Sánchez apunta a que el Gobierno no será quien nombre a los magistrados del Supremo

Apretaba el calor este jueves en La Moncloa, donde Pedro Sánchez ha recibido con honores a Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía. Una cita a la que han acompañado al líder turco una delegación de 150 empresarios, porque esta cumbre tenía un importante trasfondo económico, para afianzar la cooperación y explorar posibilidades de inversión en ambos países y proyectos de cooperación en África o América Latina. Con todo, en la cita ha sobrevolado el ultimátum del presidente del Gobierno al PP para renovar el Poder Judicial o hará una reforma para quitar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la potestad de nombrar a los magistrados del Tribunal Supremo y los Tribunales Superiores de Justicia.

Sánchez no ofreció más detalles y eso sembró de dudas el camino. Este mismo martes, el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte, ha lanzado una clara advertencia, en el sentido de que Sánchez no puede quitar a este órgano la facultad de efectuar nombramientos: “Es inadmisible que el Gobierno influya”. El jefe del Ejecutivo tiene decidido, si no hay pacto con el PP tras su ultimátum, desbloquear la situación con una iniciativa que presenten en el Congreso el PSOE y Sumar.

Y, al tiempo, ha querido responder a Guilarte y a los que consideran que la iniciativa puede suponer una injerencia en el Poder Judicial. “Nosotros nos estamos inspirando en algunas propuestas que se han puesto encima de la mesa en estos 2.000 días de bloqueo, entre ellas las del señor Guilarte. Ahí nada tiene que ver el Gobierno”, ha respondido Sánchez.

Consciente de que su propuesta, de que no quiere ofrecer detalles hasta ver si hay pacto o no con el PP, ha despertado recelos en la oposición y el mundo judicial, trata de templar las aguas. “Es una reforma, si no hay acuerdo, respetuosa con la independencia del Poder Judicial, constitucional y acorde con la normativa europea y un paso importante para regenerar un órgano que lleva demasiado tiempo sumido en una parálisis”.

Cabe recordar que Guilarte envió a Congreso y Senado su propuesta para evitar futuros bloqueos del órgano. En ella recogía, entre otros planteamientos, que los magistrados del Supremo sean “nombrados por una comisión cualificada, mayoritariamente compuesta por vocales y por magistrados del Tribunal Supremo, presidida por un vocal del CGPJ magistrado del Supremo si lo hay, o por un especialista en la materia con nivel de cualificación similar a la de magistrado del Supremo”.

La estrategia de Sánchez pasa por intentar presionar o arrinconar al PP, bajo la convicción de que ya no se puede prorrogar más la situación de bloqueo, pero también sin perder de vista el calendario, pues a principios de julio la Comisión Europea publica su Informe sobre el Estado de Derecho, donde el tirón de orejas a España por el bloqueo del órgano de los jueces volvería a repetirse.

“El partido de la oposición tiene que decidir si quiere ser un partido constitucional o no. Hay que cumplir con la Constitución, el Partido Popular tiene que decidir si quiere ser un partido constitucional o quiere situarse fuera de la Constitución”. Este planteamiento de cercar al PP también lleva al Gobierno y al PSOE a calificar a los populares de “ultraderecha”, englobándolos en el mismo pack que Vox y Se Acabó la Fiesta, el proyecto político de Alvise Pérez.

Para tratar de acercar un tema que para la ciudadanía resulta complejo y farragoso, Sánchez ha hecho un esfuerzo de pedagogía, con dinero, en un intento de trasladar la importancia de que se renueve el Poder Judicial y cómo su bloqueo, aunque no se perciba, afecta al día a día de los ciudadanos.

El presidente del Gobierno ha desgranado que el bloqueo cuesta a los españoles 12,5 millones al año, “y ya llevamos cinco años de bloqueo”; que por cada año que no se renueva el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Supremo acumula mil asuntos de retraso; que están sin cubrir el 30% de las plazas del Tribunal Supremo y 72 plazas en los Tribunales Superiores de Justicia y en las Audiencias Provinciales.