recorre el país se da cuenta de que a partir de Santiago del Estero no tenemos rutas, no tenemos obras de infraestructura, acueductos, gasoductos”, dijo Sáenz en un mensaje publicado en su cuenta de la red social Tik Tok.
El gobernador salteño se quejó de que en Salta “la energía se paga tres veces más, al igual que el combustible”, pero consideró que se trata de “la oportunidad histórica del Gobierno nacional de una vez por todas hacer justicia y que no haya argentinos de primera y argentinos de segunda”.
Por Cecilia Devanna
Javier Milei no quiere hacer cambios de nombres en el gabinete. Así lo supo LA NACION de fuentes muy cercanas al mandatario. Pese a las versiones que en las últimas semanas envolvieron a cuatro ministros, y a que el propio jefe de Estado había adelantado que todo el gabinete estaba bajo análisis y que podría haber cambios tras la definición de la Ley de Bases, esas modificaciones no se producirían en el corte plazo, según aseguraron en el entorno presidencial.
Los cambios que sí se registrarán en los próximos días serán en el funcionamiento de la Jefatura de Gabinete, en cabeza de Guillermo Francos, y la demorada, pero según explican “inminente”, asunción de Federico Sturzenegger, como ministro en una cartera nueva que aún no tiene nombre definido, pero que irá por la “desregulación económica y la libertad económica”, según detallan fuentes al tanto de esas conversaciones.
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La euforia que vive Javier Milei después de su “semana perfecta” contrasta con la ansiedad reinante en su Gabinete, un equipo que sufre el desgaste de seis meses de conflictos y en el que no abundan los lazos de camaradería. La hermandad presidencial cavila en secreto un nuevo gobierno para la etapa que empieza, en la que el relato pierde terreno ante el peso de la responsabilidad.
La “casta inmunda que pone palos en la rueda” acaba de darle a Milei las dos leyes que pedía para administrar por decreto y demostrar que puede ser viable su revolución de libre mercado. Se desató el nudo de la gobernabilidad, un éxito innegable, y llega la delicada hora de la gestión para el presidente que alcanzó el poder sin legisladores suficientes, sin partido, sin gobernadores, sin intendentes, sin sindicalistas y que a poco de jurar decidió enfrentarse a la mayoría actual de la Corte Suprema.
Milei ya dijo que con la Ley Bases en la mano iba a reformular su equipo. Esa declaración, de hace casi un mes, eyectó del cargo al jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y puso en guardia a todos los ministros. En paralelo explotó la crisis de Capital Humano, que hizo tambalear a la amiga presidencial Sandra Pettovello. Las intrigas palaciegas arreciaron, alimentadas por filtraciones digitadas por los dos Milei.
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La Fuerza Aérea sancionó a los militares que festejaron el Día del Padre con bailarinas y un animador en un destacamento militar de Mendoza. La institución que dirige Fernando Luis Mengo sostuvo que los soldados incurrieron en “faltas gravísimas” y definió el accionar como “inapropiado e indecoroso”.
La conducta de los militares que participaron del festejo fue “no coincidente con el uso del uniforme ni los valores de la Institución”, según estableció la Fuerza Aérea en un comunicado publicado en su cuenta de X este sábado en el que también remarcó que no contó con la “presencia ni conocimiento de las autoridades”.
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Luego de la amenaza lanzada el jueves en la multitudinaria asamblea en Añelo, el Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa confirmó que hará paro por 48 horas y que se afectará la producción. La medida comenzará el próximo martes y paralizará la actividad en Vaca Muerta.
En el sindicato que dirige Marcelo Rucci indicaron que, como no hubo “un avance concreto sobre la cuestión salarial reclamada”, a partir del martes 18 llevarán adelante “una medida de acción directa con afectación a la producción y por el término de 48 horas, con todo el alcance jurisdiccional de este gremio, sin perjuicio de la posible ampliación de la misma”.
Agregaron que se encuentra “harto vencido el plazo de la gestión conciliatoria” y que desde el sindicato han apostado “por la buena fe y el diálogo”, pero no lograron las paritarias que pretendían.
Por Laura Serra
La restitución del impuesto a las Ganancias y de la reforma al gravamen sobre Bienes Personales, ambas rechazadas por el Senado, se convirtieron en un objetivo prioritario del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en sus negociaciones con la Cámara de Diputados. Las dos iniciativas están contenidas dentro del paquete de reformas fiscales y, de no ser aprobadas, se vería seriamente afectada la recaudación potencial que el ministro de Economía, Luis Caputo, espera obtener este mismo año para sostener el equilibrio fiscal.
