Los republicanos de la Cámara de Representantes votaron este miércoles a favor de declarar en desacato al Congreso al fiscal general Merrick Garland.
En la votación con 216 legisladores a favor y 207 en contra, los republicanos consiguieron los votos necesarios a pesar de las reservas de algunos de los miembros más centristas del partido.
El desacato es uno de los poderes políticamente más polémicos de los legisladores estadounidenses y, hasta hace pocos años, era poco utilizado.
Es una herramienta que la Cámara y el Senado pueden emplear tanto para coaccionar el cumplimiento de una citación como para eliminar cualquier obstrucción de una investigación en curso.
En un comunicado, Garland consideró la “votación de hoy ignora la separación constitucional de poderes, la necesidad del Departamento de Justicia de proteger sus investigaciones y la cantidad sustancial de información que hemos proporcionado a los Comités”.
“Es profundamente decepcionante que esta Cámara de Representantes haya convertido una autoridad seria del Congreso en un arma partidista”, afirmó.
¿Que probabilidades hay de que Garland sea procesado por el desacato al Congreso?
Con la decisión de este miércoles Garland se convierte en el tercer fiscal general de la historia de EEUU en ser acusado de desacato al Congreso.
Sin embargo, es poco probable que el Departamento de Justicia, que Garland supervisa, lo procese.
Además, la acción de la Casa Blanca de ejercer el privilegio ejecutivo sobre la grabación de audio, protegiéndola del Congreso, haría extremadamente difícil presentar un caso penal contra Garland.
La decisión de declarar a Garland en desacato es solo la última arremetida de los republicanos contra el Departamento de Justicia y contra Garland, en el contexto de un extraordinario conflicto sobre la aplicación de la ley durante la campaña electoral.
¿Por qué los republicanos acusan de desacato al fiscal general Merrick Garland?
Los legisladores republicanos encabezados por los congresistas Jim Jordan y James Comer, impulsaron la petición de declarar a Garland en desacato por negarse a cumplir plenamente una citación del Congreso emitida como parte de su investigación sobre la decisión del fiscal especial Robert Hur de no acusar al presidente demócrata Joe Biden de ningún delito en una investigación sobre el manejo de documentos clasificados por parte de Biden.
Los republicanos se encolerizaron cuando el fiscal especial Hur se negó a procesar a Biden por su manejo de documentos clasificados y rápidamente iniciaron una investigación.
Los legisladores republicanos también enviaron una citación para obtener el audio de las entrevistas de Hur con Biden.
El Departamento de Justicia entregó algunos documentos, pero no el audio de la entrevista con el mandatario.
A mediados de mayo, la Casa Blanca bloqueó la publicación del audio de la entrevista entre Biden y Hur, hecho que enojó aún más a los republicanos.
“El departamento (de Justicia) tiene la obligación legal de entregar los materiales solicitados de conformidad con la citación”, dijo durante una audiencia en mayo el congresista republicano Jim Jordan, presidente de la Comisión Judicial.
“La negativa intencional del fiscal general Garland a cumplir con nuestra citación constituye desacato al Congreso”, agregó.
La disputa sobre el acceso a las grabaciones está en el centro de un intento de los republicanos para acusar a Garland y, a la vez, obstaculizar el intento de reelección del demócrata Biden en los últimos meses de esta reñida campaña.
Biden se acoge al privilegio ejecutivo
La Casa Blanca ha condenado repetidamente a los republicanos por tratar de declarar en desacato a Garland, y ha desestimado los esfuerzos por obtener el audio como puramente políticos.
“La ausencia de una necesidad legítima de las grabaciones de audio deja al descubierto su probable objetivo: editarlas, distorsionarlas y utilizarlas con fines políticos partidistas”, escribió el abogado de la Casa Blanca, Ed Siskel, en una carta enviada en mayo a la Cámara de Representantes.
“Exigir al Poder Ejecutivo materiales de aplicación de la ley tan sensibles y protegidos constitucionalmente porque se quieren manipular para obtener posibles beneficios políticos es inapropiado”, añadió.
Garland advirtió por separado a Biden en una carta hecha pública también en mayo, que el audio goza de privilegio ejecutivo, el cual protege la capacidad de un presidente de obtener ayuda de sus asesores sin temor a una divulgación pública y las comunicaciones confidenciales relacionadas con responsabilidades oficiales.
Garland aseguró entonces que el Departamento de Justicia ha hecho todo lo posible para proporcionar información a las comisiones sobre la investigación del fiscal especial Hur, incluida una transcripción de la entrevista que mantuvo con Biden.
Sin embargo, según el fiscal general, publicar el audio podría poner en peligro futuras investigaciones sensibles y de alto perfil por el temor a que provoque que próximos testigos se nieguen a cooperar con los investigadores por temor.
“Ha habido una serie de ataques sin precedentes y totalmente infundados contra el Departamento de Justicia”, dijo Garland en mayo.
“Y esta solicitud, este esfuerzo por utilizar el desacato como método para obtener nuestros archivos confidenciales de aplicación de la ley, es el último de ellos”.
¿Qué dice la grabación que Garland se negó a entregar?
El audio que el secretario de Justicia se niega a entregar es una entrevista de Hur donde mostró a Biden con dificultades para recordar algunas fechas y a veces confundiendo algunos detalles —algo que sus asesores aseguran que hace desde hace años, tanto en público como en privado—, pero mostrando un conocimiento profundo de otras áreas.
Biden y sus asesores son particularmente sensibles a las preguntas sobre su edad. Con 81 años, es el presidente de mayor edad en la historia de EEUU y ahora busca otro mandato de cuatro años.
La carta de Siskel a los legisladores llegó después del revuelo causado entre los asesores y aliados de Biden por los comentarios de Hur sobre la edad y la agudeza mental del presidente estadounidense, y pone de relieve las preocupaciones en un difícil año electoral sobre cómo los momentos potencialmente embarazosos de esa larga entrevista podrían verse avivados con la publicación del audio.
Los demócratas consideran este intento de acusación por desacato como el último esfuerzo de los republicanos por mantener activa la investigación de juicio político contra Biden.
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