El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, no se plantea presentar su dimisión si el Tribunal Supremo le encausa por un supuesto delito de revelación de secretos consistente en desmentir a través de una nota informativa los bulos lanzados por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso (PP) contra la institución que dirige. La nota de la Fiscalía de Madrid detallaba, a través de una cronología, los distintos hitos del procedimiento judicial abierto por dos fraudes fiscales a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña.
Fuentes del entorno más próximo a García Ortiz aseguran a EL PAÍS que el fiscal general del Estado “no se plantea dejar su cargo” porque considera que la actuación que ahora investiga el Tribunal Superior de Justicia de Madrid fue “necesaria” y estuvo “dentro de la legalidad”.
En su decisión de resistir ha influido también el apoyo que ha recibido de distintos colectivos, entre ellos los participantes en el acto de clausura del Congreso de Jueces y Juezas para la Democracia celebrado hace unos días en Vigo. “Hacía mucho que no me sentía tan querido”, les dijo a los jueces mientras le arropaban con bravos y aplausos. “La vida nos coloca a veces en situaciones en las que hay que tomar decisiones, y las cosas hay que hacerlas cuando te tocan. Cualquier de vosotros que estuvierais en mi lugar, haríais lo mismo: seguir la ley que es lo que nos han enseñado. Y fuera de la raya de la ley no hay nada, está el vacío”.
García Ortiz ordenó el 14 de marzo pasado difundir una nota informativa para aclarar el estado del proceso abierto a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso y delincuente fiscal confeso. La Fiscalía informó de las circunstancias de ese procedimiento para contestar al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, quien horas antes había difundido un correo electrónico dirigido por el fiscal encargado del caso al abogado de González Amador invitándole a tramitar el acuerdo de conformidad por el que, confesando los delitos, podría acceder a una rebaja de las penas de cárcel previstas para este tipo de delitos.
El jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, informó a todos los periodistas que por “ordenes de arriba”, en referencia a los jefes de la Fiscalía, se había retirado ese ofrecimiento de un acuerdo por correo electrónico. La información del Gobierno de Ayuso, incluyendo la transcripción del correo electrónico del fiscal al abogado y el ataque a la fiscalía sobre unas órdenes inexistentes, fue publicada por algunos medios de comunicación sin contraste alguno con la institución criticada.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ordenó unas horas después a la fiscal jefe de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, difundir una nota informativa. Con esa información oficial, el fiscal general pretendía aclarar los hechos reales del procedimiento a los medios de comunicación que preguntaron por la denuncia del Gobierno de Ayuso.
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Esa comunicación, con el membrete de la Fiscalía de Madrid, daba cuenta de que González Amador había ofrecido el 2 de febrero pasado a la fiscalía de delitos económicos un acuerdo de conformidad para reducir las penas de cárcel que le correspondieran confesando los delitos ―dos fraudes fiscales por 350.000 euros perpetrados en la declaración del Impuesto de Sociedades correspondientes a 2020 y 2021― y devolviendo lo defraudado más una multa.
La información oficial de la Fiscalía sobre las gestiones del abogado de la pareja de Ayuso para librarle de entrar en la cárcel destapaba las mentiras de un Gobierno autonómico que se afana desde hace meses en defender a un delincuente fiscal confeso. Los detalles que contaba la Fiscalía a través de una nota informativa habían sido publicados unas horas antes en diversos medios de comunicación, entre ellos EL PAÍS, el Diario.es, La Cadena SER y La Sexta.
González Amador presentó una querella por estos hechos ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que abrió una causa en la que intentaba averiguar quién dio la orden de difundir la nota informativa. La investigación judicial no se ha preocupado de momento por conocer quién filtró el correo entre la fiscalía y el abogado de González Amador que utilizó el Gobierno de Ayuso para atacar a la Fiscalía.
El fiscal general del Estado asumió la responsabilidad de la nota informativa y así se lo trasladó al Tribunal Superior de Justicia de Madrid indicándole que se inhibiera de seguir instruyendo la causa dado que la competencia era del Supremo. Pese a ello, el instructor del caso tomó declaración a la fiscal jefe de la Comunidad de Madrid, quién confirmó lo que García Ortiz había comunicado al tribunal.
Exposición razonada
El paso lógico del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, si sigue pensando que el caso analizado entra dentro de los supuestos de revelación de secretos que recoge el Código Penal, sería redactar una exposición razonada para que el Tribunal Supremo, único competente para juzgar al fiscal general del Estado, decida si abre causa a García Ortiz.
Sería el primer caso en la reciente etapa democrática con un fiscal general del Estado imputado por el Tribunal Supremo. Si esa situación llega, García Ortiz se defenderá sin abandonar su cargo. Su entorno más próximo asegura que “está dispuesto a defender el derecho de la Fiscalía a rebatir informaciones falsas y el deber de proporcionar información veraz a la ciudadanía”. “Y lo volvería a hacer”, remachan.
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