En efecto, según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la restitución de Ganancias –que alcanzaría a los sueldos mayores a $1,8 millones de trabajadores solteros y $2,2 millones de casados con dos hijos- redundaría en un aumento de la recaudación en 0,5 del PIB (de los cuales 0,19 va al Tesoro). Por el contrario, en el caso de Bienes Personales el Gobierno propone una reducción en los alcances del tributo –con una suba del mínimo no imponible y bajas en las alícuotas- con un propósito claro: incentivar el blanqueo de capitales, también contenido en el paquete de reformas fiscales.
“Si no se aprueba el nuevo régimen de Bienes Personales el blanqueo que quiere instrumentar el Gobierno este mismo año queda rengo. Se le caería una fuente de recaudación clave para llegar bien a fin de año”, deslizan fuentes legislativas.
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El dirigente social Juan Grabois cargó con dureza contra el ministro de Defensa, Luis Petri, luego de que se conociera que una instalación militar argentina en Tierra del Fuego fue ubicada, en parte, sobre tres metros en territorio chileno, lo que motivó el pedido de explicaciones por parte del país que preside Gabriel Boric.
“El bobeta títere de Petri pone una base militar en Chile porque no conoce el territorio argentino”, arremetió Grabois en su cuenta de X y también se hizo eco de un artículo que escribió el exsenador peronista Eric Calcagno en Tiempo Argentino en el que se preguntó si la Argentina podría entrar en guerra con Rusia luego de que el ministro de Defensa firmara la adhesión por parte de la Argentina al “Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania”.
Para Grabois, Petri está “jugando a la guerra en Europa, destruyendo nuestra posición histórica de no-alineamiento y exponiéndonos a las consecuencias de conflictos en los que no tenemos nada que ganar”. “Lamebotas es poco”, cerró su mensaje el dirigente social.
¿Casualidad? Improbable. ¿Solo una lejana coincidencia? Inverosímil. Ninguna administración kirchnerista tuvo una dosis tan insoportable de violencia callejera en la Plaza del Congreso como la que les tocó a los dos únicos gobiernos no peronistas de los últimos 20 años: el de Mauricio Macri y el de Javier Milei. La inevitable inferencia lleva a la conclusión de que es el kirchnerismo quien está detrás de la barbarie (esa correcta calificación pertenece a la senadora Carolina Losada) que destruyó bienes públicos y propiedades privadas. La misma malsana intención, además, de frenar la sesión parlamentaria mientras afuera el caos se apoderaba del espacio público. Lo consiguieron con Macri, cuando Leopoldo Moreau le arrebató con violencia el micrófono al entonces presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, promoviendo un golpe de hecho en el Poder Legislativo. El miércoles, en el Senado, Eduardo “Wado” de Pedro, que antes actuaba de moderado (solo actuaba), intentó lo mismo cuando propuso un cuarto intermedio para que una comisión senatorial fuera a conversar con los dueños de la violencia. Victoria Villarruel, la indispensable vicepresidenta de Milei, cazó en el aire el ardid de De Pedro y le arruinó la treta; ese cuarto intermedio hubiera significado el fin de la sesión del Senado. No habrían vuelto nunca más y, quizás, el quorum no se hubiera repetido. Villarruel había conseguido el día anterior el quorum cuando lo convenció a Martín Lousteau de que debía permitir el debate con su presencia, aunque luego votara como quisiera. Votó en contra de la Ley Bases; fue el único radical que colocó el voto para que fracasara la principal ley enviada por Milei al Congreso no bien asumió. Fue una situación extraña porque el presidente del radicalismo, que es Lousteau, puso ese proyecto al borde de la derrota. Hubiera provocado una crisis más grande que la que él ya promovió en 2008 con la resolución 125 y la consecuente guerra con el campo. Cristina Kirchner, de quien era ministro, perdió esa batalla política, pero tenía una fuerza parlamentaria de la que carece Milei. Lousteau terminó votando contra la posición de todos los senadores de su partido (o del partido que preside, para ser precisos); contra los diputados radicales que habían ayudado a aprobar la Ley Bases, y contra los gobernadores radicales que pidieron públicamente la aprobación de la ley.
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Por Jaime Rosemberg
Prudente y fría distancia, sin peleas altisonantes ni acercamientos efusivos. “No es que hay una mala relación. No hay relación” define una fuente de la diplomacia brasileña, luego de que el encuentro del G7 culminara sin una reunión bilateral, ni siquiera un saludo casual, entre el presidente Javier Milei y su par de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, cada uno en un extremo de la foto oficial de ese encuentro.
