El acuerdo multipartidista que logró poner de acuerdo a la bancada de gobierno y a la oposición para destrabar la reforma a la educación parece haber llegado a su fin. Tras los reparos de gremios como la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) o la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) –que incluso se movilizaron este miércoles–, este jueves se conoció que ambas orillas políticas partieron cobijas y cada cual presentará su propia ponencia con miras al último debate en la plenaria del Senado.
Si bien tanto el oficialismo como la oposición se reunieron este miércoles para buscar acuerdos tras el descontento de varios sectores afines al Gobierno, no hubo una postura conjunta que permitiera recoger un pacto unificado, por lo que resolvieron radicar ponencias diferentes.
De fondo están los reproches de Fecode o la CUT –cercanos al Gobierno de Gustavo Petro–, que reclaman que el acuerdo pactado entre la bancada de gobierno y la oposición promueve la privatización, implica retrocesos frente a las garantías del derecho a la educación y dispara las barreras de acceso.
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Durante la reunión de este miércoles las partes acordaron cuatro puntos. En primer lugar, ratificaron que el sistema educativo se compone de una oferta pública como de una oferta privada. Segundo, pactaron que se adicionará un parágrafo para dejar claro que el SENA mantiene su autonomía financiera y administrativa.
En tercer lugar, modificaron un artículo para precisar que la evaluación docente es de carácter obligatoria y deberá ser regulada posteriormente a través de una ley ordinaria. Finalmente, incluirán un nuevo artículo garantizando la financiación del SENA para llevar a cabo su misionalidad.
El acuerdo fue suscrito por senadores de partidos independientes y de oposición, entre ellos, Paloma Valencia (Centro Democrático), Alfredo Deluque (Partido de la U), Germán Blanco y Juan Carlos García (Partido Conservador) y David Luna (Cambio Radical).
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Sin embargo, persiste el desacuerdo respecto a la potestad presidencial de cómo distribuir los recursos en el sistema educativo. Por ello, la bancada del Gobierno decidió radicar una ponencia independiente, que, según los congresistas, “no fue acordada ni consensuada”.
Los parlamentarios independientes y de oposición aseguraron que los senadores Maria José Pizarro y Carlos Alberto Benavides (Pacto Histórico), Aida Quilcue (Mais), Ariel Avila (Alianza Verde), Fabio Amín (Partido Liberal), Julián Gallo (Comunes) y la ministra de Educación, Aurora Vergara, son los artífices de la nueva ponencia.
“Nosotros, por el contrario, hemos radicado una ponencia positiva para cuarto y último debate en la Plenaria del Senado de la República que contiene todo lo acordado en las reuniones que se llevaron a cabo, cumpliendo con lo pactado”, ratificaron los congresistas.
Los puntos de discordia de la reforma
Hasta su trámite en Cámara, el proyecto tenía el respaldo de Fecode y otros sectores. Sin embargo, tras una enmienda la semana pasada que destrabó el proyecto en Senado, hubo controversia y rechazo en las bases petristas.
1. El modelo: Si bien Fecode le apostaba a un enfoque esencialmente público de la educación, se acordó uno mixto que también beneficie a privados. Para el sindicato, eso no es más que la mercantilización de la educación “bajo el pretexto del mejoramiento de la calidad”.
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2. Los objetivos: Aunque el proyecto establece que la educación será “un derecho fundamental, un servicio público y un deber”, para Fecode es problemática la participación de privados, en tanto desdibuja la tarea del Estado al garantizar un derecho por un “negocio”.
3. La evaluación: La iniciativa robustece la evaluación docente y crea un criterio auxiliar para medir a los profesores según el rendimiento académico de sus estudiantes. Sin embargo, para Fecode se genera un “interés perverso y punitivo”, dada la desigualdad del país.
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4. Educación terciaria: El Ejecutivo le dio vía libre a este tipo de educación técnica y tecnológica, que es posterior a la secundaria y abarca la educación no formal y educación para el trabajo. Según Fecode, no hay “suficiente sustentación, ni debate con la comunidad educativa”.
5. Meritocracia: Aunque el proyecto le apuesta a garantizar el mérito como un factor para avanzar en el sistema educativo, Fecode reclama que se restringe el acceso a la educación superior de las poblaciones con mas dificultades al imponer ese criterio.
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