A través de su cuenta de X, Alejandro Gaviria, exministro de Educación, se refirió al fallo del Consejo de Estado que decidió que el presidente de la República, Gustavo Petro, no tendrá que rectificar sus afirmaciones en las que sostuvo que Gaviria dejó perder $1.5 billones para la construcción de universidades, los cuales, según él, terminaron en el Fomag.
En su mensaje, el exministro aseguró que buscará revisión de la Corte Constitucional.
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“Impugnaremos el fallo y buscaremos que la Corte Constitucional revise la tutela. Estamos ante un debate fundamental”, dijo.
Agregó que: ¿Cuál es el límite de la libertad de expresión en el discurso político? ¿Puede un presidente calumniar y desinformar como forma de aniquilamiento político?
En el mismo hilo, Gaviria se refirió a los hechos afirmando que “la Presidencia nunca ha aclarado de qué manera ocurrió la supuesta desviación. La única mención que han hecho al respecto es falaz. Mentirosa. Hace referencia a un decreto (del Ministerio de Hacienda) expedido varios meses después de mi salida del ministerio de educación”.
“¿Por qué el Consejo de Estado falló la tutela a favor del presidente? Porque interpretó su declaración como una simple opinión. Argumentó que la libertad de expresión del presidente debe protegerse incluso en casos como este. No hubo una revisión de la veracidad de los hechos”, afirmó.
El fallo
El presidente de la República, Gustavo Petro, no tendrá que rectificar sus afirmaciones en las que sostuvo que Alejandro Gaviria dejó perder $1.5 billones para la construcción de universidades, los cuales, según él, terminaron en el Fomag.
W Radio reveló en primicia que el Consejo de Estado negó la tutela que presentó el exministro de Educación porque, para la sala, aunque los altos funcionarios públicos también gozan de la protección de sus derechos a la honra y al buen nombre, en este caso Gaviria no logró desvirtuar “la presunción de primacía de la libertad de expresión, cuya protección se encuentra reforzada cuando se trata de un discurso político que goza del mayor grado de protección”.
El alto tribunal también señaló que en este caso quien busca la rectificación, o ejerce la acción de tutela, es una figura pública y, por ende, le corresponde una mayor carga argumentativa y probatoria para desvirtuar la presunción de primacía de la libertad de expresión sobre sus derechos a la honra y al buen nombre.
Es decir que para el alto tribunal los argumentos deben ser lo suficientemente sólidos para que su derecho al buen nombre esté por encima de la libertad de expresión.
Según la corporación, aunque el presidente de la República no puede invocar su fuero de juzgamiento penal para no ser tutelado, la carga argumentativa de la tutela de Gaviria no fue suficiente.
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