Luego de las durísimas declaraciones del entonces candidato libertario en campaña, cuando acusó a Lula da Silva de “comunista” y “corrupto” (a consecuencia del proceso legal en el que resultara condenado en su país), y del evidente apoyo de Lula al candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa en la segunda vuelta electoral contra Milei, la relación fluyó a nivel de cancilleres, que ya se reunieron cuatro veces en seis meses. Se produjeron, además, avances y gestos en distintos ámbitos, como el acuerdo por la provisión de gas desde Brasil al país en plena ola de frío; misiones empresariales conjuntas en un reciente encuentro empresarial en Egipto; ayuda humanitaria argentina en las inundaciones del sur de Brasil, entre otros puntos de contacto efectivo.
Todo llega hasta allí, hasta el vínculo personal entre ambos presidentes, que la diplomacia e intermediarios de ambos países intentan acercar, y algún que otro incidente bilateral como el pedido del gobierno de Lula para extraditar a manifestantes bolsonaristas, condenados por la justicia brasileña presuntamente radicados en el país. Un incidente hasta ahora conducido con prudencia por ambas cancillerías, sin órdenes de escalar el conflicto.
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El liberal Gerardo Bongiovanni pasó por La Repregunta, el ciclo que conduce Luciana Vázquez. Bongiovanni es el fundador y presidente de la Fundación Libertad, con sede en Rosario, nacida hace treinta y seis años y de influencia nacional creciente. Es también cofundador y director general de la Fundación Internacional para la Libertad, presidida por Mario Vargas Llosa. Cercano al expresidente Mauricio Macri y a Patricia Bullrich, encuentra en Milei un representante más cabal de las ideas liberales.
La tolerancia vargallosiana versus el estilo Milei. ¿Conservador o liberal: qué es Milei? De Lijo a Tierra del Fuego, las contradicciones de Milei. ¿Por qué Milei es más liberal que Pro?
El Senado de la Nación decidió, por el voto de la mayoría, no aprobar los cambios en el impuesto sobre los ingresos de las personas propuestos por el Gobierno, que habían tenido el visto bueno en Diputados. La iniciativa sobre medidas fiscales, de la cual son parte las modificaciones a Ganancias, volverá a la Cámara Baja, donde el oficialismo prevé insistir con los artículos rechazados.
La propuesta no implica “restituir” la vigencia de un impuesto que grave parte del ingreso laboral de un grupo de personas, porque, en realidad, nunca dejó de existir un régimen de imposición con tal objetivo. Bien lo saben (o lo van recordando) los asalariados que en los últimos meses y luego de alguna recomposición de sus remuneraciones, comenzaron a ver en sus recibos retenciones por la carga fiscal, que para la mayoría de los casos hoy se llama “impuesto cedular sobre los mayores ingresos”. En este sistema, vigente desde enero y creado por la ley 27.725, se tributa a partir de un piso salarial mensual de $2,34 millones en bruto (este mes eso equivale a un neto de $1.954.944) sin importar, por ejemplo, si el empleado tiene o no personas a su cargo.
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El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se refirió este sábado a la demanda judicial contra el Ministerio de Capital Humano, que comanda Sandra Pettovello, por el reparto de alimentos almacenados, luego que el juez federal Sebastián Casanello intimara al Ejecutivo a presentar en el lapso de 72 horas un nuevo plan de distribución de dichos productos. “No tiene ninguna fundamentación es absolutamente ilógico y se está metiendo en otro poder del Estado”, señaló el funcionario en relación al accionar del magistrado en la causa y sostuvo: “Me molesta cuando los jueces quieren hacer política en temas en los que no tienen atribuciones ni méritos para hacerlo”.
“Si la Justicia cree que hubo un incumplimiento de los deberes de funcionario público debería plantearlo de esa manera. Pero lo que no puede hacer, desde mi punto de vista, y soy totalmente respetuoso de la independencia de poderes, es decir: ‘esto tenés que hacerlo ya’”, sostuvo el ministro coordinador en diálogo con Radio Mitre.
En ese sentido, Francos dijo: “No lo puede decir porque los alimentos que estaban en depósitos no estaban para eso y más allá que tenían fecha de vencimiento, y por eso se procedió a repartirlos, es una decisión del Ejecutivo”. Y consideró que “es como que el Ejecutivo se metiera en una resolución de la Cámara para dictar una sentencia”.
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LA NACION
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