El presidente Joe Biden se prepara para usar nuevamente su autoridad ejecutiva, esta vez para emitir una nueva regla migratoria que otorgará beneficios a cientos de miles de inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos, algunos desde hace varias décadas.
El decreto que ultima la Casa Blanca incluye un programa conocido como ‘parole in place’ (PIP), que facilitaría a ciertos grupos o categorías de inmigrantes indocumentados recibir un amparo de deportación, una autorización de empleo e incluso ajustar sus estados de permanencia en Estados Unidos.
Al menos cuatro fuentes conocedoras de los planes de la Casa Blanca confirmaron este jueves a Univision Noticias que el gobierno de Biden ha mantenido una comunicación estrecha, al menos desde enero, con organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes para conocer las necesidades de la comunidad y responder de manera ejecutiva ante la inacción del Congreso con el tema migratorio.
En una carta enviada por Biden a finales de enero a algunos dirigentes de organizaciones proinmigrantes -y a la que tuvo acceso Univision Noticias- el mandatario les dijo que debido a la existencia de un sistema migratorio que definió como “reliquia”, tenía a su administración “en una situación de dificultad sin una solución fácil”.
Cinco meses más tarde de aquella misiva, Biden se prepara para anunciar el ‘parole in place’, dos semanas después de firmar otra orden ejecutiva -el 3 de junio- que incluye severas restricciones al asilo para extranjeros que llegan a la frontera entre puertos fronterizos y no tienen una causa legal para permanecer en el país. La prohibición incluye además deportaciones aceleradas y castigos de cinco años sin poder entrar a Estados Unidos.
“Trató de arreglar la frontera y no nos gustó lo que hizo”, dijo una de las fuentes. “Esperamos que la nueva orden otorgue los beneficios que esperamos”.
Detalles del ‘parole in place’
De acuerdo con las fuentes, la orden ejecutiva que anunciaría Biden la próxima semana aprobaría un PIP, que incluiría un amparo de deportación a por lo menos 1.1 millones de cónyuges indocumentados de ciudadanos estadounidenses y una autorización de empleo (EAD).
El beneficio agregaría que cierto grupo que lleva tiempo en Estados Unidos podrá ajustar sus estados migratorios o bien, si tienen que salir para el trámite consular, bloquearía temporalmente la denominada Ley del Castigo (o Ley de los 10 años) para que puedan regresar con el fin de recibir la residencia legal permanente (green card).
Las fuentes también mencionaron que en las conversaciones con la Casa Blanca se mencionó una protección similar para ciertos dreamers y agilizaría sus permisos de viaje. Al regreso, podrán registrar una entrada legal al país, un paso que les abre la puerta para ajustar sus estados migratorios y calificar para la residencia.
Un último beneficio contemplado en la orden incluiría una ampliación del TPS para Haití y Venezuela, a efecto que se pueda proteger un mayor número de indocumentados de esos países de la deportación.
Para calificar a estos beneficios, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) deberá emitir reglamentos para cada uno de ellos y determinar las fechas de registro (desde cuándo deben demostrar que se encuentran físicamente en Estados Unidos). También deberán carecer de antecedentes criminales, haber pagado impuestos, entre otros requisitos que se conocerán posteriormente.
La fecha del anuncio del ‘parole in place’
Las cuatro fuentes consultadas por Univision Noticias revelaron haber recibido una invitación por correo electrónico enviado por la Casa Blanca para asistir a un evento la semana que viene sobre los 12 años de DACA y que está firmada por el presidente y su esposa.
“Hemos estado pidiéndole al presidente Biden que use su poder ejecutivo desde que llegó a la Casa Blanca, sobre todo después del estancamiento de la reforma migratoria en el Congreso en marzo de 2021”, dijo Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA).
“Los ciudadanos de Estados Unidos casados con indocumentados han esperado por años una solución permanente. Necesitamos órdenes ejecutivas positivas y no negativas, como la del 3 de junio”, indicó.
