La Corte Suprema de Estados Unidos anuló este viernes una normativa federal que prohíbe los “bump stocks”, un dispositivo que aumenta la cadencia de los rifles semiautomáticos convirtiéndolos de hecho en ametralladoras.
Por seis votos a favor y tres en contra (los de los magistrados progresistas), la corte dictaminó que la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) se extralimitó en 2018 al reclasificar los “bump stocks” como ametralladoras, prohibidas por una ley de 1934, durante la era de la Ley Seca.
“Consideramos que un rifle semiautomático equipado con un bump stock no es una ‘ametralladora’ porque no puede disparar más de un tiro con ‘simplemente apretar el gatillo'”, escribe el juez Clarence Thomas en nombre de la mayoría, basándose en una ley de 1934, adoptada mucho antes de la invención de este dispositivo.
Consideramos que un rifle semiautomático equipado con un bump stock no es una ‘ametralladora’ porque no puede disparar más de un tiro con ‘simplemente apretar el gatillo.
El telón de fondo de este asunto es una masacre cometida en Las Vegas el 1°. de octubre de 2017, la peor en la historia moderna de Estados Unidos con un saldo de 58 muertos y más de 500 heridos.
La mayoría de los 22 rifles del autor de esta matanza estaban equipados con estas culatas extraíbles que le permitieron disparar a una velocidad de hasta nueve balas por segundo.
Después de la tragedia la ATF se replanteó su posición sobre estos dispositivos.
En febrero de 2018, pocos días después de una masacre en un instituto de Florida (sureste), en la que murieron 17 personas, la administración del entonces presidente republicano Donald Trump se comprometió a prohibir los “bump stocks”.
En diciembre del mismo año, la ATF anunció que los consideraría como ametralladoras y ordenó a quienes poseyeran algunas que las destruyeran o entregaran a las autoridades en un plazo de 90 días.
El expresidente de Estados Unidos Donald Trump.
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Otras medidas en Estados Unidos
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó a mediados de marzo pasado una orden ejecutiva en la que anuncia nuevas acciones para endurecer el acceso a las armas de fuego en el país.
La orden ejecutiva, hecha pública por la Casa Blanca, tiene como objetivo reducir la violencia armada con, entre otras medidas, mejoras para apoyar a supervivientes de tiroteos y familiares de víctimas durante sus procesos de recuperación en términos de salud mental.
Para ello, la Secretaría de Salud y la Fiscalía General deberán presentar a la Presidencia una propuesta con ese objetivo antes del 15 de septiembre de este año.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden.
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Además, Biden encargará al fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, que ajuste la definición legal actual de las empresas que venden armas para que se ciñan en mayor medida a la ley que les obliga a verificar los antecedentes penales de todo potencial comprador.
“Esta medida significa que se venderán menos armas sin una revisión de antecedentes penales y, por lo tanto, habrá menos armas que acaben en manos de criminales y abusadores”, dijo una funcionaria de la Casa Blanca que adelantó las acciones en una llamada con medios.
A su vez, Biden anunciará que el Gobierno va a poner en marcha campañas de información sobre las denominadas leyes de “alerta de peligro (Red Flag)”, que permiten activar un procedimiento legal para confiscar las armas de fuego de quienes representen un peligro para terceros o para sí mismos.
Congreso de Estados Unidos.
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“19 estados y el Distrito de Columbia han aprobado leyes de este tipo (…), pero no son efectivas si el público no sabe cuándo y cómo usarlas”, agregó la funcionaria.
Con respecto a los fabricantes, Biden le pedirá a la Comisión Federal de Comercio elaborar un informe sobre cómo estas empresas promueven el uso de armas de fuego entre los menores de edad, señaló la Casa Blanca.
Este mes se cumple un año desde que el Congreso aprobó un limitado, pero histórico acuerdo legislativo para el control de las armas de fuego.
Esa ley incluyó una revisión del proceso de compra de armas para los menores de 21 años y estableció incentivos para los estados que aprobasen las llamadas leyes de “alerta de peligro”.
Sin embargo, este tipo de restricciones se ha encontrado con la oposición de algunos miembros del partido republicano, quienes han argumentado que viola los derechos constitucionales.
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