“Nadie está por encima de la ley”. La frase ha sido pronunciada miles de veces, pero uno de los que la proclamó recientemente de modo solemne fue el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tras ser declarado culpable de 34 delitos su antecesor Donald Trump. Este viernes, el fiscal que acusa a Hunter Biden de tres delitos ha usado esas mismas palabras en un juzgado de Wilmington (Delaware) para pedir al jurado que falle contra el hijo del presidente. El acusado ha declinado la opción de declarar, de modo que las partes han presentado sus conclusiones y el jurado se ha retirado a deliberar.
No hay duda de que el hijo del ahora presidente compró un revólver Colt Cobra el 12 de octubre de 2018 en el StarQuest Shooters & Survival Supply, una tienda de armas de fuego junto a la carretera 202, al norte de Wilmington (Delaware). Rellenó un formulario en el que negó ser consumidor ilegal o adicto a cualquier estimulante, droga narcótica o cualquier otra sustancia controlada.
El fiscal ha presentado en el juicio pruebas de las adicciones de Hunter Biden, con extractos de sus propias memorias, Cosas Bonitas, en las que reconoce que fue adicto a las drogas durante cuatro años hasta marzo de 2019. Su exmujer y dos exnovias testificaron ante los fiscales sobre su consumo habitual de crack y sus esfuerzos fallidos por ayudarle a desintoxicarse. Una mujer, que conoció a Hunter Biden en 2017 en un club de striptease en el que trabajaba, describió cómo fumaba crack cada 20 minutos mientras se alojaba con él en un hotel.
Su abogado ha argumentado que en aquel preciso momento él podría creer estar libre de drogas tras haber completado unas sesiones de rehabilitación en agosto de 2018. La defensa sostiene que el fiscal no ha logrado demostrar que Hunter Biden consumiese drogas o fuese adicto en el mes previo a comprar el revólver. El acusado podía, según esa tesis, pensar que estaba temporalmente limpio y, por tanto, no haber mentido a sabiendas al comprar el revólver, lo que le exculparía del delito.
Los rastros de cocaína del envoltorio donde apareció el revólver (pese a las dudas que suscita que fuesen analizados meses después) y los mensajes de texto que envió justo en los días posteriores a la compra, reconociendo el consumo de crack, juegan en su contra, pero la defensa se agarra a esa posible duda razonable sobre si en el momento de la compra era consumidor o adicto. Los abogados creen que la acusación se basa en conjeturas, indicios y sospechas, pero no en pruebas, mientras que los fiscales son tajantes: “Si este juicio no prueba que Hunter Biden es un adicto al crack o un consumidor ilegal, entonces nadie es un adicto al crack o consumidor ilegal”, dicen.
Veredicto unánime
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El jurado no necesita argumentar su decisión y sus deliberaciones son secretas. El veredicto debe ser unánime: los 12 deben estar de acuerdo o no habrá veredicto. Pueden tomarse el tiempo que consideren necesario para deliberar.
El hijo del presidente está acusado de tres delitos, declaración falsa al comprar un arma de fuego; declaración falsa en los documentos a mantener en los archivos del vendedor del arma y posesión ilegal de un arma de fuego. Las penas máximas a las que se enfrenta Hunter Biden son de hasta 10 años por el primer delito, 5 por el segundo y otros 10, por el tercero, junto a multas de hasta 250.000 dólares por cada uno de ellos y hasta tres años de libertad vigilada. En total, pues, el máximo sería de 25 años de cárcel, pero se trata de penas máximas. Para alguien sin antecedentes, rehabilitado y cuando la compra y posesión ilegal del arma no está acompañada por ningún otro delito violento, no son frecuentes las penas de cárcel.
Hunter Biden admitió inicialmente la compra y posesión ilegal del arma como parte de un pacto con la Fiscalía para ser condenado con penas menores por dos delitos fiscales. La Fiscalía renunciaba a perseguir la compra de la pistola a cambio de que se mantuviera alejado de las drogas durante dos años y de que renunciara a tener un arma de fuego en el futuro. El acuerdo, sin embargo, descarriló en el momento en que iba a ser refrendado. La jueza Maryellen Noreika, nombrada por Trump, lo rechazó ante la diferente interpretación del pacto entre la acusación y la defensa y las presiones de los republicanos. Aunque regularizó los pagos pendientes, el hijo del presidente está imputado desde diciembre por nueve presuntos delitos fiscales ante los tribunales de California. El juicio está agendado para septiembre.
En los alegatos finales del lunes, el fiscal dijo a los miembros del jurado que se centraran en las “abrumadoras” pruebas contra Hunter Biden y que no prestaran atención a los miembros de la familia del presidente sentados en la sala, incluida la primera dama, Jill Biden, según recoge Associated Press. “Todo esto no son pruebas”, dijo Wise, extendiendo la mano e indicando al jurado que mirara a la sala. “Las personas sentadas en la sala no son pruebas”.
El abogado defensor Abbe Lowell sostuvo que los fiscales no han podido probar sus acusaciones. Dijo a los miembros del jurado que el hecho de que su cliente tenga un apellido famoso no cambia el hecho de que se le presume inocente —como a cualquier otro acusado— hasta que se demuestre su culpabilidad. “Con mi último aliento en este caso, pido el único veredicto que obligará a los fiscales a cumplir lo que la ley les exige”: un veredicto de inocencia, dijo Lowell.
Lowell dijo que no hay testigos del consumo de drogas de Hunter Biden en los 11 días que tuvo el arma. Y sugirió que su cliente mentía sobre dónde estaba en mensajes de texto a la viuda de su hermano Beau. El fiscal sugiere que esos textos muestran el consumo de drogas y los negocios con drogas en los días posteriores a la compra del arma.
La primera dama, el hermano del presidente, James, y otros familiares se han sentado en la primera fila de la sala en la última sesión del juicio. Joe Biden dijo la semana pasada que aceptaría el veredicto del jurado y descartó un indulto presidencial para su hijo. “Nadie está por encima de la ley”.
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