“Estamos esperanzados y emocionados que el presidente Biden esté considerando protecciones reales para cientos de miles de familias estadounidenses, incluyendo a 1.1 millones de cónyuges indocumentados de ciudadanos estadounidenses y medidas para ayudar a los dreamers”, dijo Andrea Flores, vicepresidenta de política migratoria FWD.us, un grupo de presión integrado por líderes de la comunidad tecnológica.
“Al eliminar las barreras que impiden que los cónyuges permanezcan con sus familias, el presidente puede cumplir su promesa de proteger a quienes se ven afectados por nuestras anticuadas leyes de inmigración””, indicó.
FDW.us dijo que “exhortamos al presidente Biden a que actúe con valentía y con la certeza de saber que los estadounidenses en todo el espectro político apoyan estas protecciones responsables para las personas que han vivido en nuestras comunidades y han demostrado sus contribuciones a nuestro país durante años”.
Los anuncios previos
El lunes, un reporte del diario The New York Times revelaba que Biden estaba considerando “amparar de la deportación” a poco más de un millón de esposos(as) indocumentados de ciudadanos.
Las presiones sobre el gobierno se incrementaron luego del fracaso en el Senado, en febrero y mayo, de la aprobación de un presupuesto de emergencia para la frontera por $14,000 millones, que incluía la contratación de 2,400 agentes fronterizos, 4,300 agentes de asilo y la creación de 100 tribunales de inmigración.
El plan, respaldado por ambos partidos, dejaba la puerta abierta para amparar de la deportación a ciertas categorías de indocumentados, entre ellos los cónyuges indocumentados de ciudadanos y dreamers amparados por DACA.
“Por el solo hecho de ser cónyuges de ciudadanos estadounidenses ya tienen el 50% de la green card”, dice Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles, California. “Con la orden que emita el presidente, muchos de los beneficiarios de la medida podrán presentar sus solicitudes de ajuste de estatus basándose en la Sección 245(a) e la Ley de Inmigración”.
Una vez se conviertan en residentes permanentes, los titulares deberán esperar cinco años “para calificar a la ciudadanía” por naturalización, beneficio que se solicita por medio del formulario N-400 de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS), apuntó.
La Sección 245 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) permite a ciertos no ciudadanos que están físicamente presentes en Estados Unidos ajustar su estatus al de residente permanente (LPR). La mayoría de los solicitantes presentan sus solicitudes de ajuste de estatus basándose en INA 245(a).
Conservadores critican planes de Biden
Sin que aún se conozcan los detalles de la nueva orden ejecutiva migratoria de Biden, fuentes cercanas a la Casa Blanca indicaron que es muy probable que la medida sea desafiada en los tribunales de justicia, tal y como el miércoles la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) demandó en una corte del Distrito de Columbia la orden que restringe el asilo en la frontera con México.
“Pero esta vez será demandada por estados republicanos encabezados por Texas, como lo hicieron con DACA y que en septiembre del año pasado una corte de ese estado declaró ilegal”, dijo José Parra, un analista demócrata.
Un precedente jurídico que no pasa desapercibido es el establecido por un fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia en 2016, sentencia que impidió a Barack Obama conceder permisos de trabajo y amparos de deportación a unos 5 millones de padres indocumentados de residentes legales permanentes o ciudadanos estadounidenses bajo el programa denominado DAPA.
A su vez, el Center for Inmigration Studies (CIS), calificó hace unos días el uso del ‘parole in place’ por parte de Biden, tras versiones de prensa de que lo haría, como una solución en busca de “un problema” porque anulará una serie de normas de inmigración dictadas por el Congreso.
El CIS dijo además que el uso de este beneficio por parte de la Administración Biden “otorgaría una amnistía de facto a aproximadamente 1.1 millones de extranjeros ilegales que están casados con ciudadanos estadounidenses”.
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