Paseo triunfal del Gobierno de Pedro Sánchez en las 300 páginas de la llamada «evaluación preliminar del cuarto pago a España» difundida por la Comisión Europea.
La redacción de Bruselas no puede regalar más los oídos a Moncloa en los asuntos más importantes y polémicos. Sólo hay un borrón, el llamado Objetivo 201, que es justo el que no aparece en el documento. Pero, por ejemplo, de la controvertida Ley de Vivienda asegura que está «satisfactoriamente cumplida», porque , entre otros factores, «no parece obstaculizar la oferta de viviendas a medio plazo».
Incluso asegura, frente a multitud de expertos y sufridos buscadores de pisos, que «la ley contiene medidas destinadas a aumentar la oferta de viviendas sociales y de alquiler asequible».
También sostiene que aprueba la reforma de las pensiones, en contra de un ejército de grandes servicios de estudios nacionales e internacionales, porque, aunque haya desvíos, está el mecanismo de ajuste salvador. «La cláusula de cierre refuerza y garantiza la sostenibilidad presupuestaria del sistema de Seguridad Social, dado que ya está legislada, es automática y se aplicará por primera vez en 2026», afirma la Comisión sobre el mecanismo automático de subida de cotizaciones para cuadrar cuentas. No quiere decir con ello que en 2026, se active, sino que puede activarse, según la Comisión.
El único suspenso que la Comisión Europea se ha visto obligada a propinar es por el incumplimiento de una promesa que no conocía ni el colectivo al que se les ofreció: el llamado Objetivo 201 para subvencionar «agentes del cambio».
La entonces vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño, se comprometió en 2021 a subvencionar con hasta 300 millones de euros un programa con doble efecto positivo: digitalización de las pequeñas y medianas empresas y formación y empleo para los que las ayudaran en el proceso
La Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial del Ministerio de Economía diseñó un plan para llegar a 15.000 pymes de modo que un tercio del plan estaría ya ejecutado a finales de 2022. Se distribuirían 20.000 euros a cada empresa y, con eso, pagarían su modernización y contratarían a un «agente del cambio». Es decir, un especialista en digitalizar que habría sido previamente formado en la Escuela pública de Organización Industrial (EOI).
Sin embargo, tres años después no ha habido manera no ya de encontrar 15.000 pymes que soliciten la ayuda, sino otros tantos profesionales que quieran ser formados para esta oportunidad de empleo. según admiten fuentes conocedoras. En el registro oficial de «agentes del cambio» sólo aparecen 1.500 y con canto en los dientes.
El Gobierno ha admitido a la Comisión Europea el fracaso en el diseño y que la EOI ni tenía medios para formar 15.000 profesionales para este objetivo ni daba además con candidatos que cumplieran requisitos mínimos y les mereciera la pena el proceso.
El comisario europeo de Asuntos Económicos, Paolo Gentiloni, que tiende a comprar todo a Moncloa, no ha tenido mas remedio que practicar el primer bloqueo parcial de fondos a un gran país de la Eurozona. Serán un máximo de 158 millones, según calcula el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Es decir, apenas un 1,5%.
Además, el nuevo ministro de Transformación Digital, José Luis Escrivá, ha rediseñado el plan -ahora se llama kit consulting– que flexibiliza el proceso y lo convierte en un bono de hasta 24.000 euros que la pyme puede emplear en distintos asesores digitales del sector privado que encuentre. La idea en Bruselas es desbloquear pronto a poco que esto avance y seguir su línea laxa de dar aprobado general.
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